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En este 17 de julio, elegido hace poco más de dos años día de la Justicia Internacional por los Estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI), no debemos centrarnos únicamente en la labor de este organismo. Es vital abordar de forma más global cómo puede obtenerse justicia después de la comisión de atrocidades y por qué es necesario hacerlo.

Mientras el Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL, por sus siglas en inglés) ultima los casos contra presuntos criminales de guerra, los días 6 y 7 de febrero se celebra en Freetown una conferencia para evaluar el trabajo del tribunal y su legado. La conferencia, organizada por el ICTJ, forma parte de una iniciativa internacional que pretende reflexionar sobre cómo ha ayudado esta instancia judicial a traer la paz y el Estado de derecho a los pueblos de Sierra Leona y Liberia, y al conjunto de la región.

La relevancia del fallo del caso Taylor, emitido hace unos días en La Haya, va más allá del propio condenado e incluso del Tribunal Especial para Sierra Leona. La sentencia constituirá un inevitable precedente jurídico para cualquier deliberación futura relativa al papel de dirigentes y Estados en crímenes cometidos en terceros países, escribe David Tolbert en este artículo de opinión.

En la actualidad, los acuerdos de paz están generando más comisiones de la verdad que en ningún otro momento histórico. ¿Pero acaso responden a las elevadas expectativas de alcanzar la verdad, la rendición de cuentas y la reconciliación en sociedades que dejan atrás conflictos violentos? Esta semana la Fundación Kofi Annan y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebraron durante tres días un simposio de alto nivel para indagar en los desafíos y ventajas que presentan las comisiones de la verdad surgidas de procesos de paz.

Si la comunidad internacional se compromete realmente a que las atrocidades masivas no queden impunes, hay que dar prioridad a la constitución de tribunales nacionales en los países donde se han cometido esos crímenes. Para que eso sea posible, es crucial contar con los organismos internacionales...

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y el Centro de Recursos Internacional por la Paz de Barcelona (CRIPB) se complacen en anunciar la celebración del 5º Curso Intensivo sobre Comisiones de la Verdad, que, con un enfoque práctico, se centrará en los desafíos que conlleva diseñar y poner en marcha una comisión de la verdad.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés) celebra la aparición del informe final de la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación (CVJR) de Kenia, resultado del proceso oficial de esclarecimiento de la verdad iniciado en ese país después de los actos de violencia postelectoral ocurridos entre 2007 y 2008. El informe difunde los hallazgos de la CVJR sobre violaciones flagrantes de los derechos humanos, crímenes económicos, adquisición ilegal de terrenos públicos, marginación de comunidades y actos de violencia étnica registrados entre 1963 y 2008.

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2011 —El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) se alegra de que se haya elegido a la gambiana Fatou Bensouda para desempeñar el cargo de fiscal en la Corte Penal Internacional (CPI). Bensouda fue elegida por unanimidad el 12 de diciembre por la Asamblea de Estados Miembros (AEM), durante su 10ª sesión, celebrada en Nueva York, y a partir de junio de 2012 será el segundo fiscal de dicho tribunal.

El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) lanza una campaña de concienciación mundial con motivo del Día Internacional del Derecho a la Verdad (el próximo 24 de marzo) para defender el derecho de las víctimas a saber la verdad sobre las violaciones de derechos humanos sufridas.

Nueva York, 22 de marzo de 2011— El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) felicita a Pablo de Greiff, director de su Unidad de Investigación, por su nombramiento como primer Relator Especial de las Naciones Unidas para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de crímenes y violaciones graves de los derechos humanos.