BOGOTÁ, Mayo 13 de 2011. Al cumplirse hoy tres años de la extradición a Estados Unidos de altos jefes paramilitares colombianos bajo cargos relacionados con narcotráfico, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) realza la importancia de garantizar la investigación y el juzgamiento de los crímenes atroces perpetrados en Colombia.
En muchos de los casos, el procesamiento en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico ha afectado negativamente los incentivos que tienen los comandantes paramilitares para cooperar con los procesos judiciales colombianos por graves violaciones a los derechos humanos, y así, ha limitado las posibilidades de garantizar los derechos de las víctimas. La negativa de algunos comandantes a seguir con sus confesiones y testimonios limita las posibilidades que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer la verdad sobre el funcionamiento de las estructuras paramilitares y los crímenes que aún no han sido esclarecidos.
“La decisión soberana del gobierno colombiano de extraditar a estos individuos para ser juzgados y castigados exclusivamente por cargos de narcotráfico no exime al Estado de sus obligaciones de garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado”, dijo Michael Reed, director en Colombia del ICTJ.
La participación de los comandantes extraditados en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación es indispensable por cuatro razones: a) la posición jerárquica en el aparato criminal, y su consecuente conocimiento sobre el origen y funcionamiento de los grupos armados; b) su responsabilidad en la comisión sistemática de crímenes graves; c) el control que aún tienen sobre tierras y propiedades que según la ley colombiana corresponden a los programas de reparación y restitución; y d) la información que poseen sobre los financiadores y los colaboradores políticos y militares que auspiciaron la actuación de estos grupos.
Si bien la extradición es una herramienta legal y legítima en la lucha contra la impunidad, en este caso, la prioridad otorgada por EE.UU. a la persecución de los delitos asociados al narcotráfico por encima de los casos que acarrean violaciones a los derechos humanos pone en cuestión la finalidad de la figura. Dada la naturaleza de los delitos cometidos y la permanencia de estos hombres en suelo estadounidense, Colombia y EE.UU. comparten la responsabilidad para garantizar que se haga justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos y que las víctimas puedan ejercer plenamente sus derechos.
“Es preciso que en el marco de los acuerdos de colaboración en materia de justicia entre Colombia y Estados Unidos, los dos gobiernos adopten un acuerdo formal y público que facilite la efectiva judicialización de los crímenes atroces y garantice los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia”, afirma Reed.
Las víctimas y la sociedad colombiana han mostrado un fuerte interés en seguir de cerca la participación de los extraditados en el esclarecimiento de la verdad y en la judicialización de los crímenes cometidos en Colombia. Se debe garantizar la transparencia como valor suprema en la administración de justicia, tanto en función de los casos que se tramitan en EE.UU. como los que se llevan a cabo en la jurisdicción colombiana. El acceso a la información es un primer paso en el establecimiento de la confianza entre los ciudadanos, las víctimas y los respectivos aparatos de administración de justicia.
Después de tres años, las víctimas colombianas todavía no cuentan con recursos legales efectivos para reivindicar sus derechos y sus intereses. Las herramientas de participación en los procesos penales, que están previstas en el régimen colombiano, son de difícil materialización como resultado de la extradición. Los recursos legales disponibles a las víctimas en EE.UU. no brindan a las víctimas colombianas de violaciones graves de derechos humanos medios efectivos para intervenir y defender sus intereses. Por estas razones, los dos gobiernos deben llegar a un acuerdo específico que permita poner en marcha un mecanismo que facilite la participación de las víctimas y de su representantes legales.
