Informe especial: Manteniendo nuestro enfoque en la justicia

6/8/2020

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. El impacto ha sido devastador. Además de los cientos de miles de muertos que ha dejado esta enfermedad, millones de personas han perdido sus trabajos y luchan por sobrevivir en una economía global estancada.

Los países más afectados por esta suma de circunstancias son aquellos que aún se encuentran en medio de conflictos, o donde la represión política -presente o pasada- ha dejado tras de sí instituciones débiles y sociedades incapaces de enfrentar el legado de atrocidades masivas. En estas naciones frágiles, inestables y en su mayoría pobres, las personas más susceptibles al COVID-19 y a las consecuencias de la recesión económica son los miembros de comunidades marginadas y grupos sociales vulnerables, tales como víctimas de abuso a los derechos humanos, refugiados y desplazados. Las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTI también enfrentan retos específicos durante esta crisis de salud pública. Muchas mujeres que antes tenían los medios para apoyar o sostener económicamente a sus familias han perdido sus empleos; ahora algunas están confinadas con una pareja abusiva mientras asumen el cuidado y la educación de los niños que están en casa todo el día a causa del cierre de las escuelas.

En condiciones normales, estas personas usualmente se ganan la vida a través de la economía informal, incluso entonces pasando dificultades para alimentarse a sí mismos y a sus familias. En una situación de pandemia, se incrementa su riesgo de contagio porque viven en áreas con poco o ningún acceso a servicios básicos y de salud, donde es casi imposible aplicar las medidas de distanciamiento social y asepia recomendadas. Estos ciudadanos son, en su mayoría, víctimas sistemáticas de la inequidad y la desigualdad que conocen de primera mano la tragedia del conflicto y la violencia. Son también quienes, durante mucho tiempo, han liderado la lucha por la justicia y la reparación; quienes se beneficiarían más de procesos de justicia transicional inclusivos, y con enfoque de género. Por y para estas personas existe el ICTJ. Por y para estas personas está construida nuestra misión y nuestras actividades programáticas. La pandemia del COVID-19 ha afectado profundamente todos los países donde el ICTJ trabaja actualmente: Armenia, Colombia, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Kenia, El Líbano, Libia, Sudan, Siria, Túnez y Uganda. Recientemente, conversamos con los directores de programa de cada uno de estos países para tener un concepto más amplio sobre el impacto de la pandemia en la justicia transicional y la sociedad.

La pandemia actual no es únicamente una emergencia de salud pública. Es también una crisis para los derechos humanos y el desarrollo de la justicia.

Según las declaraciones de nuestros expertos, las medidas tomadas por los gobiernos para contener el coronavirus han interrumpido la gran mayoría de procesos de justicia transicional y algunos procesos políticos. Las nuevas reglas han frenado la vida económica, lo cual ha deshauciado a los más vulnerables y dejado en la precariedad a otro sinnúmero de personas. Sin embargo, el impacto de esta crisis y las medidas para enfrentarla es todavía más grave. En muchos de estos países, la crisis ha empeorado los problemas políticos, sociales y económicos subyacentes de casos históricos de inequidad, exclusión e injusticia. Un dato alarmante es el uso de las políticas de prevención como un pretexto para suprimir libertades y expandir el poder de los líderes en algunos países. En estos casos, se han evidenciado amenazas, detenciones y silenciamientos a quienes critican la respuesta que se le ha dado a la crisis.

Los más vulnerables llevan la carga más pesada

Sin duda, las poblaciones vulnerables alrededor del mundo son las más susceptibles al coronavirus y a las consecuencias económicas de las órdenes de quedarse en casa y los cierres de negocios. De acuerdo con las declaraciones de los directores de programa, ese es el caso en algunos de los países donde trabaja el ICTJ. La pandemia está haciendo evidente la inequidad que yace bajo la superficie, incluyendo el acceso desigual a la salud. En Colombia, por ejemplo, los servicios de salud son públicos, en teoría. Sin embargo, la verdad es que el sistema público de salud no siempre puede brindar atención adecuada y a tiempo. En barrios marginalizados de regiones urbanas y en especial en las regiones rurales que han sido mas afectadas por el conflicto armado colombiano, el acceso a la salud es precario. Por ejemplo, en el departamento del Chocó solamente hay 27 camas de cuidados intensivos en el sector privado. El sector público, que tiene a su cargo a aproximadamente 540.000 personas, muchas de ellas víctimas del conflicto armado durante décadas, no tiene ninguna.

En Túnez, los migrantes, refugiados y asilados han sido excluidos del sistema nacional de salud y de todos los otros programas de bienestar social, dejándolos vulnerables frente al virus. En El Líbano, los refugiados palestinos y sirios viven en campos sobrepoblados donde es imposible mantener las recomendaciones de distanciamiento social y salubridad. La discriminación contra los refugiados es un reto adicional. Algunos libaneses les culpan por la pandemia, impulsados por el hecho de que el primer caso de COVID19 se confirmó en uno de los campos de refugiados palestinos.

La vulnerabilidad de algunos grupos poblacionales es todavía más chocante en zonas donde el conflicto aún está latente. El virus se suma a los peligros que enfrentan muchas familias que se debaten entre escapar de sus casas y quedarse y sobrellevar la violencia. Siria tiene la población de desplazados internos más numerosa del mundo y un sistema de salud que ha sido prácticamente destrozado por la guerra. Mientras tanto, la violencia en Libia ha escalado: el Ejército Nacional Libio ha aumentado la frecuencia de los ataques a la capital, bombardeando civiles y también hospitales que hoy se ocupan de los casos de COVID-19.

Particularmente, las mujeres enfrentan retos críticos en torno a la salud y la economía, así como abuso intrafamiliar durante la pandemia. Los incidentes de este tipo han crecido exponencialmente al ponerse en pie las órdenes de confinamiento en la mayoría de países. En Túnez, como en muchos lugares, las mujeres cabeza de familia obtienen menos recursos que los hombres y trabajan mayoritariamente en la economía informal, que ha sido clausurada a causa de la crisis. En Uganda, la mayoría de las medidas establecidas ignoran cuestiones de género al punto de no permitir que mujeres embarazadas accedan a servicios médicos vitales. Por lo menos 11 mujeres embarazadas han muerto en el país por no poder llegar a citas médicas de urgencia a causa de las restricciones de movimiento y transporte. La indignación nacional que produjo este hecho logró que el presidente eximiera a las mujeres embarazadas de la restricción de movimiento, una decisión que, de haber sido tomada antes, hubiera podido salvar vidas.

Dificultades económicas a lo largo y ancho

Cada uno de los expertos de nuestros programas de país consultados describieron las duras consecuencias económicas que la pandemia ha tenido en los países donde trabajan. Muchas de estas economías ya eran frágiles y ahora podrían estar acercándose al colapso.

El coronavirus, las medidas drásticas que se han tomado para contenerlo y las desastrosas consecuencias económicas de ambos han puesto a estas sociedades en riesgo de experimentar revueltas sociales, violencia, e incluso la repetición del conflicto.

En El Líbano y Sudán, la incertidumbre económica ha empezado a darle alas a movimientos de protesta y al malestar social. El pasado octubre, se inició una revuelta popular en El Líbano en contra de la corrupción creciente del gobierno y el mal manejo de la economía que solo se detuvo una vez se pusieron en pie las medidas contra el coronavirus. Desde entonces, la economía libanesa va en caída libre llevándose consigo la poca estabilidad de muchos y provocando, nuevamente, que los libaneses se tomen las calles a pesar de la pandemia.

En Sudán, el cierre de mercados locales importantes y las restricciones de movilidad causaron protestas violentas en algunas regiones del país. Podrían volverse más graves, pues, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la economía sudanesa entrará en una recesión aún más profunda este año. A esto se le suma que las ayudas financieras internacionales que mantienen a Sudán a flote podrían no llegar en los meses subsiguientes porque los países donantes deben enfrentar la pandemia dentro de sus propias fronteras.

Suspensión de procesos políticos y de justicia transicional

En algunos países, el coronavirus y las medidas establecidas para su contención han frenado por completo los procesos de justicia transicional que estaban en marcha. En Gambia, por ejemplo, la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparación suspendió sus audiencias publicas y actividades hasta junio. En Etiopía, se suspendieron las elecciones nacionales de agosto hasta el final del año, poniendo al país en el borde de una crisis constitucional.

En Armenia, se han pospuesto tanto la justicia transicional como importantes procesos políticos. El primero de marzo, después de que se reportó el primer caso de COVID19 en el país, el partido que está en el poder canceló inmediatamente la conmemoración de las 10 víctimas de las protestas anticorrupción de 2008, planeado para el mismo día. Corto tiempo después, un referendo constitucional planeado para el 5 de abril, que buscaba que siete de los nueve jueces de la Corte Constitucional fueran destutuidos, también se pospuso. El encierro nacional, con toque de queda incluído, ha mantenido frenado el plan de acción de justicia transicional que fue creado por los nuevos líderes del país para terminar con un gobierno corrupto y establecer un proceso de búsqueda de la verdad para investigar hechos pasados de corrupción y abusos a los derechos humanos.


Familias de los desaparecidos hacen un plantón en 2006 frente a la Corte Penal de Sidón, El Líbano, tal como lo han hecho cada año desde el final de la guerra civil cada 13 de abril. (Mazna El Masri)

Mientras tanto en El Líbano, la crisis de salud actual ha detenido los esfuerzos de implementación de la Ley de Desaparecidos Forzados, la cual establece, entre otras cosas, una comisión nacional independiente para la investigación del destino de estas personas. Aunque fue aprobada en 2018, el gobierno aún tiene mucho por hacer para lograr implementarla.

La pandemia del COVID-19 golpeó a Sudán no más de un año despues de que el país iniciara una transición política histórica después de décadas de dictadura y conflicto. El gobierno declaró una emergencia nacional a mediados de marzo, ordenando el cierre de amplios sectores económicos y pidiéndole a los ciudadanos que se quedaran en casa. Estas medidas, sin embargo, también han retrasado los diálogos de paz que buscan resolver los múltiples conflictos en Sudán, así como los procesos de justicia transicional por los cuales luchó la sociedad civil en la revolución que sacó del poder al presidente Bashir el 11 de abril de 2019.

Un golpe a las libertades civiles

Sumándole a la crisis, los gobernantes de varios países se han aprovechado de las medidas preventivas puestas en pie para suprimir las libertades individuales y expandir el poder estatal. En Kenia, el Servicio Nacional de Policía ha sido acusado del uso excesivo de la fuerza para hacer cumplir la ley de confinamiento y toque de queda del ocaso al amanecer que se ha impuesto en medio de la controversia. Estos oficiales atacaron y torturaron a ciudadanos acusados de ignorar las restricciones. Es más, han implicado a este grupo policial en la muerte de 14 civiles, incluyendo un niño de 13 años que falleció por una bala perdida en un asentamiento informal en Nairobi. También hay reportes de que la policía está extorsionando y solicitando sobornos a las personas que han sido atrapadas violando reglas como el uso del tapabocas y el distanciamiento social.

La situación en muchos países ha puesto la atención sobre los problemas sociales, políticos y económicos subyacentes que provienen de inequidades, exclusiones e injusticias históricas.

De igual manera, en Uganda se han registrado violaciones a los derechos humanos mientras las autoridades refuerzan las restricciones establecidas para evitar el contagio del COVID-19. La policía, las unidades locales de defensa y otras agencias de seguridad han sido acusadas del uso excesivo de la fuerza. Apenas había pasado un día desde que se establecieron las medidas, cuando se publicaron fotografías de la policía y las unidades locales de defensa golpeando a mujeres vendedoras informales y a conductores de motocicletas. El gobierno también ha utilizado la pandemia como un pretexto para silenciar a los críticos y los periodistas que cuestionan sus acciones. El 13 de abril, bajo la acusación de que estaba movilizando al público contra el cumplimiento de las directivas de salud para combatir el coronavirus, fue arrestado brutalmente un activista político y escritor que un día antes criticó al presidente y a su familia. Una semana más tarde, un periodista reconocido fue arrestado después de escribir una historia sobre la malversación de fondos dirigidos a solventar la situación de las personas afectadas por el COVID 19.

En Túnez, un miembro del Parlamento propuso un proyecto de ley con el objetivo de combatir la falta de información durante el COVID 19 y manejar el flujo de información que podría “afectar el orden y al seguridad nacional” en las redes sociales. El proyecto de ley fue considerado una amenaza directa a la libertad de expresión, pues muchos de sus puntos buscaban callar a periodistas y activistas. Afortunadamente, la sociedad civil se pronunció negativamente con gran fuerza, obligando al representante del parlamento que había presentado el proyecto a retirarlo.

En el país vecino, Libia, donde el conflicto civil continúa fracturando la sociedad, las medidas para enfrentar la pandemia son variadas. En Benghazi, las autoridades han tomado disposiciones militares para la contención del virus. Cualquier crítica pública de su forma de responder a la pandemia se considera traición. En abril, un joven oftalmólogo fue arrestado y llevado a prisión después de aparecer en televisión haciendo comentarios críticos de la respuesta de las autoridades a la crisis de salud pública. Estuvo desaparecido por más de un mes y fue recientemente liberado por el gobierno.

Sin perder de vista la justicia

Tal como lo han indicado los miembros del equipo global del ICTJ, la pandemia actual no es únicamente una emergencia de salud pública. Es también una crisis de los derechos humanos y la justicia. La situación en muchos países ha hecho evidente una serie de problemas de carácter social, político y económico que yacen bajo la superficie y que son resultado de inequidad, exclusión e injusticia de vieja data. Los países frágiles que están saliendo de situaciones de conflicto represión tienen todas las de perder en esta era incierta. El coronavirus, las medidas drásticas para su contención y las consecuencias económicas desastrosas que resultan de ambos han creado el ambiente perfecto para que en estas sociedades se genere protesta social, violencia e incluso la vuelta atrás al conflicto. También existe el riesgo de abuso y represión por parte de los gobiernos que buscan expandir su poder por medio de la explotación de las medidas establecidas para contener el contagio del virus. Para las sociedades que apenas están tomando sus primeros pasos hacia la paz estable, la democracia y la verdad, justicia y no repetición, la crisis amenaza con hacerlos retroceder todo el camino recorrido.

Sin embargo, no tiene por qué terminar de esa manera. Las respuestas gubernamentales y de la sociedad a la pandemia no tienen por qué ser míopes. Pueden y deben ser integrales en sus aproximaciones al problema, basadas en los derechos humanos y la justicia. En vez de poner en peligro los avances en favor de la paz, construidos con mucho esfuerzo, estas soluciones podrían prevenir la violencia, mejorar la armonía social y aumentar el acceso a la justicia siempre y cuando afirmen el sentido de justicia y dignidad de los ciudadanos. El ICTJ se mantiene firme en su compromiso con la justicia y con las poblaciones más vulnerables del mundo, listo para apoyar a sus aliados de la sociedad civil e instituciones estatales de todas las formas posibles para lograr alcanzar dichas soluciones.


FOTO: El 20 de abril de 2020, comerciantes practican distanciamiento social en un mercado en Kenia. (Banco Mundial/Sambrian Mbaabu)