El sistema de justicia transicional de Colombia, establecido para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto civil que azotó al país durante décadas, ha imputado a varios exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anteriormente el grupo rebelde más grande del país.
Un grupo de 10 exrebeldes fueron acusados el martes de presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1996 y 2016.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional, afirmó que los acusados habían cometido crímenes de tortura, asesinato y desplazamiento forzado contra cinco grupos indígenas en el sureste de Colombia.
“Hoy hacemos justicia a los pueblos más olvidados de una Colombia segregada”, declaró la magistrada de la JEP, Catalina Díaz.
Explicó que los comandantes de las FARC habían ordenado a sus subordinados que colocaran minas terrestres en territorio indígena y destruyeran los ecosistemas de los que dependían las tribus para su supervivencia.
“A estas personas se les ha vulnerado su derecho fundamental a existir”, añadió Díaz.
Esta acusación formal es el ejemplo más reciente de los esfuerzos de Colombia por afrontar los abusos y la violencia de un conflicto civil que duró más de medio siglo y que resultó en graves violaciones de los derechos humanos.
