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Hoy nos enfrentamos a una crisis global de salud pública de proporciones sin precedentes. Solo el tiempo podrá decirnos cuán devastador será el COVID-19 para la vida humana. La velocidad vertiginosa a la que el virus se propaga no nos permite ser optimistas en el futuro cercano. En el ICTJ nos hacemos cargo de la gravedad de la crisis, y nos responsabilizamos por la salud y la seguridad de nuestro equipo, socios y comunidades donde trabajamos comprometidamente. El ICTJ es y continuará siendo, sobre todas las cosas, un apoyo y un punto de encuentro para todos aquellos que luchan por la justicia en los contextos más complejos. ​

América Latina es un continente pionero en la aplicación de enfoques de justicia transicional. Desde los 80 hasta la fecha, varios países han optado por establecer comisiones de la verdad, otorgar reparaciones a las víctimas y, en algunos casos, juzgar a quienes violaron los derechos humanos. A pesar de los avances, algunas democracias en la región son frágiles y diversos problemas del presente tienen su explicación en un legado mal asumido del pasado.

En febrero de 2024, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos organizó un evento en Seúl, Corea del Sur, para conmemorar el décimo aniversario de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en la República Popular Democrática de Corea. El experto principal del ICTJ, Rubén Carranza, habló en el evento y analizó las lecciones aprendidas relacionadas con formas no judiciales de rendición de cuentas. En esta entrevista, habla sobre por qué es necesario un enfoque más amplio de la justicia transicional y cómo las medidas de justicia transicional pueden ayudar a promover la paz y una posible reunificación en la península.

Reconociendo la necesidad de explorar las conexiones entre la justicia y el desarrollo en el contexto de los cambios históricos que están sucediendo en el mundo árabe, el ICTJ y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York han centrado la Conferencia Anual Emilio Mignone sobre Justicia Transicional en este tema. Hossam Bahgat, presidente de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales y uno de los líderes más destacados de la revolución popular egipcia, y Helen Clark, directora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, debatirán durante una conferencia que suele reunir a importantes figuras internacionales.

Este año, la Conferencia Anual Emilio Mignone sobre Justicia Transicional, coordinada por el ICTJ y el Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Mundial de la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York (NYU) se centró en la intersección entre justicia transicional y desarrollo internacional.

Puede que estemos asistiendo al fin del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental. El 17 de octubre se iniciaron en Oslo, Noruega, las negociaciones de paz entre el Gobierno y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que después continuarán en La Habana, Cuba.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

Cerca de cumplirse siete años de haber puesto en marcha el proceso de Justicia y Paz en Colombia, éste avanza en medio de controversias y de importantes reflexiones acerca del rumbo que debe seguir. ¿Cuáles han sido sus avances y cuáles sus deficiencias?

Miles de personas salieron a las calles en toda Kenia el 27 de enero tras el espantoso asesinato de más de una docena de mujeres para denunciar la violencia contra las mujeres y exigir medidas para ponerle fin. Además, los manifestantes se reunieron en Nairobi el 14 de febrero para una vigilia del Día de San Valentín en memoria de las más de 30 mujeres asesinadas en el país en lo que va del año. Buscaron presionar al gobierno para que declare el feminicidio y la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional y establezca una comisión para abordar estos crímenes y romper el ciclo de impunidad. Estos esfuerzos son loables e inspiradores. Sin embargo, la violencia física y sexual contra las mujeres y el feminicidio (a veces perpetrados por agentes policiales que, tal como está consagrado en la Constitución de Kenia de 2010, deben protegerlas) han persistido en Kenia durante décadas.