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Con motivo del Día de la Justicia Internacional de 2014, el ICTJ se une a los actos que en todo el mundo celebran el trascendental establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, en virtud del cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI). A continuación, pasamos revista a cinco sistemas nacionales que han demostrado que sí es posible juzgar a los autores de crímenes donde tiene más sentido: ante las cortes del propio país.

En este artículo de opinión, el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils, defiende que la mejor manera de avanzar en la rendición de cuentas es centrar la asistencia en mecanismos nacionales especializados. "Los ciudadanos deben ver que sus instituciones nacionales funcionan y ahí es donde los tribunales pueden condenar los delitos y fortalecer los fundamentos del contrato que mantiene unida a la sociedad. En ese ámbito es donde la dignidad de un ciudadano puede adquirir su sentido pleno", escribe Seils con motivo del Día de la Justicia Internacional.

El ICTJ estrenará este jueves los documentales “Voces sobre la verdad y la memoria”, que retratan las demandas de tres colectivos especialmente afectados por el conflicto armado en Colombia –las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas– y su lucha por develar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que han sufrido.

La reciente reelección del presidente Juan Manuel Santos en Colombia aporta esperanza a un país que intenta poner fin a medio siglo de conflicto. Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de paz, puede resultar difícil llegar a un equilibrio entre un acuerdo estable y el reconocimiento de las terribles injusticias que han tenido lugar durante los enfrentamientos.

Este verano, se calcula que decenas de paramilitares y guerrilleros cobijados bajo el proceso de Justicia y Paz habrán pasado ya ocho años en prisión, aunque muchos de ellos todavía esperan juicio. Según lo establecido por la Ley de Justicia y Paz, aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones de contribuir a la verdad y a la reparación deberían ser puestos en libertad cumplidos los ocho años. En este artículo de opinión, la directora del programa del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, analiza las valiosas lecciones extraídas del proceso de Justicia y Paz.

Este informe es el resultado de la investigación llevada a cabo por la consultora Olga Lucía Gaitán para el Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ), con el propósito de analizar las sentencias proferidas por las salas de Justicia y Paz y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La edición y publicación del informe fue realizada por el ICTJ y financiada por la Embajada del Reino de los Países Bajos y la Embajada de Suecia.

Cuando se cumplen nueve años de la aprobación de la Ley de Justicia y Paz, el ICTJ analiza en un nuevo informe hasta qué punto estos procesos judiciales han contribuido a comprender y develar las el complejo fenómeno del paramilitarismo en sus dimensiones militar, económica y política, así como a determinar quiénes son los máximos responsables a través de 10 fallos emitidos en el marco de la Ley 975.

En la tercera sesión del Ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz, celebrado el 12 de agosto en Bogotá, el debate giró en torno a los diferentes mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz que podrían tenerse en cuenta en caso de que el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzasen un acuerdo para poner fin a 50 años de conflicto armado.

Este Manual fue elaborado en el marco del Convenio Marco de Cooperación entre el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la Fiscalía General de la Nación, suscrito con el fin de brindar asistencia técnica a la Unidad Nacional de Análisis y Contextos (UNAC) y apoyar el desarrollo de protocolos, procedimientos y metodologías relacionadas con la investigación y análisis de los crímenes de sistema.

Con el propósito de hacer frente a los desafíos judiciales que representan los crímenes de sistema y la criminalidad organizada, el ICTJ ha trabajado durante un año y medio con la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (DINAC) de la Fiscalía General de la Nación para consolidar una nueva forma de investigar penalmente los crímenes de sistema, que incluya un análisis en profundidad del contexto y conduzca al desmantelamiento de las estructuras criminales.