Biblioteca de recursos

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.

En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

In the aftermath of armed conflict or repression, communities often struggle to rebuild social relations that have been damaged or destroyed by violence and abuse. Restorative justice can potentially play a valuable role in such societies, bringing together the people who have been harmed by crimes and the individuals responsible for those harms, often in the form of a dialogue, to address the offense and its consequences. A new ICTJ research report offers insight and guidance on the use of a restorative justice framework in responding to massive and grave human rights violations, drawing primarily from experiences in Colombia, Sierra Leone, Tunisia, and the Philippines’ Bangsamoro region.

La Organización de Derechos Humanos y Democracia de Afganistán (AHRDO), aliada del ICTJ, inauguró recientemente un nuevo museo virtual/base de datos dedicados a las víctimas del conflicto afgano y los abusos contra los derechos humanos. La “Casa de la Memoria de Afganistán” no solo preserva la memoria de estas víctimas sino que también ayuda a allanar el camino hacia la verdad y la justicia. Para lanzar el museo virtual, el ICTJ y la AHRDO organizaron conjuntamente un panel de discusión sobre conmemoración, moderado por la periodista de la BBC Lyse Doucet, en la oficina del ICTJ en Nueva York el pasado diciembre.

El 28 de noviembre de 2023, el ICTJ organizó un diálogo internacional en Bogotá, Colombia, para compartir estrategias innovadoras para promover los derechos de las víctimas a obtener reparación por abusos contra los derechos humanos y para establecer políticas de desarrollo más centradas en las víctimas. La reunión también marcó el lanzamiento oficial del nuevo informe del ICTJ: Promoción de los derechos de las víctimas y construcción de comunidades justas: estrategias locales para lograr la reparación como parte del desarrollo sostenible, que presenta las conclusiones de un estudio comparativo de dos años de duración sobre los esfuerzos locales en Colombia, Gambia, Túnez y Uganda para avanzar en las reparaciones.

A lo largo de 2023, los expertos del ICTJ han ofrecido su perspectiva única sobre las noticias de última hora en todo el mundo como parte del Informe Mundial. Sus perspicaces comentarios han puesto de relieve el impacto que estos acontecimientos tienen en las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como en luchas más amplias por la paz y la justicia. En esta edición, recordamos el año pasado a través de la columna Expert's Choice.

El 28 de noviembre, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) será anfitrión de un seminario internacional para explorar las sinergias entre las reparaciones y el desarrollo sostenible en Bogotá, Colombia. El evento, titulado "Diálogo Colombia – África sobre reparación a víctimas y desarrollo sostenible", reunirá a socios del ICTJ de Gambia, Túnez y Uganda, junto con representantes de la sociedad civil y del gobierno de Colombia, con el fin de intercambiar estrategias locales para fortalecer las reparaciones a víctimas de violaciones a los derechos humanos y la manera en que las reparaciones pueden contribuir al desarrollo local y nacional. El ICTJ presentará también un nuevo informe de investigación sobre este tema.

Hace ocho años, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 19 de junio como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos en un esfuerzo por crear conciencia sobre esta táctica endémica de guerra; honrar a las innumerables víctimas y sobrevivientes en todo el mundo, así como a quienes trabajan para poner fin a estas violaciones; y finalmente, erradicar esta práctica deshumanizante. La historia ha demostrado que cada vez que hay una crisis política o de seguridad yuxtapuesta a una respuesta militarizada, la violencia sexual relacionada con el conflicto se despliega como táctica para someter, deshumanizar y aterrorizar a civiles y opositores.

El 21 de marzo, el parlamento de Uganda aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad, adoptando la ley anti-LGBTQ+ más dura del mundo. Según él, la homosexualidad se castiga con cadena perpetua, mientras que la "homosexualidad agravada" se castiga con la muerte. El proyecto de ley no solo amenaza los derechos de las personas LGBTQ+, sino que socava y erosiona el compromiso de Uganda con los derechos humanos.