El final de 2022 en Venezuela estuvo marcado por señales de voluntad de todos los partidos de dar pasos concretos hacia la democracia. El gobierno y la oposición reanudaron las negociaciones y permitieron que Naciones Unidas administre un fondo por miles de millones de dólares en activos congelados, que se liberarían gradualmente para abordar la crisis humanitaria del país. Estados Unidos autorizó a la Corporación Chevron a reanudar operaciones limitadas de importación de petróleo venezolano. Finalmente, la Asamblea Nacional de 2015 votó a favor de poner fin al gobierno interino liderado por la oposición.
A primera vista, estas medidas podrían parecer controversiales. Disolver el gobierno interino es particularmente complicado, no exento de costos y riesgos de aumentar las divisiones. Sin embargo, en conjunto, podrían ayudar a aliviar la polarización y permitir que el gobierno, la oposición y aquellos que no se sienten representados por ninguno de ellos encuentren puntos en común. Además, pueden fortalecer la capacidad de los representantes del gobierno y de los principales partidos de oposición que negocian en México para responder preguntas fundamentales sobre la democratización y los derechos humanos.
Si bien estos son pasos iniciales para crear las condiciones de confianza entre las partes, también ofrecen oportunidades para mejorar las terribles circunstancias en las que viven actualmente muchos venezolanos. Ahora se deben implementar rápidamente programas humanitarios para abordar las necesidades urgentes de la población, incluyendo alimentación adecuada, atención médica, educación infantil y electricidad. Sin satisfacer estas necesidades básicas, es difícil creer en un camino hacia la democracia inclusiva.
Además, se deben respetar las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos: los presos políticos deben ser liberados; la policía debe poner fin a sus redadas violentas en comunidades pobres, atacando y matando a hombres jóvenes; y se debe poner fin inmediatamente a la práctica de la tortura y establecer controles estrictos para prevenirla en el futuro. Tomar estas medidas puede permitir a los negociadores discutir de manera abierta y creíble reformas políticas, judiciales y electorales y mejorar las posibilidades de llegar a acuerdos.
Si bien una transición a la democracia en Venezuela requiere reformas políticas y electorales, su éxito no puede limitarse a la celebración de elecciones libres y justas. Hay muchas lecciones para aprender de la crisis actual, y en particular del extenso desprecio a los derechos humanos, las políticas de exclusión y marginación y el colapso total de los servicios sociales. Sin embargo, para abordar de manera significativa la continuación de estas violaciones, se deben examinar sus causas fundamentales y la continuidad de los abusos y las injusticias que han estado presentes desde hace décadas. Extraer lecciones del pasado también puede ofrecer oportunidades para que quienes sufrieron violaciones y exclusión durante diferentes períodos de los últimos 60 años se unan para exigir reconocimiento y reparación.
Una futura democracia en Venezuela debe ser inclusiva, donde todos se sientan respetados y valorados. Luchar contra el legado de abuso y marginación del país, incluido el reconocimiento y la reparación de los daños duraderos, puede ayudar a restaurar la cohesión social y la confianza necesarias para la estabilidad política y el desarrollo económico. También puede garantizar que los históricamente excluidos (residentes de barrios urbanos empobrecidos, pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres) desempeñen un papel vital en una democracia venezolana inclusiva.
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FOTO: Un migrante venezolano que vive en una pequeña habitación sin electricidad en Perú cocina la cena para su familia el 1 de junio de 2020. De regreso en Venezuela, era cocinero profesional. (S. Castañeda/Unión Europea)
