Los legisladores brasileños aprobaron un proyecto de ley que debilita drásticamente las salvaguardias ambientales del país y es considerado por muchos activistas como el mayor retroceso para la legislación ambiental del país en los últimos 40 años. La ley también restringe eficazmente los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales.
La nueva ley, conocida como el "proyecto de ley de devastación" y ya aprobada por el Senado en mayo, fue aprobada en el Congreso la madrugada del jueves por 267 votos a favor y 116 en contra, a pesar de la oposición de más de 350 organizaciones y movimientos sociales. Ahora pasa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene 15 días hábiles para aprobarla o vetarla.
“De cualquier manera, su aprobación es una tragedia”, dijo Suely Araújo, coordinadora de políticas públicas del grupo de la sociedad civil Observatorio del Clima, argumentando que la legislación, entre otras graves consecuencias, impulsaría la deforestación a gran escala y aumentaría el riesgo de desastres climáticos causados por el hombre.
"No hay precedentes de lo dañina que es esta ley", dijo, describiéndola, como lo han hecho varias otras organizaciones ambientalistas, como "el mayor revés para la legislación ambiental de Brasil" desde la década de 1980, cuando la licencia se convirtió por primera vez en un requisito legal en el país.
La ley también establece que los organismos responsables de proteger los derechos de las comunidades indígenas y quilombolas solo tendrán voz en los procesos de concesión de licencias para proyectos ubicados en territorios oficialmente reconocidos, lo que excluye más del 30 % de las tierras indígenas y más del 80 % de las áreas quilombolas que llevan años esperando su titulación oficial. De entrar en vigor, es probable que desencadene una oleada de impugnaciones legales, ya que activistas y expertos legales argumentan que viola la Constitución y fallos previos del Tribunal Supremo.
