Tales transformaciones han sido ampliamente estudiadas por especialistas en ciencias políticas. Estos se han interesado específicamente en entender cuáles son los juegos de fuerza y las constelaciones de oportunidades que permiten o determinan el repliegue de los actores autoritarios o armados y que abren camino a la restauración del juego democrático o de la paz1. A partir de esas interrogantes, se ha generado toda una corriente de reflexión acerca de las condiciones que permiten no solamente las transiciones políticas sino también la consolidación de la democracia en la región, entendida como ese momento en el que el juego con las reglas del Estado de derecho es el único posible.
Sin negar la importancia de entender esos procesos, hay que señalar que las transiciones aludidas poseen una dimensión crítica que desborda, sin anularlo, el horizonte de la negociación y la competencia política. Este horizonte es el problema humanitario y los retos en la construcción del Estado de derecho creado por el carácter represivo de los Gobiernos autoritarios y por las prácticas de abuso contra la población desplegadas habitualmente por los actores enfrentados en conflictos armados. En ambos casos, nos referimos a una acumulación de violaciones de derechos humanos que suelen ser el legado ominoso de dictaduras militares como las sufridas en Brasil, Argentina o Chile y de conflictos armados internos como los experimentados por Guatemala, El Salvador, Perú o Colombia.
Así, los retos y deberes que las sociedades que emergen del autoritarismo o de la violencia armada afrontan no son, solamente, los relativos al logro de una transición efectiva en términos de institucionalidad política; son, también, y centralmente, tareas referidas a la provisión de medidas de justicia frente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, al esclarecimiento y el reconocimiento colectivo y crítico de los hechos del pasado, y en última instancia, a la creación de condiciones para una paz sostenible. Tales tareas constituyen el campo de la justicia transicional —o justicia en las transiciones— sobre el cual se brinda un conjunto de descripciones, explicaciones, reflexiones y miradas de experiencias varias en esta publicación titulada Justicia transicional, la cual presentamos en su subtítulo, de manera figurada, como un Manual para América Latina.
Es intención de este libro el dialogar con la amplia y creciente comunidad de profesionales, funcionarios públicos, activistas y académicos que se dedican en nuestra región a promover las tareas de confrontación del pasado autoritario o violento de sus respectivos países. América Latina se ha convertido, en efecto, en las últimas décadas en uno de los territorios más dinámicos en la búsqueda de caminos para la justicia transicional.
Ello no se debe solamente, para señalar algo evidente, a la desventurada historia contemporánea de la región, signada por dictaduras sangrientas y múltiples formas de violencia colectiva; el dinamismo de este campo de demandas, prácticas y estudios en la región obedece también a un cambio positivo en nuestra concepción de la democracia: una comprensión más exigente y abarcadora, que no se resigna ya a entenderla como un abstracto equilibrio institucional, sino que demanda de ella el proveer una genuina experiencia de ciudadanía a la población.
Es decir, una experiencia de inclusión, de ejercicio real de derechos y de respeto por parte del Estado y de la sociedad. Un elemento central de tal exigencia es, desde luego, el cumplimiento de la deuda de justicia con quienes en el pasado han sido víctimas de violaciones de derechos humanos y otras formas de afectación de sus derechos fundamentales por la acción del Estado o de organizaciones no estatales.
