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Pablo de Greiff, director de Investigación del ICTJ, ha presentado su candidatura al puesto de Relator Especial para el Fomento de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) va a crear este nuevo puesto de relator especial para llamar más la atención sobre la rendición de cuentas cuando se han cometido crímenes graves y violaciones de los derechos humanos.

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial. Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y grupos legales apoyan la reanudación del juicio en Guatemala contra Efraín Ríos Montt, ex dictador militar, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. El juicio está entrando ya en su fase conclusiva con los alegatos finales por parte del Ministerio Público y los representantes de las víctimas, ayer y hoy.

Hoy comienza el debate oral y público del caso conocido como “Sepur Zarco”, por actos de violencia sexual y esclavitud doméstica y sexual cometidos por miembros del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1986 contra mujeres de dicha comunidad maya Q’eqchi’, así como por la desaparición forzada de varios hombres. Los acusados son el exmilitar Esteelmer Francisco Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Las organizaciones internacionales que suscriben este comunicado expresan su consternación ante el allanamiento de la residencia del abogado y defensor guatemalteco de los derechos humanos, Ramón Cadena, Director en Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, ocurrido el pasado 15 de agosto.

En Venezuela hay hoy un vacío de representatividad y de confianza en los actores políticos partidistas. Sin embargo, esta situación abre una oportunidad para otros actores y otras miradas, hasta el momento demonizadas por ambos extremos. La sociedad civil, con la legitimidad que le otorga su trabajo enfrentando la crisis humanitaria y defendiendo los derechos humanos, puede aprovechar esta oportunidad.

Cuando el vendedor ambulante tunecino de 26 años Mohamed Bouazizi se incineró el 17 de diciembre de 2010, su acción tuvo resonancia a lo largo de toda una región y desató lo que se conoce como la Primavera Árabe. Su grito hizo eco en todo el mundo, pues se trataba de una petición universal por la justicia, la equidad y el trato equitativo. En efecto, fue una petición en favor del Estado de derecho.

La justicia transicional tiene como misión primordial luchar por "abrir nuevos caminos hacia un futuro de paz y estabilidad". En países con pasados violentos o represivos -es decir, la mayoría- poner en marcha medidas de búsqueda de la verdad, justicia penal, reparación y reforma institucional es fundamental para poder establecer una cultura de justicia y de respeto al Estado de derecho.