Biblioteca de recursos

Tras las recientes y polémicas elecciones presidenciales, los venezolanos de todos los sectores de la sociedad salieron a las calles para expresar su desconfianza colectiva ante los resultados oficiales, su indignación por la terrible crisis económica y política de su país y su exigencia de transformación. Por un breve momento, la multitudinaria unidad de sus voces hizo creer que se había abierto una ventana de oportunidad para un cambio real. En los países que luchan contra violaciones masivas de los derechos humanos, de vez en cuando se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad se una y avance hacia la paz y la justicia. Lamentablemente, esas ventanas no permanecen abiertas indefinidamente.

El 7 de octubre, el mundo observó con horror cómo miembros del grupo militante Hamas masacraban a más de 1.400 israelíes, la mayoría de los cuales eran civiles, incluidos niños y ancianos, en un ataque premeditado y sofisticado. La respuesta de Israel hasta ahora no ha sido menos horrorosa. Olas incesantes de ataques aéreos indiscriminados contra Gaza han alcanzado edificios residenciales, instalaciones médicas y otras infraestructuras civiles críticas, asediando todo el enclave y dejando más de 5.000 personas muertas, entre ellas 2.000 niños. Desafortunadamente, estas atrocidades indescriptibles –cuya condena y rechazo se nos han acabado las palabras– no son acontecimientos aislados que suceden en el vacío. De hecho, son sólo los últimos episodios de un ciclo de violencia que dura 75 años.

Para muchos libaneses, ya no es un hecho excepcional ser desplazado. En este artículo de opinión, Firas BouZeineddine establece una conexión entre la grave situación que atraviesan muchos libaneses y la cultura de impunidad que impera en el país. En particular, exige que tanto los actores nacionales como los externos rindan cuentas por las violaciones cometidas, tanto pasadas como presentes.

Los días 5 y 6 de junio de 2024, la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE) organizaron la cuarta edición del Seminario de Expertos UA-UE sobre Justicia Transicional en Bruselas, Bélgica. El consorcio que implementa la Iniciativa para la Justicia Transicional en África, liderado por el ICTJ, ayudó a organizar el evento. El seminario exploró cómo los procesos de transición pueden transformar las vidas individuales, las relaciones sociales y las instituciones estatales disfuncionales.

En la brutalidad de un conflicto armado o la tiranía de un régimen represivo, muchas personas desaparecen y nunca son encontradas: ya sea a manos de agentes del Estado o secuestrados por una facción armada, miles de desaparecidos siguen en paradero desconocido hasta el día de hoy. En el Día Internacional de los Desaparecidos, el ICTJ reconoce que las desapariciones forzadas son crímenes de lesa humanidad que afectan a las mujeres de forma particular, distinta al impacto que tiene este delito en los hombres.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

En el segundo encuentro del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz –organizado por la Fundación Konrad Adenauer, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax), Ámbito Jurídico y USAID– se abordó otro de los temas clave para alcanzar una paz sostenible en Colombia: las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales que podrían aplicarse a los excombatientes guerrilleros.

El pasado miércoles 17 de octubre se iniciaron oficialmente las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y los jefes de la guerrilla izquierdista de las FARC. El éxito de las mismas no sólo habrá que cifrarlo en la desmovilización real de unos 8.000 combatientes. Para alcanzar una paz duradera habrá que repensar el Estado colombiano, víctima y victimario en un conflicto que ya dura más de medio siglo.