La crisis política en Venezuela ha llegado a un punto de quiebre. Las elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre amenazan con privar a la oposición de su base institucional, en la cual descansa su legitimidad para reclamar la titularidad del Presidente de la Asamblea Nacional como Presidente de la República encargado. El gobierno se ha mantenido en el poder asumiendo una postura intransigente, rechazando participar en cualquier negociación seria, e insistiendo en realizar unas elecciones que, tanto observadores dentro de Venezuela como de la comunidad internacional han afirmado repetidamente, no cumplen con condiciones de imparcialidad y justicia. Esta táctica, por el momento, le ha funcionado al gobierno.
A la oposición, por su parte, le ha costado articularse y mantenerse unida en una postura coherente, corriendo el riesgo de enfrentar las elecciones dividida. Sus partidarios más radicales aún se aferran a la expectativa irreal de una intervención internacional, adoptando una estrategia fallida de demandar una “consulta popular” y de boicotear las elecciones. Una solución política depende ahora de que el gobierno se retracte de su reciente declaración en la que rechazó postergar la fecha de las elecciones, lo que habría permitido a la Unión Europea (UE) y posiblemente a las Naciones Unidas (ONU) organizar una misión de observación. La UE ha señalado que no es posible organizar un proceso exhaustivo de observación electoral en el breve tiempo que resta antes del 6 de diciembre.
Si en algún momento en el futuro se organizaran elecciones suficientemente imparciales, podrían conducir a una transición negociada. Dicha transición requeriría que la oposición tomara una postura clara más allá de exigir el cese de la usurpación y la salida del Presidente. Esa posición debería estar inspirada en nociones positivas de inclusión y participación de todos los sectores, lo que podría disipar temores entre los integrantes del gobierno sobre represalias o de perder absolutamente su poder. También podría complementar y fortalecer los esfuerzos de diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan juntas desde hace tiempo buscando puntos de convergencia entre diversos actores, a pesar de lo difícil que es dialogar y construir confianzas en el ambiente actual.
Un aspecto importante de esta postura sería que la oposición reconociera las políticas de exclusión del período anterior a 1999 que caracterizaron los gobiernos de Acción Democrática (AD) y del Partido Social Cristiano (COPEI). En concreto, la oposición podría reconocer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del ‘caracazo’ de 1989, así como las masacres de Cantaura, en 1982; de Tazón, en 1984; de Yumare, en 1986, y de El Amparo, en 1988, y el papel que las políticas de exclusión tuvieron en esas y otras protestas. Hacerlo indicaría una ruptura decisiva con el pasado y el comienzo de una nueva era democrática. También podría ayudar a acercar posiciones con aquellos que apoyaron la Revolución Bolivariana, y contribuir a que ellos reconozcan cómo las políticas implementadas en los últimos 20 años han generado otras formas de exclusión y han llevado a violaciones masivas de derechos humanos. En su reciente primer informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM, por sus siglas en inglés) concluyó que el gobierno ha torturado sistemáticamente a opositores, ejecutado sumariamente y asesinado a personas durante operaciones de control social o de seguridad, y ha cometido otras violaciones graves a los derechos humanos. La abundante evidencia sobre estos crímenes hace no solo necesario sino inevitable, asumir responsabilidades y adoptar reformas para garantizar su no repetición.
Un proceso de esclarecimiento y reconocimiento de la verdad que examine violaciones e injusticias presentes y pasadas no puede ser una tarea conducida de forma unilateral o partidista. Para que un proceso de esta naturaleza sea creíble y ampliamente aceptado en una sociedad polarizada debe ser inclusivo y conducido por un grupo diverso de personas en el cual todos los sectores sociales y políticos puedan confiar. Debe examinar no solo violaciones a los derechos humanos, sino formas de exclusión social y económica que afectaron a muchas comunidades en el período prerrevolucionario y que allanó el camino a la actual crisis política. Identificar abusos, injusticias y resentimientos, y develar sus causas profundas puede ayudar a los venezolanos de todos los sectores a comprender los temores y preocupaciones que cada uno de ellos tiene – sin por ello justificar las violaciones a los derechos humanos cometidas – y a encontrar formas de superarlos. Un proceso bien conducido puede ayudar a obtener justicia para las víctimas, redefinir el sistema político, y establecer condiciones para un orden social y económico más equitativo y justo.
Hacer que los autores de las violaciones rindan cuentas exige, además, llevar a cabo investigaciones criminales serias e independientes y juicios justos. Estos esfuerzos, sin embargo, no deben confundirse con persecuciones políticas o venganza. Por lo tanto, deben enfocarse en las violaciones más graves, los crímenes sistemáticos constatados por la FFM, y el desmantelamiento de las redes delictivas que podrían desestabilizar la futura democracia.
No es demasiado temprano para considerar una agenda de justicia transicional para Venezuela. Varias organizaciones de sociedad civil en el país ya están debatiendo qué violaciones a los derechos humanos e injusticias históricas debieran ser priorizadas en un proceso de búsqueda de la verdad. Estas deliberaciones podrían llevar a acuerdos entre víctimas y sociedad civil acerca de los abusos que deben ser esclarecidos, reconocidos e investigados. La oposición, a su vez, podría incorporar estos acuerdos a su propuesta de transición negociada y a su mensaje de inclusión y esperanza. Si es posible celebrar elecciones justas y creíbles, sólo tendrían sentido si hay claras garantías a aquellos que pierdan no van a sufrir persecución política o represalias y que van a tener un espacio en una futura democracia.
