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La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Como parte de la nueva campaña digital "Reparations Build Justice", el equipo del ICTJ desea compartir el discurso inaugural pronunciado por la directora de programas y directora ejecutiva adjunta del ICTJ, Anna Myriam Roccatello, en una reciente conferencia sobre cuestiones relacionadas con la concesión de reparaciones a través de los tribunales penales internacionales. En sus comentarios, Roccatello describe el vínculo irrompible entre la rendición de cuentas y la reparación, así como el compromiso inquebrantable del ICTJ con las víctimas de abusos masivos de los derechos humanos.

El 22 de enero de 2025, el ICTJ lanzó su campaña digital “Las reparaciones construyen justicia”, cuyo objetivo es crear conciencia sobre las reparaciones y su contribución vital a la paz y la justicia sostenibles, en particular en países que buscan superar legados de atrocidades masivas.

A lo largo de 2024, los expertos del ICTJ ofrecieron su visión única sobre noticias de última hora y acontecimientos críticos en más de 11 países como parte del boletín World Report del ICTJ. Sus análisis se centraron en las fuerzas políticas y socioeconómicas en juego y lo que cada evento significa para las víctimas y la búsqueda de la paz y la justicia.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

Este informe, basado en datos y testimonios de ciudadanos sirios, tanto dentro del país como en la diáspora, recopilados por organizaciones de la sociedad civil, analiza las necesidades de justicia de las víctimas sirias de violaciones de los derechos humanos en el contexto de los debates en curso sobre el retorno de los refugiados. Examina críticamente los retornos forzados y los marcos jurídicos que los posibilitan y recomienda un camino a seguir para abordar las necesidades de justicia de las numerosas víctimas de Siria y promover la rendición de cuentas, la verdad y la reforma.

La caída del régimen de Bashar al-Assad tras 53 años de gobierno autoritario marca un momento significativo en la búsqueda de la justicia, la paz y los derechos humanos. Si bien esta transición abre la puerta a nuevas posibilidades, también pone de manifiesto los inmensos obstáculos y responsabilidades que nos esperan.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

La justicia comunitaria es el principal mecanismo de resolución de conflictos que utilizan la mayoría de las comunidades de Sudán del Sur. Sin embargo, su capacidad para hacer frente a violaciones masivas de los derechos humanos es limitada debido a la complejidad de la violencia intercomunitaria y a la falta de claridad sobre su función.