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El presente informe es el cuarto en una serie de reportes de seguimiento de la implementación del Programa de Reparaciones Colectivas ejecutado en Perú entre 2007 y 2011. Se trata de un trabajo en conjunto del ICTJ y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH), de Perú. El informe busca conocer los efectos de esta política de reparación, a través de consultar la opinión de sus beneficiarios y traer las voces de las comunidades de los Andes y la Amazonia para responder a la pregunta de en qué grado esta política ha logrado ser reparadora.

Si bien en Colombia no se ha instaurado una comisión de la verdad, las iniciativas de Memoria sobre el conflicto y la violencia política proliferan en el país. En las regiones, comunidades, centros académicos, instituciones del Estado y organizaciones sociales han desarrollado iniciativas como el...

Una vez aprobada la Ley, sigue la parte dura de atender y resarcir a las víctimas. Definir el universo de los beneficiarios, no entregar el registro a la misma entidad que hará los desembolsos, coordinar las tareas de la Nación y de los municipios, y sobre todo dignificar de veras a las víctimas, son las grandes tareas que el Estado debe cumplir de ahora en adelante.

Greentree, el evento de alto nivel sobre complementariedad organizado por el ICTJ y el PNUD en diciembre, reunió a profesionales de la justicia internacional y el desarrollo, así como a expertos nacionales, en una casa de campo homónima a las afueras de Nueva York. Los asistentes debatieron sobre...

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.