Argentina

Antecedentes: Treinta mil desaparecidos, pero «Nunca más»

Entre 1976 y 1983, una serie de juntas militares produjo la desaparición de más de 30.000 personas, dentro de una campaña de terror, tortura y secuestros. Desde la caída de la última junta en 1983, Argentina ha hecho un gran esfuerzo por enfrentarse al legado de esos abusos y para consolidar el Estado de derecho.

La búsqueda de la verdad, los juicios y las reparaciones han sido factores esenciales. En 1983 se creó por decreto presidencial la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Nunca más, versión abreviada del informe de dicha comisión sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar se convirtió en un superventas en el país. En 1985, nueve exmiembros de las juntas fueron juzgados y los procesos se convirtieron en un hito. Así se llegó a la condena de los expresidentes Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, los almirantes Emilio Eduardo Masera y Armando Lambruschini, y el brigadier general Orlando Ramón Agosti.

Ante la agitación imperante entre los militares de menor graduación, que temían ser sometidos a juicio, el Gobierno de Alfonsín decidió bloquear los procesos de rendición de cuentas penales, aprobando leyes que limitaban la responsabilidad legal de los soldados y el periodo de presentación de denuncias. Pocos años después, la sociedad civil asistió al desmantelamiento del buen trabajo realizado en los juicios anteriores cuando el presidente Menem decidió indultar a los miembros de las juntas condenados.

A pesar de estos reveses, el movimiento argentino de defensa de los derechos humanos y las familias de los desaparecidos continuaron exigiendo la rendición de cuentas. En 2003, la Corte Suprema argentina declaró inconstitucionales las leyes que impedían el procesamiento de militares.

En la actualidad, las autoridades argentinas manifiestan su apoyo al enjuiciamiento de crímenes pasados. Hasta 2010, 800 acusados se habían enfrentado a causas penales, de los cuales 200 habían sido condenados.

Los procesos actuales afectan a importantes dirigentes, autores directos de crímenes y cómplices civiles de los mismos, entre ellos sacerdotes, jueces y exministros.

Por otra parte, las asociaciones de defensa de los derechos humanos han presentado miles de solicitudes de quienes desean recibir las reparaciones aprobadas por el Congreso a comienzos de la década de 1990. Aunque las reparaciones fueron criticadas por considerarlas una herramienta política destinada a ocultar la impunidad que conllevaban los indultos, al final supusieron un importante programa que ayudó a consolidar la idea de responsabilidad del Estado y que sigue siendo un ejemplo para otras medidas de justicia reparadora en el mundo.

El papel del ICTJ

El ICTJ trabaja con asociaciones de la sociedad civil y organismos estatales para facilitar las causas penales, identificar crímenes de género y documentar las experiencias de Argentina en materia de justicia transicional.

Nuestro trabajo en Argentina, en colaboración con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), abarca:

• La justicia penal: proporcionamos asistencia técnica a los fiscales de la Nación y a ONG locales. Ayudamos al Ministerio Público Fiscal a desarrollar estrategias de denuncia y a comunicarse con las víctimas. En 2009 iniciamos un exhaustivo programa de localización de pruebas disponibles, para fiscales que esperan abrir nuevos casos.
• La violencia de género: ayudamos a identificar qué factores de género se esconden con frecuencia tras las violaciones sistemáticas de derechos humanos. En 2010 organizamos una conferencia para poner de relieve este problema. También hemos elaborado directrices que ayuden al Ministerio Público a identificar crímenes de género y hemos hecho público un artículo sobre el tema.
• Los medios de comunicación: les ayudamos a informar fielmente sobre cuestiones relacionadas con la justicia penal. En 2010, conseguimos mediante una campaña que en los juicios pudiera estar presente la prensa.
• La posibilidad de compartir conocimientos: la enérgica exigencia de justicia y de rendición de cuentas en Argentina proporciona importantes lecciones para el resto del mundo. Gracias a sus estudios y publicaciones, el ICTJ ayuda a documentar y difundir análisis de esas experiencias. A finales de 2011, el ICTJ publicará un libro sobre el caso argentino, con ocho artículos escritos por científicos sociales, abogados y fiscales.