La principal organización de derechos humanos de El Salvador, Cristosal, anunció el jueves su salida del país debido al creciente acoso y las amenazas legales por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele. La organización ha sido una de las principales críticas a Bukele, documentando los abusos en la guerra que libra el dictador contra las pandillas del país y la detención de cientos de venezolanos deportados en un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump.
Cristosal trabaja en El Salvador desde el año 2000, cuando fue fundada por obispos evangélicos para abordar las preocupaciones sobre derechos humanos y democracia tras la guerra civil del país. El jueves, la organización de derechos humanos anunció que había desalojado sus oficinas y trasladado a 20 empleados a los vecinos Guatemala y Honduras. Cristosal, discretamente, desalojó al personal y a sus familias antes de anunciar públicamente su partida por temor a ser objeto de persecución por parte del gobierno de Bukele. La decisión se tomó después de que su principal abogada anticorrupción, Ruth López, fuera encarcelada en mayo por cargos de enriquecimiento ilícito, cargos que la organización niega.
El gobierno de Bukele ha atacado a sus opositores desde hace tiempo, pero el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, afirmó que la situación llegó a un punto crítico en los últimos meses, dado que Bukele se ha fortalecido gracias a su alianza con Trump. "El claro ataque a nuestra organización nos ha obligado a elegir entre el exilio o la cárcel", declaró Bullock. "El gobierno de Bukele ha desatado una ola de represión en los últimos meses... Ha habido un éxodo de líderes de la sociedad civil, profesionales e incluso empresarios".
La huida de Cristosal del país supone un nuevo revés para el sistema de pesos y contrapesos en un país donde Bukele ha consolidado el control del gobierno. Bullock afirmó que no poder seguir trabajando en el país dificultará considerablemente que la organización continúe con su labor legal, en particular apoyando a las personas detenidas con escaso acceso al debido proceso.
