Más allá de la política de contención: en busca de la rendición de cuentas en Siria

Por David Tolbert

Cada día hay más pruebas de que en la brutal guerra civil siria se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Aunque la recién aprobada resolución de la ONU sobre Siria se ha considerado un considerable avance, al abordar uno de los aspectos del inaceptable sufrimiento que se está infligiendo a Siria, es decir, la utilización de armas químicas contra la población civil, en modo alguno podemos considerar que proporcione un marco que garantice la rendición de cuentas respecto a los enormes crímenes cometidos hasta la fecha. La política de contención no basta: la comunidad internacional no puede aceptar un statu quo en el que decenas de civiles mueren cada día, y los sirios tampoco aceptarán sin más que esos horrendos crímenes queden impunes.

El punto muerto que se alcanzó en el Consejo de Seguridad de la ONU hace enormemente improbable que las investigaciones sobre Siria se trasladen a la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, esto no significa que los partidarios de la rendición de cuentas no deban plantear claramente formas de enfrentarse a los enormes crímenes cometidos en Siria. Partiendo de esa base, en su último análisis sobre Siria (disponible únicamente en inglés) el ICTJ propone algunas ideas para aumentar las posibilidades de que la rendición de cuentas arraigue una vez terminado el conflicto.

Es una tarea imponente, ya que los crímenes actuales se producen después de décadas de represión y de violencia promovidos por el Estado, lo cual reduce aún más las perspectivas de llegar a una transición fácil o estable. En algún momento, las autoridades de la nueva Siria -sean cuales sean sus características- y representantes de la sociedad civil tendrán que ocuparse de esa historia. Analistas sirios y extranjeros han comenzado a vislumbrar la nueva Siria, planteando, en concreto, de qué manera la justicia transicional puede avalar una nueva trayectoria que respete los derechos humanos y el Estado de derecho.

Una vez que las condiciones fundamentales sobre el terreno permitan un proceso de rendición de cuentas, el primer desafío importante será reconocer la magnitud de la destrucción, tanto de las infraestructuras como del tejido social y moral del país. En ese contexto, suscitar expectativas irreales sobre el ritmo de aprobación de las medidas de rendición de cuentas no hará más que acentuar la decepción.

Es probable que muchos, no viendo la necesidad de tomarse tiempo para comprobar la ya de por sí considerable cantidad de pruebas de sistemáticas violaciones de los derechos humanos, pidan enjuiciamientos inmediatos, aunque por ahora no existe suficiente información para fundamentar algunos enjuiciamientos. Sin embargo, precipitarse sería un grave error, en parte porque todos los esfuerzos que actualmente se llevan a cabo para documentar las violaciones de derechos, al emanar de distintas facciones y redes de apoyo, no pueden separarse fácilmente de sus orígenes. Esa información, aunque quizá tenga un enorme valor, habrá de ser analizada por organismos objetivos y creíbles con legitimidad nacional.

Es probable que en Siria lo más útil sea, más que lanzarse a utilizar una serie de procedimientos o mecanismos, recurrir a un exhaustivo y planificado proceso de evaluación y consulta del que surjan recomendaciones de medidas concretas.

Es muy probable que en algún momento se envíe a Siria una misión de la ONU, ya sea para resolver el conflicto actual o una vez terminada la guerra. Dentro de la misión, los expertos en derechos humanos deberán promover medidas de justicia transicional, impulsando primero la constitución de un organismo que se ocupe de esos derechos, como ocurrió, por ejemplo, en Afganistán, con la creación de su Comisión Independiente de Derechos Humanos. Este organismo fue de las iniciativas más fructíferas de los primeros años de la época posterior a los talibanes. Sin embargo, Afganistán también demuestra que si la comunidad internacional se toma en serio el rendimiento de cuentas debe dar apoyo político a las labores técnicas. En Afganistán el problema se abordó tarde y, mientras los señores de la guerra no dejaban de ganar poder, fue perdiendo prioridad.

Respecto a la rendición de cuentas, más que establecer inmediatamente una comisión de la verdad o un organismo de investigación, lo primero que debería hacer una comisión independiente sobre derechos humanos siria sería concebir un amplio programa de cartografiado de las violaciones de derechos, enmarcado en un proceso de consultas y evaluación. Las últimas experiencias demuestran que las comisiones de investigación mal planificadas pueden acentuar el cansancio, el escepticismo y la confusión de la población.

Para que el proceso sea coherente deberá basarse en programas de divulgación bien planificados. Habrá que elaborar un informe fidedigno y creíble, para lo cual seguramente se necesitarán varios meses. Si al proceso inicial no se le concede tiempo suficiente para fomentar la confianza, las demás medidas tendrán los pies de barro.

Los procesos de rendición de cuentas deben ser asumidos por el país en cuestión e incrementar la credibilidad. Deben adaptarse al contexto social y político, evitar modelos preconcebidos y basarse en un correcto entendimiento de cómo concibe la población la justicia y qué rendición de cuentas exige.

Quizá el principal peligro sea que los actores políticos sientan que se están malgastando oportunidades y tiempo. No obstante, las experiencias de otras transiciones sugieren que hay que otorgar más prioridad al desarrollo de un proceso creíble que a la obtención rápida de resultados.

Abundan los ejemplos en los que el ansia de obtener resultados, al carecer de raíces claras, no ha producido efectos duraderos. Lo importante no es la rapidez del proceso, sino qué cosas quieren conseguirse con más rapidez. En Siria, lo crucial será trasmitir de manera creíble que el proceso legítimo que se está produciendo es asumido por la nación y tomar medidas concretas para materializarlo.

Puede que para algunos se trate de “elegir” entre justicia penal y otras medidas de justicia transicional, pero resulta difícil imaginar un error más dañino. La justicia penal es una parte esencial de la justicia transicional, no un concepto que esté al margen de ella.

Experiencias de transiciones de todo el mundo demuestran que probablemente el proceso de desarrollo y aplicación de esas medidas sea tan importante para la recuperación de la confianza como sus propios resultados.

Desde el principio hay que moderar las expectativas de alcanzar resultados rápidos, pero también es preciso poner públicamente de relieve la existencia de una voluntad política creíble y coherente.

Cuando se hace caso omiso de los consejos se pueden desaprovechar oportunidades o, peor aún, utilizarlas para perpetuar la impunidad. En Irak, por ejemplo, unas medidas de reforma y de rendición de cuentas mal planificadas, sobre todo en lo tocante al proceso de desbaazificación, han tenido resultados desastrosos. Túnez, donde quizá se haya operado la transición más estable de la región, no deja por ello de mostrar claramente lo difícil que es avanzar con rapidez. Hasta un modelo relativamente eficaz de rendición de cuentas penal como el Tribunal de Bosnia y Herzegovina sufrió retrasos ante la necesidad de realizar evaluaciones y de llegar a consensos políticos. Para materializar eficazmente procesos creíbles, asumidos y considerados justos por las naciones en cuestión, es preciso planificar, debatir, legislar e integrar esfuerzos.

En la resolución del conflicto sirio actual entran en juego diversos intereses nacionales e internacionales, y algunos quizá traten de determinar los proyectos de justicia transicional. Habrá quienes exijan avances inmediatos y también quienes se quejen de la excesiva lentitud del proceso, de que se está perdiendo la oportunidad de plasmar un cambio o de que está habiendo injerencias de intereses creados. El desafío radica en cómo lidiar eficazmente con esas preocupaciones, en ocasiones legítimas.

La experiencia mundial del ICTJ demuestra que cuando el proceso de adopción de medidas surge de la propia sociedad hay muchas más oportunidades de abordar eficazmente los abusos del pasado, lo cual hace mucho más probable la rendición de cuentas y la recuperación de la confianza.

David Tolbert es el presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.

Este artículo de opinión fue previamente publicado por Huffington Post en inglés.

FOTO: Una madre siria desplazada conforta a su bebé en una tierra abandonada en la que ella y su familia se han refugiado luego de abandonar su pueblo, convertido en campo de batalla por el ejército y los rebeldes en la provincia de Idlib, en el norte de Siria, el 22 de septiembre de 2013. (AP Photo)