Las graves violaciones de derechos humanos que tienen lugar durante los conflictos armados o los regímenes dictatoriales afectan profundamente la vida de los miembros de una sociedad, ya sea por la desaparición forzada, el abuso físico o el desplazamiento, entre muchas otras violaciones. Estos devastadores efectos de la violencia, sin embargo, no se limitan a la dimensión individual de los ciudadanos, sino que también tiene graves consecuencias para las comunidades y grupos sociales en su dimensión colectiva.
En Colombia, la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, fue aprobada por el Congreso en 2011 con el ambicioso propósito de reparar a las víctimas del conflicto armado de forma integral. Esta ley contempla –además de una serie de medidas de reparación individual como son la indemnización, la ayuda psicosocial o el acceso a la vivienda– varias políticas públicas de reparación colectiva. Estas políticas tienen como objetivo dignificar a las víctimas, reconstruir el tejido social y los proyectos de vida colectivos, recuperar la institucionalidad y fortalecer el Estado de Derecho, aportando así a la reconciliación y a la construcción de la paz.
Para hacer un seguimiento desde la sociedad civil al diseño y la implementación de las políticas de reparación colectiva, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), con la asistencia del ICTJ y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, ha creado el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva. El observatorio cuenta con la participación de organizaciones sociales y otros grupos para analizar las políticas puestas en marcha por el Gobierno, asesorar a los sujetos de reparación colectiva y fomentar el diálogo con las instituciones a cargo de la implementación de las políticas de reparación.
“Colombia debe enfrentar daños y victimizaciones colectivas cuyo resarcimiento no se puede limitar a la suma de reparaciones individuales, sino que deben diseñarse políticas encaminadas a garantizar la reparación de los daños causados a sujetos colectivos como pueden ser las mujeres, los pueblos indígenas o los sindicatos con acciones específicas de restitución, rehabilitación, indemnización y garantías de no repetición”, explicó Ana Cristina Portilla, asociada del programa del ICTJ en Colombia y especialista en reparaciones.
En constante diálogo con los colectivos afectados por el conflicto armado y las instituciones a cargo de su reparación, el observatorio busca contribuir a la formulación y puesta en marcha de normas y políticas públicas de reparación colectiva mediante ejercicios de investigación, análisis, sistematización y difusión de información relevante sobre el tema.
Algunos de los colectivos afectados de forma específica por el conflicto armado requieren de estrategias y medidas diferenciadas tanto a la hora de tratar y analizar sus afectaciones como a la hora de diseñar e implementar medidas que contribuyan a la reparación de los daños sufridos por estos grupos sociales como colectivo.
El observatorio está prestando mucha atención al asesoramiento de organizaciones de mujeres que ya están reconocidas como sujetos de reparación colectiva dentro del programa de reparación colectiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV para fortalecer el desarrollo de políticas de reparación colectiva que respondan a las afectaciones padecidas por las mujeres.
Las organizaciones sociales y otras agrupaciones que deseen ponerse en contacto con el Observatorio de Procesos de Reparación Colectiva pueden escribir a codhes@codhes.org.
Lea más sobre el trabajo del ICTJ en materia de reparaciones.
FOTO: Mujeres de la asociación ASMUM durante un plantón realizado en la región del Putumayo, en diciembre de 2013. ASMUM forma parte de La Ruta Pacífica de las Mujeres, un colectivo que agrupa a más de 300 organizaciones en toda Colombia que luchan por la paz y la afirmación de los derechos de las víctimas. (Camilo Aldana Sanín/ICTJ)
