La necesidad de priorizar la investigación y judicialización de los comandantes paramilitares fue la principal conclusión del encuentro de magistrados de Justicia y Paz organizado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) entre el 1 y 2 de septiembre de 2011 en Bogotá.
“El proceso de Justicia y Paz no debe estar orientado sólo a lograr sentencias para los desmovilizados. También a lograr los objetivos más amplios de un proceso de transición, como son las garantías de no repetición. Por esto, es importante priorizar en Justicia y Paz los casos que permitan aclarar el origen y el proceso de consolidación de este fenómeno, así como sus formas de financiación y operación”, afirmó María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.
El evento contó con la participación de los diez magistrados de conocimiento designados a Justicia y Paz, provenientes de las tres salas nacionales, ubicadas en Medellín, Barranquilla y Bogotá, y de tres magistrados de control de garantías, quienes concluyeron, además, que tienen el desafío de velar para que los procesos penales que se adelanten en los próximos 12 meses permitan esclarecer los patrones de generalidad y sistematicidad con que actuaron los grupos paramilitares, y aportar a la justicia ordinaria información relevante sobre la responsabilidad de aquellos que, sin ser miembros del aparato militar de las Autodefensas Unidas de Colombia, diseñaron, dirigieron y financiaron sus actuaciones. Esto sería uno de los principales aportes que Justicia y Paz haría al país, y en especial a las autoridades encargadas de desarticular el fenómeno del paramilitarismo.
Algunos magistrados resaltaron también la importancia de aplicar estrategias como la acumulación de varios procesos judiciales en un solo caso, lo que permitiría identificar patrones de criminalidad y avanzar en la identificación del contexto en el cual ocurrieron los crímenes, para así poder priorizar y determinar la responsabilidad de los comandantes y de otras estructuras asociadas a la paramilitar, como la política y económica.
Asimismo, identificaron situaciones que han entorpecido el proceso, como el cambio constante de los fiscales delegados ante Justicia y Paz, y la logística y seguridad en el traslado de los postulados a las diligencias ante los tribunales.
El proceso de Justicia y Paz fue creado en Colombia para judicializar a alrededor de 4.000 de los 30.000 desmovilizados de grupos paramilitares. Los magistrados de Justicia y Paz se encargan de tomar las decisiones frente a la responsabilidad penal de los procesados, garantizar el respeto de los derechos de las víctimas durante el proceso judicial y considerar si los procesados son beneficiarios de la pena alternativa establecida en la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz.
