La Ley de Justicia y Paz colombiana es la gran apuesta del país para desmantelar a poderosos grupos paramilitares y obtener justicia para las miles de víctimas del conflicto armado. La ley fue aprobada en 2005, como parte del proceso de desmovilización, y ofrecía la reducción de penas a cambio de la confesión completa y de “la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”.
Ante la intención del gobierno colombiano de reformar la ley de Justicia y Paz para conseguir que el proceso sea más efectivo, el ICTJ publica una serie especial de reportajes para ofrecer al lector un acercamiento en profundidad al contexto de la ley, así como a los éxitos y desafíos identificados al hacer balance de los casi siete años desde la aprobación de la ley.
Colombia está desarrollando medidas de justicia transicional en medio de un complejo conflicto que sigue activo y que implica a numerosos actores: el Ejército, grupos paramilitares de extrema derecha, la guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos rebeldes. Asimismo, muchas son las causas de la violencia, desde la lucha por los recursos naturales y la propiedad de la tierra hasta el crimen organizado y el tráfico de drogas. Se estima que el número de víctimas de la violencia supera los cuatro millones –Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados internos, que viven en la extrema pobreza.
La vibrante sociedad civil colombiana lucha activamente por la defensa de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El país ha desarrollado también un marco legal para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de una tradición legal fuerte, hay una laguna entre las leyes escritas y la protección de esos derechos en la práctica.
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La principal premisa de la ley de Justicia y Paz es conseguir un equilibrio entre una desmovilización efectiva de los grupos armados y la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas. A pesar de algunos éxitos conseguidos gracias a las confesiones de los paramilitares –llegando a una cifra récord de víctimas registradas con nombres y apellidos (cerca de 400.000)– resulta obvio que el proceso necesita ser reformado si se quiere restaurar la confianza pública y rendir cuentas con los perpetradores y los que les respaldaron. |
“Ha llegado el momento de reformar la ley de Justicia y Paz y de desmantelar a los grupos paramilitares, pero también de re-enfocar las investigaciones de la ley hacia aquellos que crearon, financiaron y respaldaron a estos grupos”, dice Marcie Mersky, directora de la Oficina de Programas del ICTJ. “Los resultados deberían incluir la verdad sobre las acciones de los paramilitares, pero también sobre sus soportes políticos y financieros”.
Actualmente, más de 2.000 paramilitares desmovilizados siguen esperando juicio y tan solo se han obtenido siete sentencias.
“El problema en Colombia es que el fenómeno paramilitar no fue solamente criminal, sino también social y político. Sus tentáculos se extendían en todas las áreas de la vida social, política y económica”, explica Paul Seils, vicepresidente del ICTJ. “Y eso significa que las investigaciones deberían incluir a personas de los sectores financieros y políticos, aquellos sin los que hubiera sido imposible que existieran este tipo de organizaciones”.
El próximo 14 de mayo tendrá lugar en Bogotá un evento para abrir el debate sobre la reforma de la ley de Justicia y Paz entre miembros del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y expertos internacionales. Durante los días previos a este evento, el ICTJ publicará reportajes y documentos en profundidad sobre el proceso de Justicia y Paz. El evento, organizado por el ICTJ y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), será retransmitido en directo desde Bogotá a través de nuestra página web en español.
Esperamos que esta serie especial de reportajes ayuden a entender mejor el importante proceso que está viviendo Colombia en sus esfuerzos por aplicar la justicia transicional para hacer frente al legado de su conflicto armado y conformar una sociedad que protege los derechos humanos. Les agradecemos sus comentarios sobre esta serie, así como sugerencias para tratar otros procesos de justicia transicional que ustedes crean que deberían explorarse en profundidad en nuestra página web. Pueden enviar sus comentarios a communications@ictj.org.
Foto: Miembros de grupos paramilitares colombianos formando durante una ceremonia de desmovilización en 2004. Por LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images
