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Súmese al presidente David Tolbert en la celebración de los 15 años del ICTJ, durante los cuales ha habido muchos momentos trascendentales, para nuestra organización y para la lucha mundial por la justicia.

A principios de mayo, el Congreso Nacional Africano (ANC) fue reelegido con una mayoría simple del 62% en las elecciones generales de Sudáfrica. En el 20 aniversario de las primeras elecciones democráticas que ganó Nelson Mandela en 1994, muchos celebraron el resultado de las elecciones generales como muestra de la prosperidad democrática del país.

De las muchas dificultades que surgen cuando se negocia una transición hacia la paz y el final de la guerra, una de las mayores puede ser la tensión entre dar prioridad a la paz o e insistir igualmente en la penalizaión de los crímenes de guerra.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

La justicia transicional es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos. Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. La justicia transicional no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los derechos humanos.

Afganistán es un trágico ejemplo de cómo un país en transición puede revertir drásticamente el arduo camino hacia la paz y la democracia y regresar a un abismo de violencia y represión a una velocidad vertiginosa. En el lapso de unas pocas semanas, los talibanes recuperaron el control del país. Cuando finalmente entraron en Kabul, el gobierno afgano respaldado internacionalmente colapsó. Ahora al mando, los talibanes no han perdido tiempo en demostrar su objetivo de volver a imponer el mismo gobierno extremista y opresivo, a pesar de las declaraciones iniciales que afirman un compromiso con la paz y los derechos humanos.

Hebert Veloza García, quien mañana recibe la primera sentencia en Justicia y Paz, nació el 4 de julio de 1967 en Trujillo, Valle del Cauca. Trabajó en cultivos de hoja de coca en el Guaviare, en el oriente de Colombia, y conductor de vehículos de servicio público y privado en Bogotá, en Acacías –Meta–, y en la región del Urabá antioqueño.

Este libro recopila relatos de víctimas del conflicto interno armado de Perú de 1980 a 2000. Cuentan una historia de exclusión y violencia perpetradas por el movimiento revolucionario Sendero Luminoso y por las fuerzas armadas peruanas. También expresan con orgullo memorias de resistencia y de tradiciones comunitarias, y son un modo importante de reconocimiento de la verdad. Además, demuestran la capacidad de las comunidades para contribuir en la reconstrucción de su país.

El caso por genocidio en contra del ex general y jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt ha adquirido recientemente una dimensión internacional. El 6 de noviembre, los abogados de las víctimas presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncia al Estado de Guatemala por la impunidad reinante con respecto a los crímenes de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la etnia ixil. La demanda sucede en un momento clave para el proceso, ya que durante los próximos días la Corte de Apelaciones de Guatemala deberá decidir si concede o no la amnistía a Ríos Montt por los crímenes cometidos durante la guerra civil.