Afganistán

Afganistán ha sufrido décadas de conflicto, lo que ha resultado en graves violaciones de derechos humanos por las que ha habido poca rendición de cuentas. ICTJ trabaja en Afganistán para ayudar a documentar abusos pasados y abogar por políticas.

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Imagen de una protesta de mujeres en Kabul contra la Ley de estado personal chiíta, que, según los críticos, legaliza la violación marital

Kabul, 2009 - Las mujeres protestan contra la Ley del Estatuto Personal chiíta, que, según los críticos, legaliza la violación conyugal. (Acebo Pickett)

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Antecedentes

Entre 1978 y 2001, Afganistán experimentó un golpe de estado comunista, una invasión soviética, una insurgencia muyahidines y un gobierno talibán severamente represivo. Las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y el derecho humanitario cometidas durante este período incluyeron asesinatos, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y discriminación étnica y de género.

Un ataque militar liderado por Estados Unidos en 2001 resultó en la caída del régimen talibán. Entre 2001 y 2011, se prestó cierta atención a los derechos humanos a través del establecimiento de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC) y el apoyo al desarrollo de medios independientes y la sociedad civil.

Sin embargo, muchos procesos de reconstrucción importantes, incluidos los esfuerzos de desarme, las elecciones y la reforma legal, no lograron mantener los niveles mínimos de responsabilidad. Muchas personas con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos encontraron el camino de regreso al poder.

Entre 2001 y 2005, el público afgano comenzó a discutir temas de justicia a través de la consulta nacional sobre justicia de AIHRC. Una señal clara de que muchos afganos apoyan firmemente las medidas de justicia y rendición de cuentas, la consulta impulsó la adopción por parte del gobierno de un plan de acción para la paz, la justicia y la reconciliación.

El deterioro de la situación de seguridad detuvo la implementación de este plan. En 2007, el parlamento aprobó un proyecto de ley que, con pocas excepciones, otorgaba una amnistía general para todas las violaciones cometidas durante los conflictos. Posteriormente, el proyecto de ley también fue aprobado por el presidente.

En 2010, ante la escalada de la insurgencia, el gobierno dio señales cada vez más claras de que tenía la intención de negociar con los talibanes y otros insurgentes. Hasta la fecha, se ha prestado poca atención a las cuestiones de rendición de cuentas en estas negociaciones.

Los actores de la sociedad civil y otros buscan asegurar que los llamados esfuerzos de “reconciliación” reconozcan los puntos de vista de las víctimas y preserven las posibilidades de futuras iniciativas de justicia.


El papel del ICTJ

ICTJ ha trabajado en Afganistán desde 2002, buscando promover políticas sensibles a la justicia en Afganistán.

Trabajamos con socios locales para garantizar que las preocupaciones de las víctimas y los problemas de justicia y rendición de cuentas se incluyan en el proceso político, y para preservar el espacio limitado disponible para promover los derechos humanos.

Asistencia técnica: Brindamos asistencia técnica y desarrollo de capacidades a AIHRC y otras organizaciones de la sociedad civil afgana con capacitaciones en defensa, documentación y estrategia.

Tutoría de organizaciones de la sociedad civil: ICTJ trabaja para ayudar a la sociedad civil a desarrollar proyectos innovadores y factibles y promover el trabajo local de derechos humanos, como a través de nuestros proyectos de teatro en curso.

Iniciativas de documentación en curso: La información es el elemento vital de cualquier esfuerzo de rendición de cuentas. Sin documentación, es fácil negar que se produjeron violaciones de derechos humanos. El ICTJ ayuda a las organizaciones locales a documentar las violaciones cometidas durante tres décadas de conflicto, protegiéndolas contra la pérdida de pruebas.

Asesoramiento a los responsables de la formulación de políticas: ICTJ trabaja con los responsables de la formulación de políticas nacionales e internacionales para garantizar no solo una conciencia de las violaciones que se han cometido, sino también para proponer soluciones viables para garantizar la rendición de cuentas y los avances hacia la reconciliación.