66 resultados

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

Si bien en Colombia no se ha instaurado una comisión de la verdad, las iniciativas de Memoria sobre el conflicto y la violencia política proliferan en el país. En las regiones, comunidades, centros académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales han desarrollado iniciativas como el...

Los medios de comunicación de todo el mundo se han afanado en anunciar “el cierre de los juicios de la ESMA” en Argentina. Nada más lejos de la realidad, según Pablo Parenti, coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado . El ICTJ conversó con Parenti para saber qué queda por delante, cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unidad Fiscal y qué supone para la sociedad argentina ver a los autores de los crímenes sentenciados, más de 20 años después.

El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) , de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.

El presente estudio busca enfocar su análisis en la situación en Perú de las mujeres que viven en estas comunidades beneficiadas por el citado programa, de tal manera que podamos examinar la participación de las mismas en la elección de los proyectos, y además la forma como estas muje...

REPARACIONES EN LA TRANSICIÓN PERUANA. MEMORIAS DE UN PROCESO INACABADO invita al lector a reflexionar —y avanzar— sobre el largo y a veces tortuoso camino hacia las reparaciones en el Perú; asimismo, se propone dar a conocer los principales actores, desafíos y logros del proceso peru...

El informe describe la primera etapa de la puesta en marcha del programa de reparaciones colectivas en Perú. Está basado en datos oficiales y en la encuesta a varias comunidades beneficiarias del programa en las regiones de Ayacucho y Apurimac. Este informe servirá de referencia para...

Este informe se refiere a la segunda fase del proceso de monitorización de la puesta en marcha de las reparaciones colectivas en Perú. Se basa en fuentes oficiales e incluye una referencia cruzada de las comunidades elegidas para acceder a estas reparaciones, y de los partidos polític...

En Colombia todavía está en suspenso la política de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Además de la cantidad de dinero que debe pagarse, existen planes y programas para reparar también a la sociedad.

El camino para el pago de las reparaciones a las víctimas puede salirse de los contextos judiciales y centrarse en factores individulaes y nacionales (étnicos, culturales, económicos, políticos, sociales, etc.