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En la actualidad, los acuerdos de paz están generando más comisiones de la verdad que en ningún otro momento histórico. ¿Pero acaso responden a las elevadas expectativas de alcanzar la verdad, la rendición de cuentas y la reconciliación en sociedades que dejan atrás conflictos violentos? Esta semana la Fundación Kofi Annan y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebraron durante tres días un simposio de alto nivel para indagar en los desafíos y ventajas que presentan las comisiones de la verdad surgidas de procesos de paz.

La sentencia emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá contra el líder paramilitar Hebert Veloza García de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el pasado 30 de octubre, sienta un precedente importante en la judicialización de crímenes de sistema en Colombia. “El proceso de Justicia y Paz es la oportunidad para comprender el fenómeno paramilitar en el país, que permeó varios sectores de la sociedad en la historia reciente colombiana, y para lograr la desarticulación de su estructura militar, política y económica”, afirma María Camila Moreno, directora de la oficina en Colombia del ICTJ.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

En la judicialización de crímenes de sistema, el análisis y la definición del contexto en el que actuó el grupo criminal es un paso fundamental y estratégico. El contexto aclara y explica las condiciones que facilitaron el nacimiento, formación y consolidación del grupo armado, y el funcionamiento...

El líder paramilitar Hebert Veloza García, alias "H.H.", fue condenado a 40 años de prisión y una multa de 17.950 salarios mínimos (unos 5,2 millones de dolares). Por estar postulado en el proceso de Justicia y Paz, Veloza recibió el beneficio de una pena alternativa, que el Tribunal estableció en siete años. La lectura de la primera sentencia en el proceso de Justicia y Paz contra Veloza representa un momento crucial para el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar los crímenes internacionales y las graves violaciones de los derechos humanos cometidos en el país. Aquí puede ver el video completo de la lectura de la sentencia.

El 30 de octubre, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá emitirá su primer veredicto parcial contra el líder paramilitar Hebert Veloza García, alias “HH”, uno de los más significativos del proceso de Justicia y Paz. Con vistas a la sentencia, el ICTJ estrena una línea del tiempo informativa que comprende todas las medidas de justicia transicional que se han implementado en Colombia desde 2005.

Destacados expertos mundiales en materia de búsqueda de la verdad y memorialización han solicitado al alcalde de la localidad de Prijedor, situada en Bosnia-Herzegovina, que reconozca públicamente y conmemore a las víctimas no serbias de las atrocidades cometidas en la década de 1990.

Cada día hay más pruebas de que en la brutal guerra civil siria se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La política de contención no basta: la comunidad internacional no puede aceptar un statu quo en el que decenas de civiles mueren cada día, y los sirios tampoco aceptarán sin más que esos horrendos crímenes queden impunes, escribe David Tolbert en esta columna de opinión.

La relevancia del fallo del caso Taylor, emitido hace unos días en La Haya, va más allá del propio condenado e incluso del Tribunal Especial para Sierra Leona. La sentencia constituirá un inevitable precedente jurídico para cualquier deliberación futura relativa al papel de dirigentes y Estados en crímenes cometidos en terceros países, escribe David Tolbert en este artículo de opinión.

Durante más de 20 años, la Ley de Amnistía de El Salvador ha impedido que los autores de los graves crímenes cometidos contra la población civil durante la guerra que enfrentó al Gobierno y la guerrilla en los años 80 rindieran cuentas. Sin embargo, esto podría cambiar próximamente. El 20 de septiembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema aceptó a trámite una demanda contra la ley de amnistía aprobada en marzo de 1993 para proteger a los autores de crímenes graves cometidos durante ese conflicto, en la que se aduce que es anticonstitucional.