El panel sobre los casos de selección y priorización de crímenes internacionales en Guatemala y Argentina tuvo como ponentes a Lisandro Pellegrini, asesor de la Procuración General de Argentina, y a María José Ortiz, representante de la CICIG en Guatemala.

Pellegrini expuso cómo ha vivido Argentina la evolución de su proceso de judicialización de los crímenes cometidos durante la dictadura. Resaltó cómo en un principio el sector judicial creyó que el desafío era mayor que sus capacidades. “La primera sensación en 2005 fue de perplejidad. No vamos a poder, no tenemos capacidad, era lo que pensábamos”, afirma.

Hoy, continúa, “vale la pena dejar como rasgo singular de la experiencia argentina que los tribunales resolvieron muchos más procesos de lo que suponían eran capaces de lograr”.

Actualmente, en Argentina hay cerca de 900 personas con procesos abiertos y ya casi 250 han sido condenadas. La próxima semana continuará uno de los procesos más grandes, que involucra 300 hechos y a 50 imputados.

Pellegrini enfatizó el fuerte principio de legalidad que rige en el orden interno argentino, una característica que es altamente relevante para el caso colombiano. A pesar de ello, explicó cómo en los años 80 Argentina aplicó procesos de selección de casos, en los cuales se presentaron dificultades. Fue un período con importante injerencia del Ejecutivo en el proceso de juzgamiento. “Actualmente se persigue a todos los imputados por todos los casos que pueden probarse adecuadamente. Para ello se aplican criterios de priorización de casos que permiten organizar las investigaciones”, afirmó.

Guatemala, un caso de justicia infiltrada

María José Ortiz presentó los criterios de selección y priorización que han sido utilizados por la CICIG en su mandato de investigar e impulsar la persecución penal de las violaciones a derechos civiles y políticos perpetradas por delincuencia organizada.

Cuando la CICIG comenzó sus labores, afirma Ortiz, el criterio que utilizaba para recibir los casos era la confiabilidad de la fuente que los presentaba. Aparte de ese criterio, recibía todo tipo de casos que se reclamara hubieran sido cometidos por la delincuencia organizada.

La intervención de la CICIG respondía en gran medida a la situación de infiltración del sistema de justicia de Guatemala. Esta infiltración era de tal magnitud, que llevó a incorporar la figura del “querellante adhesivo”. De esta manera, cuando un fiscal no investigara el caso demandado, la víctima, o “querellante adhesivo”, podía ir al juez, y éste determinar que se adelantara la investigación.

Algunos criterios de selección utilizados por la CICIG son: factibilidad, o la probabilidad real de recabar información; necesidad, condición que se genera cuando el Estado no impulsa la investigación; viabilidad, o la posibilidad de investigar, de acuerdo al tiempo, a los recursos de la CICIG, y a la naturaleza del mandato; la relevancia o impacto social del hecho, y la riqueza didáctica, o su capacidad de asentar buenas prácticas de investigación, persecución o jurisprudencia.

También fueron tenidos en cuenta criterios políticos y casos que tuvieran valor técnico e ilustrativo, que cumplieran la función de insertar en la sociedad y en las instituciones potencialidades para que las atrocidades no se repitan.

Fotos: Camilo Aldana
Video: Mauricio Cardona