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En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ escribe que la CPI no puede respaldar medidas que favorezcan la impunidad, del mismo modo que no pueden hacerlo otros actores comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la lucha por la paz y la justicia.

Esta es la intervención de la directora del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, en la primera rendición de cuentas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

La pandemia del COVID-19 ha dejado ya su huella en todos los rincones del mundo. Buscando reducir los índices de contagio, los gobiernos de la mayoría de países han tomado medidas drásticas que requieren que todos los ciudadanos no considerados trabajadores esenciales se queden en sus casas, y que amplios sectores de la economía se mantengan cerrados. Conversamos con los directores de programa en distintos países alrededor del mundo para conocer más ampliamente el efecto de la pandemia en la sociedad, la política y los procesos de justicia transicional que llevan a cabo hoy.

Durante varios años, desde el Programa Colombia del ICTJ se ha trabajado para garantizar que el proceso de Justicia y Paz aborde los procesos de crímenes sistemáticos con un enfoque estratégico. En agosto de 2011, Seils asistió a una reunión de alto nivel organizada por el ICTJ con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana y la Organización de Estados Americanos. Al encuentro asistieron diversos expertos internacionales con la intención de fijar prioridades y racionalizar el proceso de selección de casos judiciales.

El ICTJ y el Centro de Memoria Histórica invitan a participar en el Concurso de fotografía para aficionados sobre la memoria y la resistencia de las víctimas del conflicto armado. El concurso busca resaltar el trabajo de personas que capten la memoria de resistencias cotidianas de campesinos, indígenas, afrocolombianos o gente del común que viven –o han vivido- en contexto de conflicto armado. Personas que cuenten una historia de memoria del conflicto a través de una serie fotográfica.

Un nuevo informe del ICTJ demuestra que los Gobiernos y las sociedades no conocen ni afrontan adecuadamente las duraderas consecuencias que las desapariciones forzadas tienen para las mujeres. En su calidad de esposas, madres, hermanas e hijas de los desaparecidos, ellas tienen un papel especial y, después de una desaparición, sufren todavía más penalidades.

La emisión de las primeras sentencias por la JEP marca un punto de inflexión en la justicia transicional del país. Son condenas históricas contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Constituyen en sí mismas la materialización de la justicia y expresan un reproche tanto judicial como moral por las atrocidades cometidas. Las sentencias de la JEP, así como la comparecencia sostenida de los responsables durante los últimos ocho años, son una expresión concreta de la implementación y compromiso con el Acuerdo de Paz de 2016.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional saluda el reciente acuerdo sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, anunciado por las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, y espera que este allane el camino para una conclusión exitosa de las negociaciones para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

En esta edición de ICTJ reporta Félix Reátegui, asociado sénior del programa de Verda y Memoria, habla sobre los principios en los que se basa el trabajo de la unidad y la imperiosa necesidad de develar, reconocer y conmemorar el pasado.

El objetivo de las reparaciones es reconocer y afrontar los daños sufridos por las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos. A continuación el director del programa de Justicia Reparadora del ICTJ, Ruben Carranza, y el asociado sénior en justicia reparadora Cristián Correa hablan sobre la importancia de que los programas de reparaciones se implementen de forma integrada con otros mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda de la verdad y justicia penal.