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En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

No es demasiado temprano para considerar una agenda de justicia transicional para Venezuela. Varias organizaciones de sociedad civil en el país ya están debatiendo qué violaciones a los derechos humanos e injusticias históricas debieran ser priorizadas en un proceso de búsqueda de la verdad. Estas deliberaciones podrían llevar a acuerdos entre víctimas y sociedad civil acerca de los abusos que deben ser esclarecidos, reconocidos e investigados. La oposición, a su vez, podría incorporar estos acuerdos a su propuesta de transición negociada y a su mensaje de inclusión y esperanza. Si es posible celebrar elecciones justas y creíbles, sólo tendrían sentido si hay claras garantías a aquellos que pierdan no van a sufrir persecución política o represalias y que van a tener un espacio en una futura democracia.

Esta es la traducción del comunicado realizado por el director del ICTJ, Fernando Travesí, el 5 de junio de 2020. Sucedió otra vez. El nombre de George Floyd se sumó a la trágica y larga lista de personas de color que han muerto como resultado directo de la larga historia de racismo y supremacía...

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

En Colombia no existe una cifra exacta de cuántas personas han sido víctimas de desaparición forzada a raíz del conflicto armado. Mientras el Centro Nacional de Memoria Histórica registra 80.472 víctimas entre 1970 y 2018, el Registro Único de Víctimas de la Unidad para las Víctimas (UARIV) contabiliza 47,762 personas desaparecidas. Lo que ambas instituciones afirman es que la mayoría son civiles.

Conversamos con Fernando Kosovsky, del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), sobre las estrategias judiciales y no judiciales que están desarrollando para reivindicar el derecho a la justicia, la verdad y la reparación del pueblo mapuche.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

En un nuevo análisis, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) aborda uno de los puntos cruciales de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP): la posibilidad de recurrir a la amnistía más amplia posible y al indulto como parte del tratamiento penal de los distintos delitos cometidos en el marco de más de cincuenta años de conflicto armado.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, analiza el acuerdo de justicia penal anunciado por el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC y señala qué aspectos deben todavía aclararse para asegurar que este garantice a todas las víctimas del conflicto armado la justicia que merecen.