La necesidad de establecer una reglamentación en materia de desclasificación de archivos para fortalecer la exigibilidad de los derechos humanos fue la primera solicitud de los participantes de la mesa de trabajo sobre la protección de archivos al gobierno.

Representantes del Archivo de Bogotá, la Biblioteca Nacional, el Museo Casa de la Memoria de Medellín y de diferentes universidades y organizaciones presentes en esta mesa recalcaron la importancia de establecer mecanismos no judiciales para recopilar, preservar y divulgar material testimonial producido por las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Asimismo, consideraron importante crear un mecanismo para un sistema de registro de crímenes de violaciones a los derechos humanos mediante procedimientos que permitan iniciar procesos de validación.

En cuanto a la arquitectura institucional, afirmaron que es necesario “definir más claramente las funciones, la custodia y las responsabilidades de las diferentes instituciones del Estado, así como la articulación de las entidades nacionales y locales con la Biblioteca Nacional en el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica”. También, incluir la articulación de la Biblioteca Nacional con el Sistema Nacional de Archivos para garantizar su accesibilidad pública.

Recomendaron declarar que toda la documentación de memoria histórica producida en el marco del conflicto sea considerada como patrimonio de la nación, y crear mecanismos para la protección de archivos o colecciones documentales que se consideran de especial valor histórico por su valor testimonial frente al conflicto armado o porque estén en peligro de pérdida total o parcial.

Frente al manejo de los archivos, recalcaron la importancia de garantizar el acceso público de cualquier persona a los archivos de memoria histórica y derechos humanos, no solamente mediante iniciativas del Centro de Memoria Histórica.

Para iniciar el desarrollo de una política de protección de archivos propusieron realizar un diagnóstico de los archivos existentes en comunidades, organizaciones y territorios, así como de aquellos recopilados por investigadores independientes, con el fin de evaluar los costos de su preservación, fortalecimiento, digitalización, catalogación y difusión.

Vea la presentación de propuestas de todas las mesas de trabajo

Orden de la presentación de las mesas: Representación y Escenificación de la Memoria, Propuestas No Oficiales y Locales de Memoria, la Memoria y la Academia, Hacia la Creación de una Política de Protección de Archivos y la Memoria y el Enfoque Diferencial.

En cuanto a los archivos locales, afirmaron que se deben implementar medidas que impulsen la creación y conservación de archivos para entidades de pequeños municipios, que permitan verificar un amplio cubrimiento en todo el país.

Asimismo, dijeron que “es conveniente declarar explícitamente el derecho patrimonial de las organizaciones o individuos sobre sus propios archivos de derechos humanos y memoria histórica y, por lo tanto, el derecho de la persona natural o jurídica a ceder los derechos de dichos archivos en condiciones establecidas de común acuerdo con el organismo estatal que los recopile”. Para esto, sugirieron crear un equipo permanente del Archivo General de la Nación que asesore a organizaciones, grupos y comunidades victimizadas sobre la organización y preservación de archivos, y sobre la creación de archivos testimoniales, respetando la autonomía de las comunidades.

Finalmente, los representantes de esta mesa de trabajo enfatizaron la necesidad de garantizar la autonomía de los centros de memoria regionales para determinar el alcance de sus procesos de construcción de memoria y recopilación de archivos.