Justicia penal

En contextos de atrocidades masivas y violaciones de derechos humanos a gran escala, la justicia penal no puede abordarse con el mismo enfoque y los recursos limitados que tienen los mecanismos de justicia ordinaria. Un proceso de responsabilidad penal en estas situaciones a menudo requiere enjuiciamientos estratégicos, metodologías específicas de investigación, una variedad de procesos especiales y una combinación de enfoques, tanto retributivos como restaurativos. Estas iniciativas deben responder en última instancia al interés de la justicia y los derechos de las víctimas, ayudar a reconstruir el tejido social e institucional de una sociedad y promover una paz duradera y sostenible. 

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Men sitting in rows of seats at the Nuremberg Trials.

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La investigación y el enjuiciamiento de crímenes internacionales, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, es un componente fundamental de la justicia transicional. Tiene sus raíces en los tribunales penales internacionales en la antigua Yugoslavia y Ruanda. 

Las investigaciones y juicios de líderes poderosos (ya sean políticos o militares) ayudan a fortalecer el estado de derecho y envían una fuerte señal de que tales crímenes no serán tolerados en una sociedad respetuosa de los derechos. 

Los juicios siguen siendo una exigencia clave de las víctimas. Cuando reflejan las necesidades y expectativas de las víctimas, pueden desempeñar un papel vital en la restauración de su dignidad, la administración de justicia y la reconstrucción de la confianza en las instituciones estatales. 

Pero los procesamientos judiciales no pueden lograr la justicia por sí solos. La gran escala de tales delitos significa que a menudo no pueden ser procesados a través del sistema de justicia penal ordinario, lo que genera una “brecha de impunidad”. Las estrategias más efectivas de enjuiciamiento para delitos a gran escala a menudo se centran en quienes planificaron y organizaron los delitos, en lugar de en aquellos de menor rango o responsabilidad. 

La implementación de estrategias de enjuiciamiento con otras iniciativas, como programas de reparación, reforma institucional e iniciativas de búsqueda de la verdad, puede ayudar a cerrar la brecha de impunidad en el proceso de abordar delitos con un gran número de víctimas y perpetradores. 

Enjuiciamientos domésticos 

Los enjuiciamientos por delitos internacionales tienen un mayor potencial de impacto cuando se llevan a cabo a nivel nacional, dentro de la sociedad donde ocurrieron los delitos. Sin embargo, las sociedades que emergen de un conflicto o en transición a menudo carecen de la voluntad política para enjuiciar estos delitos, y los sistemas legales pueden ser débiles o desordenados. 

Incluso los sistemas legales sofisticados, que se ocupan principalmente de los delitos comunes, pueden carecer de la capacidad para abordar dichos delitos de manera efectiva, a pesar de los avances en los esfuerzos internacionales para coordinar la documentación, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos internacionales bajo los principios de la jurisdicción universal. Podemos ver como ejemplos el enjuiciamiento de Augusto Pinochet y la respuesta a las atrocidades masivas ocurridas en Siria. La aplicación de los principios de la jurisdicción universal, que permiten el ejercicio de la jurisdicción sobre un acusado independientemente del lugar donde se cometió el presunto delito o de la nacionalidad o residencia del acusado, ha llevado a la condena, por ejemplo, del dictador exiliado de Chad, Hissène Habré, por cargos de tortura. 

Enjuiciamientos Internacionales 

Estos problemas a veces pueden requerir otros tipos de enfoques internacionales que se basen en las mejores prácticas de otros lugares, por ejemplo, a través de los tribunales penales internacionales mencionados anteriormente, o cortes o tribunales “híbridos”compuestos por actores judiciales internacionales y nacionales. Estos tribunales se han creado en Sierra Leona, Bosnia, Timor-Leste y Camboya. 

Corte Penal Internacional 

En 2002, el Estatuto de Roma estableció la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI investiga y enjuicia a las personas responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 1 de julio de 2002, en los casos en que los países no quieran o no puedan hacerlo. 

Según el principio de “complementariedad” del Estatuto de Roma, los tribunales nacionales siguen teniendo el deber de impartir justicia. Como tal, la CPI sigue siendo un tribunal de último recurso. En los últimos años, los tribunales nacionales han asumido cada vez más este papel. 

Enfoque del ICTJ 

El ICTJ lucha contra la impunidad y en apoyo del estado de derecho dentro de las jurisdicciones nacionales y a nivel internacional. Este trabajo a menudo comienza apoyando los esfuerzos de la sociedad civil para documentar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad mientras todavía están ocurriendo, por ejemplo, en Siria y Afganistán. Continúa mientras las sociedades negocian y luego hacen la transición a la paz e implementan mecanismos complejos de rendición de cuentas como la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Brindamos asistencia, análisis y asesoría de expertos a gobiernos, sociedad civil y actores o instituciones del sector justicia sobre diversas cuestiones, incluidas amnistías, estrategia procesal, reformas a códigos penales, selección de jueces y fiscales y modalidades de responsabilidad penal. 

También compartimos las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de las iniciativas de justicia penal en todo el mundo, incluso en entornos internacionales como la Asamblea de los Estados Miembros del Estatuto de Roma. Por ejemplo, nos hemos asociado con estados y organizaciones internacionales, incluida la Asociación Internacional de Abogados y la Academia Internacional de los Principios de Nuremberg, para presentar hallazgos y recomendaciones sobre tribunales híbridos, políticas que guían las decisiones de enjuiciamiento y jurisdicción universal para delitos en Siria. 

En países como Argentina, Colombia, Guatemala y Túnez, hemos brindado capacitación a jueces y fiscales mientras se preparan para llevar a cabo procesos penales contra exlíderes políticos y militares. 

En todo nuestro trabajo, nos esforzamos por asegurar que las víctimas sean apoyadas en sus esfuerzos por acceder y participar en el sistema de justicia formal, garantizando al mismo tiempo los derechos al debido proceso de los acusados. Reunimos a la sociedad civil y las víctimas con los funcionarios judiciales para promover la participación de las víctimas y ayudar a generar confianza pública en los procesos judiciales, como los de la División de Delitos Internacionales de Uganda. 

A nivel de políticas, preparamos materiales sobre el estado de derecho, incluidas herramientas sobre iniciativas de enjuiciamiento, informes para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y manuales como el manual sobre complementariedad.