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En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

El 10 de abril la Asamblea General de la ONU (AG de la ONU) celebra un debate monográfico sobre el papel de la justicia internacional en los procesos de reconciliación. Es un debate solicitado por el presidente de dicha asamblea, el serbio Vuk Jeremic, después de la reciente absolución del general croata Ante Gotovina por parte del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY). Por desgracia, ha quedado claro que lo que en realidad pretende este debate es desautorizar al TPIY, no debatir una cuestión importante no sólo para los Balcanes sino para un número creciente de países.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.

Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

En el caso del proceso contra Thomas Lubanga, puede que la Corte Penal Internacional (CPI) conceda por primera vez reparaciones a las víctimas de crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. Hablamos con Rubén Carranza, director del programa de reparaciones del ICTJ, sobre esas recomendaciones y las posibles repercusiones del fallo de la CPI.