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Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

Los días 5 y 6 de junio de 2024, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) organizaron la cuarta edición del Seminario de Expertos UA-UE sobre Justicia Transicional en Bruselas, Bélgica. El consorcio que implementa la Iniciativa para la Justicia Transicional en África, liderado por el ICTJ, ayudó a organizar el evento. El seminario exploró cómo los procesos de transición pueden transformar las vidas individuales, las relaciones sociales y las instituciones estatales disfuncionales.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

El Perú aún necesita aceptar su historia y avanzar hacia el país inclusivo y democrático que desea ser. Esto exige ofrecer reparaciones en la forma integral definida por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, escribe Cristián Correa en esta columna de opinión.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

En el caso del proceso contra Thomas Lubanga, puede que la Corte Penal Internacional (CPI) conceda por primera vez reparaciones a las víctimas de crímenes recogidos en el Estatuto de Roma. Hablamos con Rubén Carranza, director del programa de reparaciones del ICTJ, sobre esas recomendaciones y las posibles repercusiones del fallo de la CPI.

En 2021, la República Centroafricana creó la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación (CVJRR) para establecer la verdad, buscar justicia y restaurar la dignidad de las víctimas, con miras a lograr la reconciliación nacional. En este frágil país, azotado por sucesivos episodios de violencia, las víctimas exigen justicia durante toda su vida. Después de una larga fase de puesta en marcha, la CVJRR finalmente se está preparando para comenzar a registrar y escuchar los testimonios de las víctimas. El primer paso en este proceso es la toma de declaraciones, lo que requiere varios factores clave para tener éxito.

El 29 de febrero de 2024, el Comité Técnico Conjunto conformado por Gambia y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sostuvo su reunión inaugural sobre el establecimiento de un tribunal híbrido para atribuir responsabilidad a quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos entre julio de 1994 y enero de 2017 durante la dictadura del ex presidente Yahya Jammeh. Un tribunal internacionalizado de este tipo representa una oportunidad para que se administre responsabilidad penal a favor de las víctimas y la sociedad gambiana. También es el paso más reciente en el camino de la justicia transicional en Gambia.