BOGOTÁ, 5 de abril de 2017 – El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebra el compromiso de Colombia con la verdad y la memoria, materializado ayer con la firma de los decretos leyes que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el marco del conflicto armado. Estos mecanismos son fruto del acuerdo de paz logrado entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP.
“Es fundamental que la puesta en marcha de estos entes sea entendida como un hito social y político que permita la confrontación con el pasado y que marque un punto de inflexión a partir del cual se avance en múltiples procesos de verdad y memoria, que aporten al cambio de una sociedad profundamente violenta”, declaró David Tolbert, presidente del ICTJ.
La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda deberán tener en cuenta las contribuciones que tanto la sociedad civil como las instituciones públicas colombianas llevan años realizando al esclarecimiento de la verdad y la construcción de memoria. Asimismo, deberán valorar las carencias y los obstáculos que han enfrentado esas experiencias previas.
En el caso de la Comisión de la Verdad, será necesario establecer un diseño realista y operativo para su funcionamiento.
“Deberá diseñarse una metodología que permita a la comisión construir un relato en el que se determinen los patrones de violencia y se den a conocer las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que ocurrieron por cuenta del conflicto, con una explicación de cómo pasó y por qué paso, y se reconozcan las responsabilidades”, subrayó María Camila Moreno, directora del ICTJ en Colombia. “Para lograr esto deberá también prever espacios para que las víctimas puedan dar a conocer su versión de los hechos y para que los victimarios puedan reconocer su responsabilidad”.
Estas metodologías deberían priorizar aquellos crímenes con los que se tiene una deuda histórica y que se identifican como los grandes déficits de verdad que aún persisten: la desaparición forzada, la violencia sexual, el reclutamiento forzado y la violencia de género, entre otros.
Manejar las grandes expectativas será también uno de los mayores retos de estas dos nuevas instituciones, especialmente para la Unidad de Búsqueda. Colombia debe dar una respuesta a las familias de las 60.000 personas que se calculan como dadas por desaparecidas a causa del conflicto armado. La Unidad deberá ejercer su mandato con independencia y autonomía para adelantar esta fundamental labor humanitaria recogida en el Acuerdo Final.
“La CEV deberá garantizar la participación más incluyente posible de las víctimas, con garantías de seguridad y un despliegue territorial suficientes para responder a las expectativas de construcción de un diálogo nacional. Por su parte, la Unidad de Búsqueda deberá contar y consultar con los familiares, entre otras cosas, en la elaboración de sus planes de búsqueda y en cuanto a sus protocolos de entrega digna”, destacó Fernando Travesí, director adjunto de Programas del ICTJ.
El ICTJ celebra la formalización de ambos entes, que resaltan el mensaje del valor de la verdad en sí misma, como un aporte certero a la dignificación y reparación de las víctimas y como un complemento de la verdad judicial.
Contacto
Marta Martinez, Estratega Digital E-mail: mmartinez@ictj.org Tel: +1 917-637-3824
FOTO: Yolanda Pinto, esposa del inmolado Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, saluda al Presidente Santos antes de la firma de los decretos ley de la Comisión de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. (Nelson Cardenas/SIG)
