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El ICTJ aboga por la inclusión de la salud mental y el apoyo psicosocial (SMAPS) en todas las iniciativas de justicia transicional y lleva a cabo investigaciones sobre las mejores prácticas para este campo. Al frente de este trabajo está la experta senior del ICTJ, Virginie Ladisch. Es la autora principal del próximo informe, 'La búsqueda del bienestar de las personas': Incorporación de un enfoque psicosocial a la justicia transicional . En esta entrevista, Ladisch analiza la importancia de la SMAPS para la justicia transicional y su trabajo sobre el tema.

Esta es la intervención de la directora del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, en la primera rendición de cuentas de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia.

El 24 de agosto de 2009, Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, anunció que nombraba fiscal delegado a John Durham para empezar a revisar la posibilidad de que las leyes federales fueran violadas en los interrogatorios a detenidos específicos fuera de Estados Unidos. Esta revisión debe servir para recolectar información y establecer si se garantiza una investigación exhaustiva.

El ICTJ resalta la importancia del Auto No. 19 de determinación de hechos y conductas, emitido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP el día 26 de enero de 2021, en el marco del caso 01 que denominó “Toma de rehenes y graves...

Desde inicios de la década de 1980, los países de América Latina han experimentado diversos procesos de transformación política. Hablando en términos generales, ese cambio ha consistido en el paso de regímenes autoritarios a regímenes democráticos. En algunos casos específicos —tales como los de Guatemala y El Salvador— se ha tratado de procesos de pacificación después de confrontaciones armadas de tales proporciones que alcanzan el apelativo común de “guerra civil”.

Este informe evalúa la perspectiva de género de la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana (AUTJP por sus siglas en inglés). El documento identifica oportunidades para que los Estados miembros de la UA, la sociedad civil y los donantes fortalezcan la implementación de la política y revisa su capacidad de respuesta a las necesidades de género de las víctimas y las comunidades.