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Cuando los autores de graves crímenes internacionales son llevados ante la justicia por el país en el que cometieron sus crímenes, se lanza la señal de que el compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho es firme. Esta conciencia constituyó el núcleo de los debates registrados en la tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad, celebrada entre el 25 y el 26 de octubre en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York.

Cuando se trata de llevar ante la justicia a autores de crímenes masivos, únicamente se debería recurrir a los tribunales internacionales en última instancia. Para poder instaurar el Estado de derecho hace falta que cada país desarrolle la capacidad de juzgar a los autores de los delitos más graves. El 25 y el 26 de octubre de 2012 destacados profesionales internacionales del ámbito de la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo se reunirán en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York, para asistir a la Tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad. El objetivo del encuentro es analizar las necesidades y retos a los que se enfrentan los juicios nacionales de crímenes graves en cuatro países: Colombia, Guatemala, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.

Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.

El último “ICTJ reporta” indaga en los problemas de la justicia transicional en Colombia y hace un seguimiento de nuestro trabajo en el país que sufre el conflicto armado más longevo del mundo. En esta entrevista, la directora de la oficina del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, responde a preguntas sobre los mecanismos de justicia transicional aplicados actualmente en el país y describe la colaboración del ICTJ con asociaciones de la sociedad civil en cuestiones como justicia penal, reparaciones y memoria. Proporciona asimismo una mirada de futuro a las nuevas negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, identificando qué cuestiones clave de la justicia transicional están en juego en ellas.

Hoy se celebra en Bogotá la entrega de premios del concurso de fotografía sobre la memoria del conflicto para aficionados, “Imágenes para Resistir al Olvido”, organizado por el Centro de Memoria Histórica y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). En esta página puede ver las galerías de imágenes gandoras.

El cuarto Curso Intensivo sobre Comisiones de la Verdad, organizado por el ICTJ y el Centro de Recursos Internacional por la Paz de Barcelona, se centra este año en el reto de reconocer las experiencias de los grupos más vulnerables. Profesionales de este campo y académicos de 17 países distintos participan esta semana en el taller, entre ellos miembros de la Comisión de la Verdad de Brasil y de Costa de Marfil, además de varios expertos del ICTJ de todo el mundo que se han desplazado a la ciudad condal para el evento.

Reconocido mundialmente como el Día Internacional de los Desaparecidos, el 30 de agosto nos recuerda que la desaparición forzada y la justicia transicional comparten una misma historia. De hecho, los procesos que obran en concierto y que le dieron forma al ámbito de la justicia transicional nacieron de la búsqueda de la verdad y la justicia con respecto a los desaparecidos.

"Las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad. Las decisiones que tomen los políticos y funcionarios que autoricen tales prácticas en diferentes países no tienen justificación ni legal ni moral. Deben rendir cuentas y ser identificados en calidad de lo que son: enemigos de una sociedad civilizada", escribe Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, en esta columna de opinión.