¿Qué es la justicia transicional?

La justicia transicional alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.

La justicia transicional emana de la rendición de cuentas y de la reparación para las víctimas. Reconoce su dignidad como ciudadanos y como seres humanos. Hacer caso omiso de los abusos masivos es una salida fácil, pero destruye los valores en los que cualquier sociedad digna debe asentarse. La justicia transicional plantea las preguntas jurídicas y políticas más difíciles que se puedan imaginar. Al priorizar la atención a las víctimas y su dignidad, señala el camino que debe seguir un compromiso renovado con la seguridad de los ciudadanos corrientes en su propio país, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos.

Las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede producir fragilidad: ocasionando debilidad, inestabilidad, politización y escasez de recursos a instituciones políticas y judiciales como el Parlamento, los tribunales, la policía y la Fiscalía. De por sí, las violaciones de derechos habrán socavado la confianza que los ciudadanos pudieran tener en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Y será frecuente que las comunidades estén destrozadas y muy debilitadas las organizaciones sociales y políticas.

La necesidad de responder con legitimidad a esas violaciones de derechos masivas, cuando su propia magnitud y la fragilidad social actúan como condicionantes, es lo que define a la justicia transicional y lo que la diferencia del fomento de los derechos humanos y, en general, de su defensa.

Los objetivos de la justicia transicional

Una mujer comparte su testimonio durante una audiencia pública de la Comisión de la Verdad y la Dignindad de Túnez. (IVD)


Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes.

Entre sus objetivos complementarios figuran los siguientes:

"Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes"

¿Qué elementos componen la justicia transicional?

La magnitud de los abusos y la fragilidad social conllevan que no todas las violaciones de derechos se aborden como se haría en circunstancias normales. Normalmente, se insiste en cuatro tipos de “enfoques”:

  • Procesos penales, por lo menos contra los principales responsables de los crímenes más graves.
  • Procesos de “esclarecimiento de la verdad” (o investigaciones) sobre las violaciones de derechos por parte de órganos no judiciales. Son iniciativas diversas, pero suelen centrarse no sólo en los acontecimientos, sino en sus causas y consecuencias.
  • Reparaciones de diversas formas— individuales, colectivas, materiales y simbólicas— en caso de violaciones de derechos humanos.
  • Reformas jurídicas e institucionales que pueden afectar a la policía, la justicia, el ejército y los servicios de información militar.

Estos enfoques no deben considerarse mutuamente excluyentes. Por ejemplo, las comisiones de la verdad no sustituyen a los procesos judiciales. Sus objetivos son distintos, ya que ofrecen un grado de reconocimiento mucho mayor y combaten la cultura de la negación. Igualmente, las reformas constitucionales, jurídicas e institucionales no excluyen otras medidas, sino que apuntan directamente a la recuperación de la confianza y a la prevención de nuevos abusos.

También es importante aportar innovación y creatividad a esos enfoques y a otras posibilidades.

Por ejemplo, las comisiones de la verdad y de investigación abordan ahora la corrupción endémica de regímenes anteriores con métodos no utilizados por organismos similares hace veinte años.

En ciertas circunstancias, las comisiones de la verdad y las reformas legales posibilitan avances importantes en la lucha contra problemas de marginación graves. Por ejemplo, en Sierra Leona, las iniciativas de reforma legal mejoraron sustancialmente la situación jurídica de las mujeres a comienzos de la década de 2000. En el sur de Yemen, la reaparición de la violencia frenó en seco un imaginativo proyecto, centrado en la expropiación masiva de tierras y otras propiedades, pero éste indica que los procesos de justicia transicional pueden en ocasiones llegar incluso a enfrentarse a complejos problemas de tenencia de tierras.

Una justicia transicional integral

"Las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que se puede hacer y cuándo"

No sólo es importante afrontar con creatividad e innovación las formas establecidas de lidiar con las violaciones de derechos humanos masivas, también hay que sopesar otras cuestiones relevantes, que aumentan las posibilidades de éxito de la justicia transicional

El análisis del contexto: las condiciones políticas, sociales y jurídicas del país determinarán lo que se puede hacer y cuándo. Es preciso dedicar tiempo al análisis, evitar las “listas de deberes” o los enfoques rígidos, y asegurarse de que las acciones respondan a un conocimiento bien fundamentado de las condiciones del país.

La elección de intervenciones adecuadas: en ocasiones, los condicionantes que imponen la magnitud de los abusos y la fragilidad social aconsejarán no hacer demasiadas cosas a la vez. Está claro que algunos se aprovecharán de esos factores para posponer sine die la acción de la justicia. El “arte” de la justicia transicional consiste en llegar a un equilibrio entre la búsqueda de justicia, que suscita resistencias, y el riesgo que conlleva la inestabilidad.

Todas las formas de abordar las violaciones de derechos y sus causas son complejas. Exigen un tiempo y unos recursos que en muchos países serán escasos. No existe un único consejo fiable que sirva para todas las situaciones. Lo importante es que las medidas de justicia se desarrollen cuando más probable sea su aplicación, ya sea ésta inmediata o más a largo plazo.

La participación: la oportunidad de afrontar violaciones de derechos humanos masivas puede ser importante para la vida de cualquier sociedad. Posibilita más apertura, nuevas actitudes y el acercamiento a sectores sociales que, como las mujeres, se hayan visto marginados. En una situación así, el valor y la sostenibilidad de las iniciativas de justicia dependerán en gran medida de la participación popular, no sólo de las estructuras de poder político y económico. Será preciso, por tanto, ir más allá de los pactos entre élites y de los intereses creados, exigiendo que las víctimas y otros grupos marginados puedan también manifestar cuál es la mejor manera de reparar las violaciones de derechos cometidas, para que el futuro les garantice una mayor seguridad.

La innovación: puede que algunos aspectos de la justicia transicional estén bien asentados, pero un análisis sosegado también puede alumbrar juiciosas innovaciones. Quizá en algunas circunstancias la manera más elocuente de reparar violaciones de derechos humanos masivas no responda a la forma habitual de entender la rendición de cuentas. Por ejemplo, si ha habido desplazamientos forzosos a gran escala, quizá lo primero que los defensores de los derechos humanos deban hacer para afrontar las atrocidades y la destrucción sea garantizarles a los retornados seguridad y la recuperación de sus propiedades, además de esclarecer qué fue de los desaparecidos. Puede que esas medidas sean más prioritarias que otras más convencionales, relativas a justicia penal, investigaciones o esclarecimiento de la verdad, y debemos estar dispuestos a considerarlas parte de la justicia transicional.

Analizar el contexto, elegir las intervenciones que éste exige y fomentar la participación y la innovación son los elementos en los que se basa una justicia transicional adaptada a las diversas circunstancias.

¿Para que haya justicia transicional tiene que haber una “transición”?

Activistas colombianos durante una manifestación. (ICTJ)


A veces resulta innecesariamente confuso precisar si un país está o no en “transición”, pero, en la práctica, no es tan complicado. De lo que se trata es de saber si ha surgido una oportunidad, aunque sea limitada, de afrontar las violaciones de derechos masivas.

Estas oportunidades se suelen presentar con más frecuencia relacionadas, de una u otra manera, con procesos de paz que pretenden poner fin a conflictos armados internos, ya que las partes que negocian y otros participantes en las conversaciones intentan incorporar a los acuerdos elementos relacionados con la justicia. A veces estos reflejan reivindicaciones de la sociedad civil y de asociaciones de víctimas que buscan justicia. Entre los ejemplos a este respecto figuran Colombia, Guatemala, El Salvador, Sierra Leona, la República Democrática del Congo, Liberia, Sudán del Sur, Filipinas, Nepal y otros países. En algunos de esos casos el conflicto armado se ha producido al mismo tiempo que las violaciones de derechos de un régimen profundamente represivo.

Los Gobiernos que sustituyen a regímenes represivos también pueden aprobar y apoyar diversas medidas de justicia relacionadas con atrocidades masivas. Entre los ejemplos figuran los de Argentina en la década de 1980, Chile y Sudáfrica en la de 1990, y, más recientemente, Perú y Túnez.

Otras situaciones más difícilmente clasificables son las de Kenia y Costa de Marfil: en ambos países proliferaron actos de violencia postelectoral que costaron muchas vidas y desplazaron a una enorme cantidad de personas.

En algunas situaciones, la magnitud de los abusos y la fragilidad social saltan a la vista, pero la oportunidad es menor. Ejemplos de esta situación son Afganistán e Irak, donde la guerra continúa.

¿Qué peso tienen ciertos condicionantes?

"De la distribución del poder dependerá gran parte de lo que pueda hacerse"

¡Son decisivos! Es frecuente que las iniciativas para afrontar violaciones de derechos masivas tengan que superar enormes obstáculos. Puede que sectores con algo que temer de la acción judicial sigan controlando algunos o la mayoría de los resortes del poder. De la distribución del mismo dependerá gran parte de lo que pueda hacerse.

Las medidas de justicia transicional casi siempre se aplican en sociedades enormemente polarizadas. Puede que las instituciones, al ser débiles, necesiten un tiempo y unas inversiones considerables antes de poder siquiera plantearse afrontar los abusos sistemáticos. Quizá en algunos lugares la sociedad civil y las asociaciones de víctimas sepan hacerse oír y estén muy organizadas y, en otros, divididas y débiles, tengan menos capacidad para obligar al Gobierno a actuar o para relacionarse con él de manera eficaz.

Los medios de comunicación pueden carecer de independencia o estar polarizados, defendiendo relatos parciales y excluyentes. La comunidad internacional puede tener mucho interés en el país o muy poco. El apoyo a las medidas de justicia y su puesta en marcha dependerán, entre otras cosas, de todos esos factores.

¿De dónde procede la expresión “justicia transicional”?

La acuñaron en la década de 1990 varios académicos estadounidenses para aludir a las diferentes maneras que tenían los países de solventar los problemas que se les presentaban cuando un Gobierno llegaba al poder después de que sus antecesores cometieran violaciones de derechos masivas.

Sólo era una expresión descriptiva. No daba a entender que hubiera un enfoque normalizado y ni siquiera principios comunes, como se desprende de la enorme variedad de métodos que los diferentes países decidían aplicar o no al afrontar esos abusos.

La expresión, sobre todo en EEUU, acabó calando, debido al gran interés que había en cómo lidiarían los antiguos países del bloque soviético con el legado del totalitarismo.

¿Ha cambiado con los años la concepción de la justicia transicional?

Al principio, la expresión describía diferentes enfoques en distintos lugares, no un concepto o una práctica coherente. En las décadas de 1990 y 2000 surgieron nuevos enfoques y prácticas, basados en el reconocimiento de principios relacionados con los derechos humanos y en que bajo ningún concepto podía ignorarse la vulneración de los mismos. A todo ello iban ligados determinados mecanismos como los procesos judiciales, las investigaciones (o iniciativas de “esclarecimiento de la verdad”), los programas de reparación y las propuestas de reforma, que se consideraban los más eficaces para materializar ese respeto a los derechos humanos.

¿Y dónde estamos ahora? En sus mejores manifestaciones, la práctica actual de la justicia transicional constituye un intento de plantarle cara a la impunidad, aplicar reparaciones eficaces y evitar la repetición de crímenes, no mediante la aplicación rutinaria de criterios normativos, sino a través de una cuidadosa y patente evaluación de los contextos en los que hay que actuar.

¿Qué no es la justicia transicional?

No es un método para acabar con todos los defectos de una sociedad. Las prolongadas luchas sociales y políticas en pro de la justicia y la igualdad de oportunidades pueden beneficiarse de la justicia transicional, pero no se acaban con ella.

No es un tipo concreto de justicia, como la reparadora, la distributiva o la retributiva. Es la aplicación a determinadas circunstancias de una política basada en los derechos humanos.

No es una justicia “blanda”. Intenta proporcionar las medidas de justicia más relevantes en las condiciones políticas de cada momento. Si sólo pretende esquivar la aprobación de medidas de justicia coherentes, no será más que una impunidad más sutil.