El último “ICTJ reporta” indaga en los problemas de la justicia transicional en Colombia y hace un seguimiento de nuestro trabajo en el país que sufre el conflicto armado más longevo del mundo. En esta entrevista, la directora de la oficina del ICTJ en Colombia, María Camila Moreno, responde a preguntas sobre los mecanismos de justicia transicional aplicados actualmente en el país y describe la colaboración del ICTJ con asociaciones de la sociedad civil en cuestiones como justicia penal, reparaciones y memoria. Proporciona asimismo una mirada de futuro a las nuevas negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, identificando qué cuestiones clave de la justicia transicional están en juego en ellas.
Colombia es escenario del conflicto armado más longevo del hemisferio occidental, que ha afectado a miles de ciudadanos y al tejido social del país. Los intentos pasados y actuales de conseguir rendición de cuentas, reforma institucional y reparación para las víctimas del conflicto han sido y son múltiples. ¿Podría hacer un breve repaso a las iniciativas de justicia transicional más importantes que se han aplicado o aplican actualmente en Colombia?
Hasta la fecha, las iniciativas de justicia transicional más relevantes registradas en Colombia han sido las posteriores a 2005, cuando se inició el proceso de desmovilización de más de 30.000 miembros de grupos paramilitares, responsables de cientos de miles de violaciones de los derechos humanos, entre ellas muchas consideradas crímenes por el derecho internacional.
La Ley de Justicia y Paz de 2005 promovió procesos penales especiales que permitían la imposición de sentencias reducidas (un máximo de ocho años) a cambio de que los procesados hicieran confesiones completas y colaboraran en las reparaciones. El Gobierno identificó a 4.000 paramilitares susceptibles de ser juzgados dentro de ese marco. De esos casos, casi 2.000 están ahora en diferentes fases de instrucción, pero, lamentablemente, siete años después de la aprobación de la ley tan solo tres personas han recibido sentencias firmes.
Hasta el momento, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz no ha promovido suficientemente ni justicia, ni verdad, ni reparaciones. Las confesiones realizadas durante el proceso han documentado miles y miles de crímenes, haciendo posible la exhumación de casi 42.000 restos de personas desaparecidas, pero aún no se ha esclarecido toda la verdad.
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Las vistas no han dilucidado, por ejemplo, quién ayudó, promovió y financió a las organizaciones armadas, una información esencial para desmantelarlas por completo. El proceso tampoco ha logrado devolver a sus legítimos propietarios bienes adquiridos ilegalmente y, en contra de lo que contemplaba la ley, ha hecho poco por ofrecer reparaciones a las víctimas. |
Desde 2010, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha abordado la justicia transicional de un modo más sistemático. En primer lugar, para enfrentarse al problema que planteaban los miles de paramilitares desmovilizados no afectados por la Ley de Justicia y Paz, se aprobó una nueva ley, (la Ley 1424, de diciembre de 2010) que exige a los desmovilizados no sospechosos de crímenes graves su participación en un nuevo proceso de esclarecimiento de la verdad. Este nuevo proceso lo dirigirá el Centro de Memoria Histórica, una institución pública que está a cargo de las políticas de memoria relacionadas con el conflicto armado en el país. Gracias a este nuevo mecanismo, que se espera comience a funcionar a finales de este mes, los paramilitares darán información sobre las acciones, estructura y apoyos de los grupos armados ilegales, a cambio de la suspensión de sentencias por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y otros crímenes menores. El ICTJ está colaborando estrechamente con el Centro de Memoria Histórica en el desarrollo de la metodología necesaria para llevar a cabo esta importante empresa, que esperamos proporcione a la sociedad colombiana nuevos elementos sobre la verdad del conflicto.
Por otra parte, hay una exhaustiva Ley de Víctimas que, aprobada en junio de 2010, pretende ofrecerles una reparación integral sirviéndose de medidas individuales y colectivas, entre ellas indemnizaciones monetarias, rehabilitación y restitución de tierras. Pero como hay más de 4 millones de víctimas, la aplicación es tremendamente compleja. El Gobierno colombiano creó un nuevo organismo, conocido como «Unidad de víctimas», para coordinar esta labor. Su principal desafío radica en conseguir la necesaria colaboración institucional entre numerosos organismos públicos e implantar mecanismos que permitan una intensa participación de las víctimas.
Para nuestra labor de apoyo a la aplicación de la Ley de Víctimas, partimos de nuestra experiencia en otros países, centrándonos sobre todo en el diseño de las reparaciones colectivas, que podrían proporcionar un foro en el que integrar las acciones del Estado respecto a la verdad, las propias reparaciones e incluso la justicia penal.
En los últimos 10 meses, el Gobierno también ha comenzado a desarrollar algunas de las condiciones necesarias para pactar una solución política del conflicto con las organizaciones guerrilleras (de las cuales la más importante son las FARC).
Para la justicia transicional, lo más relevante es que, después de un arduo debate, el Congreso aprobara una reforma constitucional conocida como Marco Legal para la Paz. Al proporcionar una base jurídica a la priorización y selección de casos, la reforma facilitará la reorientación de los procesos penales siguiendo líneas estratégicas, centrándose especialmente en la identificación y procesamiento de los máximos responsables de las violaciones de derechos cometidas durante el conflicto.
| Por otra parte, la reforma constitucional proporciona un marco para que el Congreso apruebe otras leyes, destinadas, entre otras cosas, a redefinir qué conductas se considerarán relacionadas con crímenes políticos (y por tanto potencialmente susceptibles de algún tipo de amnistía o indulto) con vistas a permitir la participación política de antiguos insurgentes; a establecer un trato distinto para cada una de las partes en conflicto; a crear nuevos mecanismos judiciales y no judiciales que garanticen la obligación que tiene el Estado de investigar y castigar los crímenes cometidos durante el conflicto, y a crear una comisión de la verdad. |
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Los últimos meses de debate público han sido importantes para generar una interpretación común sobre los desafíos que conlleva alcanzar la paz y han ayudado a identificar qué parámetros podrían ser aceptables respecto a la rendición de cuentas por crímenes cometidos durante el conflicto. Aunque está claro que la reforma constitucional representa un importante paso hacia las negociaciones, en su mayor parte los pormenores de la rendición de cuentas se precisarán realmente durante la aplicación de las leyes.
Vamos a seguir muy de cerca esos debates para intentar plantear los mejores ejemplos prácticos internacionales y la enorme complejidad política y jurídica de Colombia.
El 17 de octubre está previsto que se inicie en Oslo una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC. Muchos colombianos confían en que sirvan para alcanzar una paz sostenible. Para los negociadores, ¿cuál será el principal desafío en materia de rendición de cuentas? ¿Cómo influirán los procesos de justicia transicional vigentes en las negociaciones, y viceversa?
Para los negociadores, el principal desafío radica en saber que el fin del conflicto con las FARC depende de que éstas, a cambio de poder participar en el espacio político, entreguen las armas. Probablemente, esto supondrá que haya amnistías o indultos para crímenes políticos o conexos y la aplicación de otras medidas de rendición de cuentas respecto a otros delitos. Se considera que los jefes militares de las FARC son los máximos responsables de los abusos graves y una legislación penal normal les impediría participar en la vida política futura.
No obstante, la Constitución de Colombia contempla la posibilidad de amnistiar o indultar a autores de delitos como el de sedición y otros de carácter político, así como a los responsables de "delitos conexos", para que puedan participar en actividades políticas y ser elegidos.
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Durante las negociaciones, los legisladores suelen toparse con el problema que supone definir los crímenes políticos y conexos con flexibilidad suficiente como para que no supongan un obstáculo insalvable para la paz, pero sin llegar a vulnerar el derecho internacional o transmitir imagen de impunidad. Dicho esto, la reforma constitucional antes mencionada excluye claramente los crímenes contra la humanidad y el genocidio de las conductas conexas con los delitos políticos. |
Dentro de estos límites, los desafíos de Colombia siguen siendo de gran complejidad. El ICTJ espera desarrollar análisis sobre esas cuestiones que puedan facilitar las negociaciones. El hecho de que cada vez haya más conciencia de los procesos de justicia transicional ha servido de base para debatir qué medidas de esa índole surgirán en un posible acuerdo de paz con las FARC. Los últimos siete años de trabajo a este respecto también han ayudado a que la opinión pública reconozca los derechos de las víctimas y a que sea más consciente de los procesos de verdad y memoria. Antes de 2005, en nuestra sociedad apenas se mencionaban conceptos o categorías de justicia transicional como el de "víctimas". En Colombia, donde la criminalidad es un problema enorme y sistémico, nuestras experiencias nos han demostrado que la justicia transicional, entendida como un enfoque integrado para la búsqueda de rendición de cuentas, es clave para el desarrollo de una paz sostenible.
Aparte de algunos procesos aislados, el Estado colombiano no ha investigado ni juzgado a los máximos responsables de crímenes sistemáticos y masivos. Para algunos, si no se devela el papel de los actores empresariales y políticos en la comisión de crímenes y la corrupción de las instituciones del Estado la transición colombiana no triunfará. ¿Cuáles cree usted que son las prioridades a este respecto? ¿Hay voluntad política en las instituciones competentes para perseguir a los principales responsables? ¿Está colaborando el ICTJ con el sistema judicial en este sentido?
El ICTJ ha subrayado la necesidad de desmantelar las estructuras criminales responsables de violaciones masivas de los derechos humanos. Hasta el momento, la Ley de Justicia y Paz no ha servido para revelar totalmente la identidad de los máximos responsables, entre ellos quienes apoyaron política y monetariamente a las organizaciones paramilitares y determinaron sus actividades. Aunque durante 2012 las investigaciones han empezado a apuntar algunos de esos nombres, el foco sigue estando principalmente en los mandos militares de esas organizaciones, lo cual no refleja verdaderamente su complejidad estructural ni todos los factores que las hicieron viables.
Para avanzar en los procesos penales, el principal obstáculo es la ausencia de una forma eficaz de abordar los crímenes sistemáticos, centrada en desentrañar cómo funcionaron realmente y en identificar a los máximos responsables. El ICTJ ha dado asistencia técnica a los tribunales de Justicia y Paz creados en Bogotá y Medellín para que realicen análisis que reflejen la complejidad estructural y las redes de apoyo que hicieron posibles esos crímenes. Más recientemente, el ICTJ ha comenzado a proporcionar asesoría técnica a la Fiscalía General de la Nación con vistas a la creación de su Unidad Nacional de Análisis y Contexto, que parte de nuestra experiencia con ese tipo de análisis en Colombia y en varios países más.
En la sociedad colombiana las cuestiones relativas a la memoria y la memorialización tienen una gran importancia. En el ámbito local, hay numerosas iniciativas de la sociedad civil; a través del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, el Estado ha patrocinado informes sobre la conservación de la memoria del conflicto; el ICTJ se ha asociado con organizaciones como el Centro de Memoria Histórica y el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá para promover el desarrollo de la memoria nacional del conflicto. ¿Cómo pueden contribuir las iniciativas de memoria a que la sociedad colombiana haga balance del sufrimiento causado por el conflicto?
Las iniciativas de memoria ayudan a abordar el impacto que la violencia tiene sobre las víctimas y el conjunto de la sociedad. En Colombia, las comunidades victimizadas lo saben de forma muy intuitiva y no dejan de organizar iniciativas de memorialización como marchas con velas, regresos simbólicos a las localidades de las que fueron desplazadas y otras actividades que mantienen vivas sus tradiciones. Esas iniciativas de memoria ayudan a reconocer la dignidad de las víctimas y pueden concienciar más a la población sobre los costes que tuvo el conflicto para miles de compatriotas.
| A pesar de esas iniciativas, aún estamos lejos de poder decir que gran parte de los colombianos, ni el conjunto de la sociedad, sea consciente del impacto real que la violencia ha tenido sobre las víctimas. Y estamos todavía más lejos de ser una sociedad que reconozca hasta qué punto el conflicto ha corrompido las instituciones y que, por tanto, aspire a reformarlas. |
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Hemos apoyado a algunas comunidades en sus iniciativas de memoria, como a los indígenas nasa del Cauca, a través de ACIN, su principal organización. Y también hemos intentado influir en las políticas de memoria pública, ayudando, por ejemplo, a que las comunidades participen en iniciativas como el encuentro Memoria: política pública para la transformación, que en noviembre pasado articulamos junto a otras asociaciones. Decenas de organizaciones de todo el país interesadas en la memoria utilizaron ese foro para debatir con representantes del Gobierno sus propuestas sobre la función del Museo de la Memoria y el Centro de Memoria Histórica, ambos creados en aplicación de la Ley de Víctimas.
Posiblemente la fuerza más activa en los procesos de justicia transicional colombianos sea su vigorosa sociedad civil. En ámbitos locales, muchas organizaciones de derechos humanos y asociaciones de víctimas han iniciado procesos populares de esclarecimiento de la verdad o memoria histórica como los que usted describe. ¿Qué peso han tenido las iniciativas de la sociedad civil y cómo las apoya el ICTJ?
En Colombia, como en cualquier otro país, la sociedad civil desempeña un importante papel en la justicia transicional. En todo el país las ONG apoyan a las víctimas en diversos aspectos: algunas les ofrecen asistencia jurídica y otras se especializan en darles apoyo psicosocial o en ayudarles a acceder a las reparaciones. Además, como ya he dicho, las organizaciones de la sociedad civil han hecho una gran labor de memorialización. También han realizado investigaciones sobre cuestiones relacionadas con el género y la infancia durante el conflicto.
El ICTJ trabaja para aumentar la participación y acrecentar la influencia de la sociedad civil en el desarrollo de las medidas de justicia transicional, sobre todo creando oportunidades de debate entre organismos oficiales y representantes de organizaciones sociales. Además, contamos con un foro permanente de organizaciones no gubernamentales en varias ciudades en el que debatimos sobre rendición de cuentas y asesoramos sobre cuestiones de justicia transicional. Este foro también nos ha enriquecido, proporcionándonos bases reales para formular nuestros análisis y recomendaciones públicas.
El ICTJ lleva varios años trabajando en Colombia y, aparte de su sede central en Nueva York, su principal oficina está en Bogotá. ¿Qué influencia ha tenido sobre los procesos de justicia transicional colombianos nuestra presencia en el país y cómo ve usted el futuro de nuestro compromiso aquí?
Yo diría que el ICTJ ha desempeñado un papel fundamental en el proceso de justicia transicional de Colombia, al intentar trabajar con todos los actores del proceso. Lo primordial es que ha compartido sus conocimientos y recomendaciones con los encargados de elaborar las políticas de justicia transicional y las instituciones que las aplican. También hemos trabajado muy estrechamente con el sector judicial, es decir, con la Corte Suprema de Justicia y con organismos relacionados con el proceso de Justicia y Paz.
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El ICTJ continúa trabajando con diversas organizaciones de la sociedad civil y de víctimas para desarrollar una interpretación común de la justicia transicional y para que, gracias a ese trabajo, se pueda influir eficazmente en la planificación de las políticas pertinentes. Además, seguimos incrementando la colaboración con sectores de la comunidad internacional que promueven la justicia transicional en Colombia, para compartir análisis y perspectivas sobre desafíos comunes. |
Durante los últimos siete años, el ICTJ ha contribuido a una mejor comprensión de la justicia transicional en un país que, ahora que afronta violaciones de los derechos humanos sistemáticas y prolongadas, necesita un enfoque integral. Y como los actores implicados son diversos, y relacionados de diversas maneras con el conflicto, es más importante que nunca abordar de forma integral las medidas vigentes y futuras de justicia transicional.
Los retos que plantea la justicia transicional en Colombia siguen siendo de los más difíciles del mundo, pero el ICTJ ha demostrado que está dispuesto a encararlos y que es capaz de hacerlo.
Fotografía: Asistentes a una manifestación delante de la Corte Constitucional, Bogotá, 13 de junio de 2012. EITAN ABRAMOVICH/AFP/GettyImages
