Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.
En este diálogo entre el Estado y la sociedad civil organizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y el ICTJ, se realizó un interesante intercambio de ideas, reflexiones y propuestas en torno a los problemas concretos que hoy atraviesa la ley de Justicia y Paz.
Tras el saludo de Rikard Nordgren, subjefe de misión de la MAPP-OEA, María Camila Moreno, directora del Programa Colombia de ICTJ abrió el intercambio de ponencias. Moreno afirmó que la principal preocupación del ICTJ frente a Justicia y Paz es que la aplicación de este procedimiento especial de persecución penal “todavía no asegura que al final se obtenga una verdad judicial mediante la cual se develen y expliquen la composición, la estructura y el funcionamiento de los grupos paramilitares, en tanto que aparatos organizados de poder”.
“Los crímenes perpetrados por aparatos organizados de poder, cuyo número tiende a ser muy alto, suelen ser crímenes de sistema. Desde esa perspectiva, los crímenes son considerados como resultado del funcionamiento del aparato organizado de poder. La investigación y sanción de los crímenes de sistema, en consecuencia, no puede limitarse a la investigación de cada crimen como un hecho aislado, sino que exige la exploración detallada del aparato organizado de poder como sistema, cuyo principal rasgo siempre será la división del trabajo entre planificadores y ejecutores”, continuó Moreno.
En cuanto a la reforma de la Ley 975 (conocida como ley de Justicia y Paz),Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, expresó que ésta debe abarcar más allá de los postulados –nominados para ser juzgados a través de Justicia y Paz¬– que avanzan en el proceso. También debe contemplar qué hacer con los aproximadamente 3.600 postulados que han rechazado participar en el proceso o que simplemente no se han presentado. Asimismo, debe revisar cómo van a ser objeto de investigación aquellos que actuaron como soporte y financiadores de los paramilitares, entre ellos los empresarios y funcionarios del gobierno.
También hizo un llamado a la cautela con los criterios de selección y priorización: “Puesto que no se trata de una ley de transición en sentido estricto, ¿cuál es el fundamento para seleccionar casos?”. También llamó la atención frente a los efectos de la priorización de la Ley 975, y advirtió que, siendo una ley de reducción de penas, al priorizar a los máximos responsables, esos van a ser los primeros beneficiados. Finalmente, reclamó el derecho de las víctimas a participar, la difusión de las audiencias de Justicia y Paz, la revisión de las normas establecidas para la reparación, así como mayor compromiso en los procesos relacionados con la restitución de bienes.
Reparaciones y libertad
La magistrada Uldi Teresa Jiménez, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, manifestó que después de las primeras experiencias de Justicia y Paz comenzó un proceso de priorización orientado a los comandantes. Se manifestó contraria a la propuesta de la Fiscalía de posponer el incidente de reparación a las víctimas para que éste sea posterior a la sentencia con el fin de agilizar el proceso. Afirmó que las víctimas acuden multitudinariamente a este incidente: “Es que no han pasado uno ni dos, sino más de 10 años desde que ellas fueron victimizadas, y ahora se quiere posponer su reparación. El pilar fundamental de este proceso es el derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación, y no podemos posponerlo”.
La magistrada expresó preocupación por el cumplimiento de las medidas de reparación incorporadas en las sentencias. Hasta ahora, en la única sentencia de condena ejecutoriada, el caso Mampuján, se han cumplido sólo cinco de las 30 órdenes y exhortaciones que el Tribunal le impuso al Estado. “Estamos viendo falta de conocimiento, de compromiso, o la creencia errónea de que el proceso de Justicia y Paz termina con una sentencia”, concluyó Jiménez.
El representante a la Cámara Hugo Velásquez, ponente de la reforma de la ley, reiteró que el proceso no puede terminar en la sentencia y aseguró que “el país no solo tiene dificultades, sino también un criterio que prioriza la sostenibilidad fiscal sobre cualquier otra consideración”.
Por su parte, el vicefiscal general de la nación, Jorge Perdomo Torres, afirmó que la Fiscalía está “puliendo” el proceso de Justicia y Paz, que aún “tiene muchos problemas”. Entre ellos mencionó la vigencia de la Ley, que solamente abarca delitos cometidos hasta el 25 de julio de 2005, y se ha convertido en una dificultad para quienes se desmovilizaron después de esa fecha. También se refirió a la temporalidad de Justicia y Paz: “Tenemos que cerrar el proceso,saber hasta cuándo se pueden hacer postulaciones, tenemos que dar un debate de cara al país sobre los grandes problemas que tenemos en justicia transicional”. Entre ellos, mencionó el tema de la libertad, e hizo referencia a que los postulados tienen la expectativa de la pena alternativa. Así, los primeros solicitarían su libertad a finales de 2014. “Estamos a tiempo para ver qué vamos a hacer” , dijo refiriéndose a aquellos que no tengan sentencia.
El intercambio fue enriquecido durante la sesión de preguntas, con la participación de representantes de varias regiones del país y sus experiencias con las víctimas en el proceso de Justicia y Paz. Finalmente, se realizó una jornada de discusión entre los asistentes, organizados en cuatro mesas de trabajo. De esta manera, se profundizó el debate sobre la reforma de la ley de Justicia y Paz entre la sociedad civil y el Estado colombiano.
