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Los refugiados y desplazados de Sudán del Sur representan actualmente el 40 % de la población total del país. Sin embargo, estos grupos han sido excluidos en gran medida de los debates sobre políticas relacionadas con el proceso de justicia transicional en Sudán del Sur. Un nuevo informe del ICTJ busca ampliar las perspectivas y expectativas de estos grupos y garantizar su inclusión en el diseño e implementación del proceso.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

El 25 de octubre, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea lanzaron oficialmente su Iniciativa conjunta para la Justicia Transicional en África (ITJA) en Addis Abeba. El proyecto se llevará a cabo durante un período de tres años y promoverá procesos nacionales de justicia transicional en África, en línea con la Política de Justicia Transicional de la UA y su hoja de ruta. La ITJA tiene varias características únicas que, si todos los actores las adoptan y promueven, tienen el potencial de abrir un camino nuevo e inspirador hacia la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en el continente africano.

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

La Unión Africana y la Unión Europea han lanzado oficialmente un proyecto de tres años para apoyar a los estados miembros de la UA a medida que incorporan la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana y emprenden procesos de justicia transicional a nivel nacional. El proyecto, denominado Iniciativa para la Justicia Transicional en África, será implementado por un consorcio de tres organizaciones lideradas por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, el Fondo Africano del Legado de Justicia Transicional y el Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación.

El 13 de agosto de 2024, la División de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Uganda emitió su esperado veredicto en el caso de Uganda contra Thomas Kwoyelo, ex comandante y coronel del grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. Kwoyelo fue condenado por 44 cargos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante el conflicto armado que duró décadas en el norte de Uganda entre el LRA y el gobierno ugandés. Esta sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas y un paso crucial hacia el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas de estas horribles atrocidades masivas.