Las disculpas públicas oficiales son un elemento importante de la política de justicia transicional. Como forma de reparación simbólica, una disculpa es un reconocimiento formal, solemne y, en la mayoría de los casos, público de que se cometieron violaciones a los derechos humanos en el pasado, de que estas causaron daño grave y a menudo irreparable a las víctimas, y de que el Estado, el grupo o el individuo que pide disculpas acepta parte o toda la responsabilidad por lo ocurrido. La decisión de pedir disculpas puede y debe utilizarse para apoyar una visión justa y moral que permita a las víctimas y al público mirar hacia el futuro con esperanza.

Uno de los puntos cruciales de la negociación ha sido, y sigue siendo, el adecuado tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco del conflicto armado. El debate, aún no concluido, ha girado sobre la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales como el indulto o la amnistía; sobre los límites que establecen los crímenes internacionales y también sobre las posibilidades y consecuencias jurídicas de la utilización de la figura del delito político y la definición y alcance de los que se pueden considerar sus delitos conexos.

Este informe analiza las importantes dimensiones de género de la desaparición forzada y cómo estas afectan tanto a las mujeres desaparecidas como a aquellas que son víctimas en virtud de sus lazos familiares con los desaparecidos. En ambos casos, los roles de género y las desigualdades arraigadas en la tradición, raza, cultura, religión y clase hacen que las experiencias de las mujeres sean diferentes a las de los hombres.

Este informe es el resultado de un estudio sobre la implementación del Programa de Reparación Individual en Colombia, llevado a cabo por el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y financiado con recursos de la Embajada del Reino de los Países Bajos. El ICTJ reconoce la importante contribución de los hombres y las mujeres que participaron en este proceso de investigación, quienes compartieron sus opiniones, preocupaciones y propuestas sobre la implementación del programa de reparaciones individuales establecido por la Ley 1448 de 2011.

El informe, resultado de una investigación de la organización Casa de la Mujer, en convenio con el ICTJ, analiza los obstáculos que las mujeres y sus organizaciones enfrentan en los procesos de participación, implementación, atención y reparación establecidas por la Ley 1448 de 2011 (conocida como Ley de Víctimas). Asimismo, el informe contribuye a dotar a las mujeres de herramientas para que exijan su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Este informe presenta para la discusión una nueva perspectiva para guiar la reparación y reintegración de los niños, niñas y jóvenes victimas de reclutamiento ilícito.

Este Manual fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fiscalía General de la Nación, suscrito con el fin de brindar asistencia técnica a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y apoyar el desarrollo de protocolos, procedimientos y metodologías relacionadas con la investigación y análisis de los crímenes de sistema.

Este informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por la consultora Olga Lucía Gaitán para el Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), con el propósito de analizar las sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La edición y publicación del informe fue realizada por el ICTJ y financiada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Embajada de Suecia.

Este libro de referencia se centra en las comisiones de la verdad encargadas de examinar un período de violaciones de los derechos humanos que afectaron especialmente a comunidades indígenas, tales como los casos enumerados anteriormente. El mismo constituye un esfuerzo inicial por organizar sistemáticamente las lecciones aprendidas y seguir avanzando a través del diseño de procesos de verdad que sean totalmente compatibles con los derechos de los pueblos indígenas.