Antecedentes
El conflicto en Siria comenzó en marzo de 2011, como una protesta popular pacífica contra el régimen de Bashar al Ásad. Los manifestantes fueron confrontados con brutal violencia por parte del gobierno y la protesta eventualmente evolucionó hacia una compleja guerra civil de gran escala entre el régimen de al Ásad y una oposición armada de actores estatales y no estatales, así como de varios aliados internacionales.
Las causas originarias de este conflicto datan de hace décadas. Las políticas represivas de Bashar al Ásad y su padre, quien lo precedió, crearon un estado totalitario en el que las tácticas de tortura, detención política y represión de las libertades civiles eran práctica común. Estas acciones estaban facilitadas por una ley de emergencia vigente desde hace más de cinco décadas, que permitió el establecimiento de un estado de excepción.
Este conflicto se ha caracterizado por desestimar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Cientos de miles de civiles han sido asesinados y aún más han sido sujetos de desaparición
forzada y/o tortura. La sociedad civil ha documentado ataques claramente dirigidos a las comunidades, los cuales han traído consigo la destrucción de más de 1.200 colegios. Uno de cada tres está destruido, dañado o es utilizado como refugio. Además, más de la mitad de los hospitales en Siria ya no prestan servicios de salud.
A medida que se acerca el fin del conflicto , el número de víctimas no ha dejado de crecer. Millones de ciudadanos sirios han sido desplazados forzosamente, incluso por fuera de su propio país. Los niños han sufrido daños particulares, incluyendo traumas duraderos, discapacidades, falta de educación y el riesgo de ser reclutados para la guerra.
Para la sociedad civil, los obstáculos para obtener reparación formal y adjudicar responsabilidad legal han sido una fuente significativa de frustración y cansancio. A pesar de esto, el interés en el rol de la justicia transicional para el país no ha disminuido.
El papel del ICTJ
En este contexto, el ICTJ ha apoyado a organizaciones sirias en la búsqueda de maneras innovadoras de documentar los abusos que aún continúan, reconocer las violaciones que han vivido y emprender la búsqueda de la justicia.
El ICTJ organizó el proyecto Save Syrian Schools (Salvar a los colegios sirios) para exigir justicia por los ataques a colegios y reclamar el fin de los asesinatos de niños en Siria. Esta colaboración, que une a 10 organizaciones sirias basadas en Turquía y el Líbano, ha trabajado en el fortalecimiento de los esfuerzos de documentación existentes, a través del desarrollo de estrategias colectivas para defender los derechos de los sirios y preparar el terreno para que se den procesos de justicia transicional en el futuro.
Para avanzar en los esfuerzos de mostrar el impacto humano del conflicto- en particular el sufrimiento de víctimas, familias y comunidades que se ven afectadas por los ataques a colegios- el ICTJ sostuvo una audiencia pública en Ginebra para presentar el análisis del grupo de trabajo sobre la destrucción de las escuelas y poner las voces de los sirios afectados por esos ataques, incluyendo sobrevivientes, en el centro de la discusión. En el evento, las víctimas sirias tuvieron la oportunidad de compartir sus experiencias frente a un “panel de conciencia”, un grupo de voces prominentes y defensores de la justicia, ofreciendo pruebas del impacto que tiene la destrucción de estos colegios en la vida de los sirios.
