Verdad y justicia se alían en la sentencia de la CIDH sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia

12/22/2014

Casi 30 años después de los lamentables hechos de la toma del Palacio de Justicia por la guerrilla del M-19 y la desproporcionada acción militar para recuperarlo, uno de los pasajes más oscuros de la historia reciente de Colombia en el que fallecieron cerca de un centenar de personas y otras 12 fueron desaparecidas, los familiares de las víctimas de los desaparecidos han conseguido avanzar un paso más en su larga lucha por conseguir justicia.

Debido a la deficiente respuesta de la justicia colombiana, que a pesar de haber juzgado al coronel que comandó la retoma del palacio, Alfonso Plazas Vega, no ha establecido todavía responsabilidades en cuanto a las 12 desapariciones, los familiares recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha emitido recientemente una sentencia en la que condena al Estado colombiano por su responsabilidad en las desapariciones de las 12 personas. En el caso de 11 de las víctimas, su paradero sigue siendo desconocido.

El fallo de la CIDH, de 212 páginas, considera demostrado que existió un “modus operandi” tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. Asimismo, la Corte insta al Estado colombiano a “llevar a cabo en un plazo razonable las investigaciones amplias sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos”.

"Este es un paso más por conseguir justicia, pero lamentablemente aún falta mucho camino por recorrer. Las víctimas sentirán que de verdad se ha hecho justicia cuando se sepa a ciencia cierta qué paso con sus seres queridos y dónde están sus restos", dice María Camila Moreno, directora de la oficina del ICTJ en Colombia. "La desaparición forzada es uno de los grandes déficits del esclarecimiento de la verdad en Colombia. Esta sentencia reitera la urgente necesidad de que el Estado y la sociedad tomen las medidas necesarias para saldar una deuda histórica con las miles de víctimas de desaparición forzada y sus familias en Colombia, y para garantizar que este delito atroz sea definitivamente erradicado del presente y el futuro del país".

Cabe destacar el gran aporte que el trabajo de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, cuyo informe final fue publicado en 2010, ha supuesto en el esclarecimiento de la verdad sobre lo que ocurrió durante el 6 y el 7 de noviembre de 1985. “El fallo de la CIDH se apoya en diversas ocasiones en las investigaciones realizadas por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, citando en algunas secciones su informe final”, añade Moreno. “La comisión de la verdad aportó al esclarecimiento lo sucedido, así como a la lucha constante de los familiares por exigir su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

La Comisión de la Verdad fue creada en 2005 como parte de los esfuerzos desarrollados por el poder judicial, quien en este caso también fue “víctima” de los terribles hechos, para establecer la verdad de lo ocurrido. Tres ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Jorge Aníbal Gómez Gallego, Nilson Pinilla Pinilla y José Roberto Herrera, fueron los encargados de liderar el trabajo investigativo y elaborar el informe final. Sin embargo, el hecho de que se tratara de una comisión de la verdad no oficial –es decir, no establecida por el Gobierno– ha tenido ciertas consecuencias que la CIDH menciona en su fallo, como el hecho de que “sus conclusiones no han sido aceptadas por los distintos órganos del Estado a quienes correspondería la ejecución de sus recomendaciones” y, en especial, que un informe como el de la Comisión de la Verdad “es importante, aunque complementario, y no sustituye la obligación del Estado de establecer la verdad a través de procesos judiciales”.

“El caso del Palacio de Justicia es un ejemplo individual de las dificultades, pero también de las oportunidades de cooperación para avanzar en la búsqueda de la verdad", dice Eduardo González Cueva, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ. "Ahora que Colombia discute la posibilidad de la paz y la búsqueda de la verdad a escala nacional, debemos extraer lecciones de esta experiencia: la fundamental es que la verdad es una tarea a la que pueden y deben contribuir tanto las instancias oficiales como la sociedad".

Entre otras medidas de reparación, en su fallo la CIDH también ordena al Estado Colombiano otorgar becas de estudios para los familiares de las víctimas; elaborar un libro que recupere las historias de vida de las víctimas; establecer un museo o exposición en honor a su memoria; adoptar un programa de asistencia psicosocial para familiares de personas desaparecidas; y publicar ampliamente las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y de las decisiones proferidas por la justicia colombiana, así como disponer que una sala del Museo Nacional se destine a una exposición permanente que le permita a la sociedad colombiana conocer lo sucedido.

“Que cese el fuego”

El 6 de noviembre de 1985, 35 miembros de la guerrilla del M-19 entraron en el Palacio de Justicia, situado en la Plaza Bolívar, el corazón de Bogotá, y mantuvieron retenidas a cerca de 350 personas, entre ellas magistrados, consejeros de Estado y otros empleados dedicados a labores judiciales y administrativas. La Policía y el Ejército rápidamente acordonaron la zona, y así empezó un brutal asedio que duró 27 horas y terminó con 98 muertos (entre ellos 11 magistrados), 12 desaparecidos y el Palacio en llamas.

El coronel a cargo de la retoma del Palacio, Alfonso Plazas Vega, se encuentra actualmente cumpliendo una pena de 30 años de prisión por su responsabilidad en los crímenes cometidos durante la retoma del Palacio, entre ellos el de desaparición forzada. Aun así, muchas incógnitas siguen rodeando a los hechos de aquellos funestos dos días, en especial con respecto a las 11 desapariciones. Los familiares de los desaparecidos (siete trabajadores de la cafetería del Palacio, un administrador y tres visitantes) han liderado desde el primer momento la lucha por esclarecer la verdad de lo ocurrido y localizar a sus seres queridos.

Entre las tareas por develar la verdad destaca la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, establecida en 2005. Luego de cuatro años de investigación, los tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego, Nilson Pinilla Pinilla y José Roberto Herrera publicaron un informe de 325 páginas, titulado "Que cese el fuego", que aportó muchas informaciones históricas hasta entonces desconocidas y desmintió algunos de los rumores hasta entonces presentes en el debate público. El informe, según se exponía en su propia introducción, pretendía responder a "la exigencia de pensar una forma distinta de resolver los desacuerdos entre colombianos; un llamado al rechazo a la violencia; una exhortación al diálogo y al respeto irrestricto de la vida humana por sobre consideraciones estratégicas".

Recordando "La Toma"

En un esfuerzo por contribuir al resarcimiento de la memoria de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el ICTJ produjo en 2011 el documental “La Toma”. Con imágenes inéditas y una minuciosa labor de recuperación de archivos de radio y televisión, el filme lleva al espectador a revivir las 27 horas que duraron la toma y la retoma del Palacio de Justicia. Posteriormente, presenta el tenso desarrollo del juicio contra el coronel Plazas Vega en los tribunales por el caso de la desaparición forzada de 12 personas, en su mayoría trabajadores de la cafetería del Palacio. El relato del juicio se construye a partir de las distintas miradas, que van desde la visión del coronel, hasta la de los familiares de los desaparecidos.

Vea el documental completo: