Vea la ponencia de Patricia Linares (Parte 1)

Patricia Linares, representante del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, resaltó la importancia de la construcción de la memoria como un ejercicio plural, diverso y en el cual el Estado tiene una responsabilidad importante. Aunque las víctimas se ocuparon de hacer y rescatar sus propias memorias, el Estado tiene una responsabilidad en los temas de verdad, particularmente en lo que refiere a la verdad judicial.

La memoria es una construcción plural y diversa. “Es importante entender que esta tarea comprende tanto el esclarecimiento de los hechos, como la provisión de información sobre lo que pasó, por qué paso y quién es el responsable”, afirmó. Mientras tanto, “la verdad judicial contiene la memoria del hecho criminal o delictivo, la del victimario, la de la institucionalidad, y la del testigo del hecho. Todas son memorias y todas son verdades”, afirmó.

Así entonces, el Estado debe propiciar las condiciones para generar tanto la memoria histórica como la verdad judicial, y diseñar los lineamientos de una metodología clara para el manejo y uso de información y archivos y para la sistematización de los procesos.

Linares subrayó también que desde la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, llamada ley de Justicia y Paz, existen diferentes aprendizajes. Uno de ellos es que el país ha comprendido los conceptos de verdad, justicia, y reparación, que eran ajenos a los funcionarios de la rama judicial y a la sociedad civil en general. Por ello, menciona que pese a los vacíos que presenta la mencionada ley en materia de justicia, esta brinda espacios y posibilidades para entender y apropiar lo que significan estos derechos de las víctimas.

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Otro de los aprendizajes tiene que ver con los retos que contiene la construcción de la memoria histórica en el desarrollo de las tareas centrales del Centro de Memoria: el museo, el archivo y el diseño e implementación de un programa de derechos humanos y memoria. La cuarta responsabilidad de este Centro -compartida con la Alta Consejería de Reintegración- tiene que ver con la recepción y revisión de los relatos de los desmovilizados en el marco de la Ley 1424, para que estos contenidos contribuyan al proceso de construcción de la memoria histórica.

Para el cumplimiento de estas funciones a cabalidad, es fundamental asegurar la composición plural e independiente de los entes directivos del Centro de Memoria Histórica.

Adicional a estos retos, los ejercicios de memoria se enfrentan a trámites administrativos y burocráticos para la reconstrucción de los hechos. No obstante, el interés y apoyo de la academia, las bibliotecas, los archivos existentes y algunos sectores de la sociedad civil han hecho posible el trabajo, no sólo en los casos emblemáticos sino en general, en las investigaciones y casos referidos a fenómenos de la violencia como el desplazamiento forzado, el secuestro y la desaparición forzada.

Por último, Patricia Linares resaltó que el país sí está preparado para conocer la verdad. Si al país le ha tocado afrontar el dolor y la crueldad de un conflicto por tantos años, está preparado para mucho más. Es necesaria esa verdad. Ese aprendizaje duro, doloroso para las víctimas, les ha convertido en actores válidos, interlocutores ante representantes de la institucionalidad pública, de la cooperación internacional y en escenarios de política pública. Las organizaciones sociales y de víctimas han jugado un papel fundamental en el acompañamiento y fortalecimiento de estos procesos, así como la comunidad internacional, particularmente en la visibilidad brindada a estos temas. “La importancia y apropiación de la verdad histórica ofrece condiciones para la reconstrucción de la democracia y el fortalecimiento de un Estado de derechos”, concluyó.

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