El camino al reconocimiento en Colombia

“Soy culpable de esa abominable política de secuestro. Participé en la conferencia donde se aprobó esta política. No puedo hacer lo de Pilatos: 'Lávame las manos'”, declaró Rodrigo Granda Escobar, exmiembro de la desarticulada guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), desde el auditorio de la Biblioteca Virgilio Barco Auditorio en Bogotá en la mañana del 21 de junio de 2022. Granda Escobar fue uno de los siete excombatientes que comparecieron en la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia para el caso 01.

La audiencia versó sobre la causa judicial de toma de rehenes, privaciones grave de la libertad y otros delitos concurrentes (conocido como Caso 01). Los siete excombatientes —Granda Escobar, Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Lisandro Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra y Julián Gallo— eran todos líderes de las FARC-EP y miembros de su último secretariado. Ante la presencia de víctimas, funcionarios de la JEP, representantes de la sociedad civil y organizaciones internacionales, y miembros de la prensa nacional e internacional, todos reconocieron su responsabilidad de mando en los delitos de secuestro que fueron política de las FARC-EP desde 1993 hasta 2012.

En esta audiencia, por primera vez, los líderes de las FARC-EP reconocieron públicamente su papel en estos crímenes sistemáticos, dando un paso decisivo en el proceso de justicia transicional del país y hacia la afirmación de la dignidad de las víctimas, ambos necesarios para reparar el tejido social de Colombia desgarrado por más de 50 años de guerra.

Con lágrimas en los ojos, Diva Cristina Díaz contó cómo secuestraron a su padre y lo engañaron para que pensara que sus hijos no querían su liberación, dañando así los lazos familiares para siempre. Posteriormente, dos miembros más de su familia fueron secuestrados.

Ante su desgarradora historia, Milton de Jesús Toncel profesó: “Quiero enviar a su hermano que está en Canadá una súplica de perdón tan grande como la distancia que nos separa. Dígale que hoy estamos haciendo algo aquí en Colombia que antes hubiera sido una utopía. Me disculpo y la admiro por su insondable resistencia. Gracias por escuchar. Le prometo que cumpliré el compromiso que he hecho con usted y aclararé lo que sea posible para que usted y su familia reciban un poco de tranquilidad en medio de tanto daño irreparable”.

Este intercambio profundo y reparador durante un proceso judicial no hubiera sido posible sin un amplio proceso de preparación de víctimas y responsables con enfoque restaurativo.

Una política de crueldad

La política criminal de secuestro fue una de las más crueles ejecutadas por grupos armados en la historia del país, y es quizás la más demostrativa de la degradación de la guerra en Colombia. Hombres y mujeres de todas las edades, niveles socioeconómicos e inclinaciones políticas fueron secuestrados y recluidos en condiciones inhumanas y degradantes por la antigua guerrilla de las FARC-EP. Aunque muchas víctimas de secuestro estaban afiliadas a la policía o al ejército, la mayoría eran civiles.

Mientras los secuestrados fueron privados de su libertad y muchas veces sometidos a torturas y otros tratos inhumanos y degradantes, sus familias en su mayoría perdieron su seguridad económica, fueron estigmatizadas y sufrieron daños irreparables a sus proyectos de vida. Aún hoy, miles de colombianos desconocen el paradero de sus seres queridos que fueron secuestrados y desaparecidos.

“Reconocemos el dolor de los que no pudieron criar a sus hijos, de los que no pudieron ayudar a su familia, de los que murieron en cautiverio y de los desaparecidos”, declaró Pastor Alape en una de sus intervenciones en la audiencia. “Tenemos la responsabilidad política de buscarlos y aliviar su dolor”.

La JEP realizó una investigación exhaustiva sobre la práctica del secuestro con base en informes de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, informes presentados por organizaciones de víctimas y la sociedad civil, y testimonios individuales y colectivos.

La JEP recibió y revisó 17 informes, 38 testimonios individuales y 8 testimonios colectivos en los que participaron 257 personas. Identificó un total de 21.396 víctimas, de las cuales 2.456 fueron acreditadas en el Caso 01. De las víctimas acreditadas, 1.028 hicieron observaciones a los testimonios de los excombatientes presentados ante la JEP.

Como resultado de este proceso de verificación, la JEP acusó al secretariado de las FARC-EP de dar órdenes para cometer el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad, el crimen de guerra de toma de rehenes y los consiguientes asesinatos y desapariciones forzadas. También imputó a los líderes responsabilidad de mando por otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por sus subordinados durante los secuestros, como tortura, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual, desplazamiento forzado y esclavitud. Además, identificó tres patrones motivadores en la política de secuestros de las FARC-EP: financiar la organización guerrillera, intercambiar víctimas secuestradas por combatientes de las FARC-EP capturados y adquirir control territorial.

Ante estas acusaciones, los siete ex-miembros del secretariado de las FARC-EP reconocieron su responsabilidad por escrito el 30 de abril de 2021, dando lugar a la convocatoria a audiencia pública de reconocimiento. La audiencia reverberó en todo el país, ocupando los titulares de primera plana de los principales medios de comunicación y captando la atención de la sociedad colombiana. También sienta un precedente para posteriores audiencias de reconocimiento sobre este y otros macrocasos que la JEP realizará en el transcurso de su mandato.

Las víctimas son el centro del proceso de justicia restaurativa

El acuerdo de paz final de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno colombiano estableció un sistema integral de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Entre las instituciones creadas dentro de este sistema está la JEP, un tribunal de diseño mixto con enfoques de justicia retributiva y restaurativa para atribuir responsabilidades y reparación por las atrocidades cometidas durante la guerra en Colombia.

Sin embargo, la implementación de medidas de justicia restaurativa en el contexto de un tribunal especial no está exenta de desafíos. El principal de ellos es garantizar que cualquier encuentro entre las víctimas y los responsables se centre en las víctimas y se lleve a cabo de manera sincera y respetuosa, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de los procedimientos judiciales. La preparación de expertos para cualquier interacción es vital, al igual que la atención psicosocial a largo plazo.

Para ello, el ICTJ apoyó la preparación de las partes para su participación en la audiencia de reconocimiento, ayudando a diseñar y operar una metodología para la preparación junto con la JEP. Esta metodología buscó incentivar la participación de las partes en las audiencias, gestionar sus expectativas, prevenir la revictimización, mitigar los daños que pudieran causar las acciones judiciales, empoderar a las víctimas como sujetos activos en el proceso y brindar apoyo psicosocial.

Con el fin de sentar las bases más sólidas posibles para el encuentro entre las víctimas y los ex líderes de las FARC-EP, el ICTJ facilitó tres sesiones individuales con cada una de las 29 víctimas que ofrecieron su testimonio en la audiencia y sus familias, cuatro talleres de preparación con los ex líderes de las FARC-EP, y tres reuniones restaurativas entre víctimas y responsables antes de la audiencia.

Una audiencia allana el camino para la reconciliación

Como resultado del proceso de preparación, las víctimas fueron claras y contundentes sobre las violaciones que vivieron, el impacto del daño en sus familias y sus demandas de verdad y reparación a los responsables. En sus declaraciones, las víctimas compartieron muchas de las mismas exigencias, tales como el reconocimiento de que la persecución que sufrieron fue infundada y que causó un daño irreparable al buen nombre de sus seres queridos secuestrados.

Una de esas víctimas fue Edward Oswaldo Díaz. Pablo Catatumbo secuestró a su padre, el concejal Oswaldo Díaz, y luego lo asesinó. Dirigiéndose a Edward, el ex combatiente dijo: “Dañamos la dignidad de ese hombre y de esa familia. . . . Actuamos con arrogancia y sin ningún derecho”.

En sus declaraciones, las víctimas participantes pidieron que se recopile toda la información posible sobre las circunstancias específicas en las que se cometieron los crímenes y quiénes fueron los responsables directos. “Deseo que mi hermano y mi primo estén vivos, incluso si mi corazón dice que no lo están. Quiero que lo confirme mirándome a la cara, que lo haga en primera persona y luego de una manera más general porque sé que no fue usted directamente quien ejecutó la orden”, dijo el señor Augusto Hinojosa a los ex combatientes.

Por su parte, los ex combatientes afirmaron que estos crímenes ocurrieron y se responsabilizaron por ellos ante las víctimas, los miembros de la JEP, los demás asistentes y el país en su conjunto, reiterando la gravedad de los crímenes y reconociendo el daño que causaron a cada víctima individual que habló y en general a todas las víctimas de secuestro. Uno a uno, los hombres expresaron su pesar y mostraron comprensión del impacto físico, psicológico, económico y social adverso que tuvo en la sociedad colombiana, comprometiéndose a cumplir con las exigencias de las víctimas.

En sus intervenciones, los ex líderes de las FARC-EP buscaron restaurar el buen nombre de las víctimas del secuestro. En algunos casos, pudieron esclarecer el destino de los seres queridos de las familias, una exigencia común. “Orlando Alberto Toledo Lugo intentó escapar y el guarda lo mató. Tengo esa certeza; fue en 2005”, dijo Londoño a la esposa de Toledo Lugo, Carmen Mirke, quien participó en la audiencia. Con esta declaración, la Sra. Mirke finalmente pudo asegurarse de la muerte de su esposo e iniciar la documentación para su certificado de defunción.

Sin embargo, en muchos casos, los excombatientes no pudieron brindarles a las familias la verdad completa y una oportunidad de cierre. “Muchos estuvimos en diferentes territorios y no conocemos los hechos paso a paso”, explicó Pastor Alape. “Pero estamos en el proceso. Nuestro compromiso es no ocultar la verdad; es develar el manto de oscuridad del conflicto para que no se repita”.

Un hito para la justicia transicional en Colombia

Para muchas de las víctimas, tanto los escépticos como los creyentes en la justicia transicional, la primera audiencia de reconocimiento ofreció un rayo de esperanza. Una víctima, Héctor Mahecha, les dijo a los exlíderes de las FARC-EP que la audiencia era la oportunidad de hacer historia. “Pueden pasar de ser perpetradores a ser los que hacen que las víctimas se sientan verdaderamente compensadas y reparadas”, dijo.

La audiencia representa la materialización del enfoque de justicia restaurativa de la JEP, evidente no solo en las conmovedoras declaraciones públicas de reconocimiento y remordimiento, sino también en las sesiones de preparación cuidadosamente diseñadas. Las interacciones directas entre las víctimas y los mismos responsables ayudan a reparar el tejido social de Colombia. El proceso también sirve como ejemplo para los tribunales de justicia transicional de todo el mundo sobre cómo lograr un equilibrio entre los procedimientos judiciales de rendición de cuentas y la afirmación de la dignidad de las víctimas.

El camino que ha emprendido Colombia hacia la reconciliación es largo y complejo y requiere la participación de la mayor cantidad posible de miembros de la sociedad. Como dijo Eibar Meléndez, líder sindical secuestrado, en su declaración en la audiencia: “Vengo hoy con la esperanza de que todos los aquí presentes pongamos el corazón en este proceso de transformación de un Estado, que necesita un país en paz”.

Para más información, visite la galería fotográfica " En Colombia, víctimas y excombatientes ven la humanidad del otro ".

FOTO PRINCIPAL: La víctima Diva Díaz y el exlíder de las FARC-EP Pastor Alape participan de un abrazo grupal. Muchas víctimas y excombatientes tuvieron intercambios significativos antes, durante y después de la audiencia que les dieron confianza en el proceso de justicia transicional y alentaron la reconciliación. (María Margarita Rivera/ICTJ)