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Cuando se trata de llevar ante la justicia a autores de crímenes masivos, únicamente se debería recurrir a los tribunales internacionales en última instancia. Para poder instaurar el Estado de derecho hace falta que cada país desarrolle la capacidad de juzgar a los autores de los delitos más graves. El 25 y el 26 de octubre de 2012 destacados profesionales internacionales del ámbito de la justicia, el Estado de derecho y el desarrollo se reunirán en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York, para asistir a la Tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad. El objetivo del encuentro es analizar las necesidades y retos a los que se enfrentan los juicios nacionales de crímenes graves en cuatro países: Colombia, Guatemala, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo.

En nuestro trabajo como asesores de sociedades de todo el mundo, contínuamente nos inspiran personas y comunidades que se niegan a ignorar los abusos del pasado, y que a menudo se enfrentan a grandes obstáculos para arrojar luz sobre éstos. Para honrar su coraje, les invitamos a leer una selección de perspectivas sobre la verdad y la dignidad de aquellos que con sus palabras han forajdo una idea sólida: que la verdad es la base de la justicia. Súmese a la conversación global a través de las redes sociales.

El número de comisiones de la verdad surgidas de negociaciones de paz ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años. Las lecciones que hemos aprendido ponen de relieve que ya es hora de observar con mirada crítica los desafíos a los que se enfrentan los mediadores, para que estas comisiones puedan responder realmente a las demandas de las víctimas, escribe el presidente del ICTJ, David Tolbert, en este artículo de opinión.

Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial. Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos legales apoyan la reanudación del juicio en Guatemala contra Efraín Ríos Montt, ex dictador militar, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. El juicio está entrando ya en su fase conclusiva con los alegatos finales por parte del Ministerio Público y los representantes de las víctimas, ayer y hoy.

La búsqueda de la justicia en Guatemala sigue adelante, tras más de 15 años desde el fin de una larga y sangrienta guerra civil. El ICTJ entrevistó a Claudia Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, para hablar sobre la lucha de víctimas y sobrevivientes para obtener justicia por los crímenes padecidos.

Cuando los autores de graves crímenes internacionales son llevados ante la justicia por el país en el que cometieron sus crímenes, se lanza la señal de que el compromiso con la rendición de cuentas y el Estado de derecho es firme. Esta conciencia constituyó el núcleo de los debates registrados en la tercera Conferencia de Greentree sobre Complementariedad, celebrada entre el 25 y el 26 de octubre en Greentree Estate, Manhasset, Nueva York.

La respuesta policial a las protestas pacíficas antigubernamentales en Kenia durante el último año ha sido letal y brutal. Las acciones de la fuerza pública han conmocionado al país y reafirmado las conclusiones de 2013 de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenia (KTJRC), según las cuales los organismos de seguridad del Estado, en particular la policía, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza históricamente y han sido los principales responsables de violaciones de los derechos humanos contra la integridad física en Kenia tales como masacres, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos, y violencia sexual.

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.