Miles de guatemaltecos han tomado las calles por 20 semanas seguidas para protestar contra la corrupción y la impunidad. El país está sumergido en una gran agitación social y política luego de que una investigación llevada a cabo por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público demostró que los más altos oficiales del Gobierno guatemalteco estaban profundamente involucrados en un esquema de corrupción multimillonario basado en fraude de aduanas, conocido como “La Línea”.
La investigación condujo a la renuncia y detención de la vicepresidenta de Guatemala, Roxanna Baldetti, y finalmente en la noche del miércoles el presidente Otto Pérez Molina también renunció, luego de que el Congreso votara unánimemente a favor de retirarle la inmunidad para ser procesado. La noche del jueves, un tribunal ordenó que Pérez Molina ingresara en prisión preventiva a la espera del inicio del juicio por corrupción.
Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales este domingo, 6 de septiembre, conversamos con la directora de Programas del ICTJ, Marcie Mersky, para analizar todos estos significativos acontecimientos.
Cinco meses atrás estábamos preocupados por la posibilidad de que la CICIG cerrara sus puertas y cómo esto contribuiría al incremento de la impunidad en Guatemala, mientras que hoy es en realidad una investigación realizada por la CICIG la que ha llevado a la decisión histórica de retirar la inmunidad al presidente, abriendo así las puertas a su enjuiciamiento. ¿Podría usted brevemente contarnos cuáles han sido los pasos dados por la investigación de la CICIG y cómo la Comisión ha jugado un rol esencial en demostrar la necesidad de una reformación institucional en Guatemala?
El comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, un fiscal colombiano muy comprometido que fue nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas para conducir esta fase del trabajo realizado por la CICIG, se tomó muy en serio la decisión de llevar a cabo este mandato hasta el final. En el mes de marzo parecía que la comisión iba a cerrar en septiembre, al finalizar el último ciclo de un mandato extendido de dos años, pero la decisión de continuar con la fuerza del mandato hasta la última instancia es lo que allanó el camino para llegar donde estamos hoy. Fue muy importante la ayuda prestada por los anteriores comisionados y el Ministerio Público (MP), quienes previamente identificaron esos lugares estratégicos en los que el crimen organizado, dentro del Estado mismo, ha logrado penetrar profundamente. Él tenía muy claro desde el principio que cuestiones como las aduanas y los impuestos se habían convertido en sustanciales polos de corrupción en los últimos 20 años y que estos estaban profundamente penetrados por el crimen organizado. Debemos reconocer también que esto no fue solamente logrado por la CICIG y sus investigaciones. El MP ya había avanzado la investigación cuantiosamente por varios años y la Comisión logró construir sobre esa base. La CICIG aportaron recursos técnicos, particularmente el uso de interceptaciones telefónicas autorizadas legalmente, las cuales fueron absolutamente fundamentales en esta investigación criminal. En estos momentos se habla de que fueron analizadas más de 80.000 llamadas interceptadas. Es decir, la contundente contribución técnica, basada en las investigaciones que ya estaban siendo lideradas por el MP, pero quizás no hubieran llegado a ningún lado sin el soporte técnico adicional fue clave, y contribuyó especialmente al proceso el peso político de la CICIG como cuerpo apoyado internacionalmente.
La red de corrupción, conocida como “La Línea”, básicamente incluía a funcionarios públicos que orquestaban acuerdos con importadores. Ellos recibían un soborno proveniente de los importadores a cambio de una reducción de los impuestos en los productos importados, generando pérdidas millonarias en ingresos sobre impuestos para el país y a la vez llenando los bolsillos de los funcionarios estatales, servidores públicos supuestamente, hasta llegar a la cúpula del presidente.
La gente probablemente ya sabe que las primeras acusaciones en este case de corrupción aduanera fueron originalmente realizadas a fines de abril contra 20 personas, incluyendo la secretaria privada de la vicepresidenta, Roxanna Baldetti. Cuando esto sucedió, ella, a causa de la presión pública, se vió forzada a renunciar durante las primeras dos semanas en las que se destapó el caso. Esta fue la primera evidencia de que este caso era enorme. En estos momentos hay más 40 acusados, no solo incluyendo al presidente y la vicepresidenta, sino también a sus secretarios personales, dos autoridades principales del ministerio de Finanzas Públicas, funcionarios de alto rango, obviamente, y varias personas que están ligadas a este inmenso anillo de corrupción.
No fue hasta el 21 de agosto que la Fiscal General, junto con la CICIG, imputó a la antigua vicepresidenta -quien fue arrestada el mismo día y ahora se encuentra en prisión- y demandó que el Congreso le retirara la inmunidad al presidente. Varios días después, el Congreso -capitaneado por miembros del mismo partido del antiguo presidente- dudó mucho a la hora de tomar esta decisión, pero finalmente, obligado por la presión pública, votó unánimemente a favor de retirarle la inmunidad al presidente y este renunció la noche del miércoles.
Otro ingrediente clave que quiero mencionar, por ser tan inusual, es la masiva movilización ciudadana en apoyo del sistema judicial. Por 20 semanas consecutivas los guatemaltecos se han manifestado pacíficamente en la capital y en otras ciudades regionales apoyando al sistema judicial, exigiendo el fin de la corrupción y la renuncia del presidente. Creo que sin esta energía cívica, sin la movilización de la población, especialmente de los jóvenes, quizás el esfuerzo judicial no hubiese logrado el resultado que obtuvo, con la renuncia del presidente y de la vicepresidenta. Esto también ha sido un punto clave en el proceso.
¿Hay alguna conexión entre la situación actual con Otto Pérez Molina y la guerra civil en el país?
Absolutamente. Rmontándonos a los años 1960, 70 y 80, el Estado ha sido visto como una fuente de enriquecimiento para los sectores emergentes, incluyendo el sector militar. En el comienzo de la guerra civil, en la década de 1970, había un Gobierno militar extraordinariamente corrupto encabezado por Romeo Lucas García. Fueron años de dura represión física, es decir, desaparición de personas, masacres y asesinatos políticos; estos fueron tan intensos que en en proceso de reconstrucción de nuestra memoria, los casos de corrupción han sido un poco olvidados. Pero de alguna manera el Gobierno de Lucas García a comienzos de los años 80 planta la noción de que "el Estado es una fuente de enriquecimiento si yo ejerzo el poder político". Y básicamente se mantuvo así durante la guerra civil y tras el fin de la guerra civil también, desafortunadamente. Esto tiene que ver en parte con el hecho de que la oligarquía mantiene un control tan estricto sobre la riqueza del país -especialmente los recursos naturales, pero ahora también a través de las instituciones financieras-, que para los sectores emergentes el Estado se convirtió en un lugar de saqueo, de enriquecimiento ilícito.
El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, era un general del Ejército, un oficial de inteligencia ciertamente implicado en el genocidio en la región Ixil, en la que el ostentaba una importante posición como mayor del Ejército de entonces. Así que bajo el actual Gobierno subyacen tanto la idea de que el Estado es para hacerse rico si se controla, como también la propia guerra.
Estas estructuras clandestinas dentro del Estado, que se enriquecen por medio de controlar el poder, tienen sus raíces en esas estructuras de inteligencia militar que se remontan a la década del 1970. Hay un factor común que pervive y que proviene de esas estructuras de inteligencia militar. En realidad, es una de las debilidades del proceso de paz, y quizás del proceso de justicia transicional, el hecho de que estas estructuras nunca fueron completamente eliminadas y nunca se pudo llevar a nadie a juicio por sus acciones. Nunca fueron apartados de la posibilidad de participar y hacer daños al país. Creo que la CICIG fue en verdad creada para ayudar a erradicar esas estructuras, las cuales permanecieron resguardadas en el Estado y poseen una gran influencia en cuanto a corrupción, tráfico de drogas y todo tipo de operaciones ilícitas. Es ahora que estamos viendo los frutos de ocho años muy difíciles para la CICIG y para el Ministerio Público, pero al mismo tiempo enormes avances en el compromiso con la justicia, la capacitación técnica para poder hacer realidad este compromiso, y la fuerza política en la ciudadanía de este país que está dispuesta a luchar por estos objetivos.
Esta no es la primera vez que un presidente guatemalteco ha estado ligado a un escándalo de corrupción y ha abandonado su puesto. ¿Podría usted explicar qué pasó con los expresidentes Jorge Serrano Elías y Alfonso Portillo? ¿Qué revela la crisis actual de Pérez Molina en relación con estos casos previos?
Esta es la tercera vez en los últimos 20 años que un presidente ha caído bruscamente en Guatemala. Las veces anteriores a Pérez Molina, estas caídas han llevado a cambios menores, el sistema se ha mantenido. El verdadero reto es qué hacer de ahora en adelante y cómo lograr que esto cambie. En 1993, el presidente Serrano Elías lideró lo que fue llamado un "auto-golpe"; básicamente decretó que el Congreso, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, y otras instituciones fueran desmanteladas. Gracias a otro importante movimiento cívico -quizás fue entonces, hace 20 años, la última vez que tantas personas se lanzaron a las calles a defender la institucionalidad del país- Serrano Elías fue expulsado por la Corte Constitucional, la cual desobedeció el decreto presidencial, y fue forzado a abandonar el país con destino a Panamá, donde todavía reside. Nunca enfrentó la justicia por las ilegalidades y la corrupción que dirigía.
El Presidente Alfonso Portillo, quien fue presidente de Guatemala desde el año 2000 hasta el 2004, diez años después de Serrano Elías -desafortunadamente presenciamos estos ciclos de 10 años- fue imputado en Guatemala por lavado de dinero y corrupción. Los Estados Unidos también estaban interesados en el caso, porque el dinero fue lavado a través de bancos estadounidenses, así que fue eventualmente extraditado a los Estados Unidos. Allí pasó un par años en una prisión federal y fue recientemente dejado en libertad. Ahora ha regresado a Guatemala, donde ha intentado lograr un escaño en el Congreso de nuevo.
Estas son señales de precaución en este tiempo de efervescencia cívica y el entusiasmo sobre el potencial para cambiar el sistema, pero esta no es la primera vez que esto ocurre y creo que será necesario un esfuerzo enorme por parte del sistema judicial y la acción cívica en conjunto. En el ICTJ hablamos de las "fuerzas sociales activas": si en algún momento hay un ejemplo de fuerzas sociales activas jugando un rol esencial en acompañar al sistema judicial es ahora y creo que eso es lo que estamos viendo en Guatemala, son ellos los que están liderando el clamor por el cambio en el país.
En cuanto al sistema judicial, como hemos visto tantas veces en Guatemala, el cambio puede tomar mucho tiempo, puede recorrer un camino muy torcido y enrevesado. Mientras hay inmensos e importantes islas de independencia en la judicatura, esto no está ni mucho menos generalizado. Este Gobierno y el partido que probablemente gane las elecciones, si finalmente suceden este domingo, han llenado las altas cortes de miembros a su favor, así que hay muchos desafíos en lo que concierne a la justicia también.
Ha habido también algunos acontecimientos importantes en cuanto a juicio por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt. La semana pasada el tribunal decidió que el juicio se va a reanudar, pero que Ríos Montt no podrá ser sentenciado porque sufre demencia. ¿Qué significa esto para las víctimas? ¿Cómo han reaccionaod ante este nuevo giro inesperado en su interminable lucha por justicia?
Las victimas están convencidas de que ya tienen una sentencia, de que ya hay una validez ética, moral y judicial en la sentencia que obtuvieron en 2013. Todas mis conversaciones con las víctimas, abogados y organizaciones que han estado trabajando con ellas me transmiten que lo tienen muy claro. No hay duda de la validez de la sentencia, su contenido y la condena.
A la vez, hay una enorme frustración por la falta de independencia, por la habilidad del sistema en dar giros y vueltas a las víctimas, pero están profundamente comprometidas en seguir adelante aún con estas estas inusuales circunstancias de llevar a cabo un procedimiento privado, un juicio no abierto al público, en el cual Ríos Montt tiene un tutor legal representándolo. El único resultado posible es establecer medidas de seguridad en su contra, pero Ríos Montt ya no podría ser sentenciado a prisión o nada en esa tesitura. El juicio se ha postergado para enero del próximo año. No se sabe si él aguantará tanto tiempo.
Otro interesante giro en este proceso es el que ha tomado el otro acusado en el juicio por genocidio, el exgeneral Mauricio Rodríguez Sánchez, quien había sido el jefe de inteligencia militar de aquel entonces. Él fue declarado inocente en el primer juicio, pero está siendo juzgado otra vez igual que Ríos Montt. Su abogado, que también es ahora el abogado defensor del expresidente Pérez Molina, reclama que su cliente no puede ser juzgado de nuevo por un crimen del cual ya fue absuelto y que la sentencia de la Corte Constitucional que exigía la repetición del juicio es ilegal. Esto significa que, de hecho, su defensa coincide con la postura de las víctimas.
Esta semana los guatemaltecos han salido de nuevo a la calle para manifestarse. Sus demandas son claras: basta ya de impunidad y corrupción. El país está inmerso en una profunda conmoción política, el presidente acaba de renunciar y espera juicio en prisión, mientras las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo domingo, 6 de septiembre. ¿Hay alguna posibilidad real de cambio para Guatemala?
Yo soy muy optimista, porque esta es la única forma de hacer este tipo de trabajo. Lo que estamos presenciando hoy no surge de la nada, sino que es fruto del esfuerzo de muchos años de presionar al sistema judicial, de indagar, movilizar y exigir a la judicatura. Yo pienso que es una lección asombrosa para todos nosotros que trabajamos en procesos transformacionales a largo plazo: hay que seguir insistiendo, ya que puede dar resultado. Creo que hay grandes desafíos para mantener esta misión y para encontrar la manera de canalizar esa energía cívica hacia el sistema político. Hay elecciones el domingo para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y miembros del Congreso. Los partidos con más opciones tienen la misma mentalidad de usar el Estado para lucrarse, así que el resultado será muy complicado sea cual sea, y ciertamente quien resulte electo no tendrá suficiente legitimidad.
Falta mucho por ver, hay numerosas propuestas para una reforma profunda sobre la mesa que se han ido construyendo con años de trabajo y que incluyen la judicatura, los partidos políticos y su financiamiento, mecanismos anticorrupción y reformas electorales. Estas propuestas están todas sobre la mesa, pero necesitan de la acción civil y política en los próximos años para llegar a la confección de un Congreso cuyos candidatos no anhelen ocupar sus puestos para enriquecerse. Costará mucho que actúen de forma que realmente permita la implementación de las necesarias reformas en profundidad del Estado. Pero estas cosas pasan poco a poco, así que confío en que este proceso propiciará algunas reformas y que entre los jueces y fiscales se expandirá la mentalidad de que la sociedad está felizmente dispuesta a gratificar a los funcionarios públicos que defiendan sus derechos.
PHOTO: Un niño ondea una bandera de Guatemala delante de la Corte Suprema en Ciudad de Guatemala, el 22 de julio de 2015. (Luis Soto/AP Photo).
