Cuando se cometen crímenes masivos como el genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, los juicios que se llevan a cabo en los países donde han sucedido estas atrocidades contribuyen a reafirmar los derechos fundamentales y la dignidad de las víctimas, así como a fortalecer el Estado de derecho. Estos juicios solo son posibles cuando se cuenta con la voluntad política, los recursos adecuados y la capacidad técnica necesarias en el ámbito nacional. La Corte Penal Internacional (CPI) –a pesar de su importante rol como último recurso– solo podrá hacerse cargo de unos pocos casos que correspondan a crímenes internacionales en aquellos países donde no haya el deseo o la capacidad de juzgarlos.
El Estado tiene la obligación de asegurar que los ciudadanos pueden confiar en sus cortes y su capacidad de investigar atrocidades de forma rigurosa, sin importar quién sea el autor de los crímenes. Como dice el vicepresidente del ICTJ, Paul Seils: “No es que hacer justicia fuera del propio país carezca de sentido, pero sí significa menos”.
Con motivo del Día de la Justicia Internacional de 2014, el ICTJ se une a los actos que en todo el mundo celebran el trascendental establecimiento del Estatuto de Roma en 1998, en virtud del cual se constituyó la Corte Penal Internacional (CPI). A continuación, pasamos revista a cinco sistemas nacionales que han demostrado que sí es posible juzgar a los autores de crímenes donde tiene más sentido: ante las cortes del propio país.
Alemania
"Si los sobrevivientes del infierno de Auschwitz no pudieran ya dar su testimonio –y eso es precisamente lo que esperan algunos círculos-, en poco tiempo, Auschwitz no sería mucho más que una leyenda. De no ser por este juicio, en el que se escuchó la verdad de boca de los supervivientes, los que se niegan a saber habrían seguido intentando minimizar lo ocurrido. Además del castigo de los culpables, el hecho de que esto ya no sea posible es el perdurable legado que dejará este proceso" – Fiscal auxiliar Henry Ormond.
Desde comienzos de la década de 1920 el Partido Nazi alemán discriminó a los judíos y a otras minorías, partiendo del darwinismo social y de una doctrina basada en la superioridad de la raza aria. Los nazis detuvieron a miles de personas y las enviaron a centros de internamiento o campos de concentración o exterminio en los que eran retenidas, obligadas a trabajar, torturadas y asesinadas. Los asesinatos masivos perpetrados principalmente durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) llevaron a la muerte a seis millones de judíos y a un total de más de 11 millones de personas.
Entre 1963 y 1965 tuvieron lugar en Fráncfort los Juicios de Auschwitz, que juzgaron a los altos mandos de ese campo, el mayor campo de exterminio, acusándoles de cometer crímenes durante la contienda. Comparecieron unos 360 testigos, entre ellos unos 210 sobrevivientes. Fueron juzgados 22 oficiales de las SS, kapos y otros trabajadores de Auschwitz. Seis cargos del campo fueron condenados a cadena perpetua y muchos otros a largas penas de cárcel. Era la primera vez que responsables del exterminio nazi de judíos y otras minorías comparecían ante tribunales alemanes.
Estos procesos, al ser los más nutridos y exhaustivos de la posguerra, fueron importantes porque consiguieron que la opinión pública prestara atención a los crímenes cometidos por las SS y también a miles de testimonios de supervivientes que describían las torturas, el hambre y las atrocidades sufridas durante ese funesto periodo de la historia alemana.
La atención que los Juicios de Auschwitz lograron aportar a los crímenes cometidos en el holocausto abrieron el camino a otros juicios por atrocidades similares. En el juicio de Belzec, entro 1963 y 1965, se juzgó a ocho exoficiales de las SS del campo de concentración de Belzec. En el juicio de Treblinka, entre 1964 y 1965, se acusó a once exagentes de las SS por crímenes de guerra cometidos en Treblinka. Y el juicio de Sobibór, que tuvo lugar en Hagen, Alemania, en 1965 contra 12 exsoldados de las SS que habían sido empleados en el campo de exterminio de Sobibór. Estos juicios cumplieron con el doble propósito de exponer la verdad y concientizar a la opinión pública sobre el alcance real de los crímenes cometidos por los miembros del partido nazi durante la guerra, además de llevar a los autores de los crímenes ante la justicia.
Argentina
"Es un día histórico. Hoy se ha hecho justicia legal, jamás justicia por mano propia como hicieron los represores" – Tati Almeida, destacada defensora de los derechos humanos, según la cita de Debora Rey.
Entre 1976 y 1983 una serie de juntas militares rigió los destinos de Argentina, usando campañas de terror contra la población. Jorge Rafael Videla dirigió el golpe militar que se hizo con el poder en 1976 y siguió siendo presidente del país hasta 1981. Durante esos años el régimen persiguió sistemáticamente a adversarios políticos y defensores de la democracia, lo cual produjo la desaparición de más de 30.000 personas. Los civiles eran secuestrados y encerrados en centros de detención secretos, donde eran torturados, violados y con frecuencia asesinados. Muchos bebés fueron secuestrados y adoptados ilegalmente por familias afectas al régimen.
En 1985 se produjo un proceso trascendental: nueve oficiales de la cúpula militar fueron juzgados en el llamado “Juicio a las Juntas”. Solo un año después, en 1986, los condenados quedaron libres tras la aprobación por el Congreso de la Nación Argentina de la llamada ley de “Punto final”. Sin embargo, en 2005 la Corte Suprema revocó esta ley por considerarla inconstitucional y el Gobierno promovió la reactivación de los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
En 2010 la Corte Suprema de Justicia argentina condenó a Videla por violaciones de los derechos humanos, entre ellas por los delitos de tortura y asesinato, condenándole a cadena perpetua. Murió en la cárcel en 2013. Videla fue uno de los primeros dictadores latinoamericanos condenado por crímenes contra la humanidad.
Hasta la fecha, 540 personas han sido condenadas por crímenes cometidos durante la “Guerra sucia” y todavía hay multitud de procesos en marcha. Muchos reconocen que esa iniciativa constituye uno de los más importantes ejemplos de hacer justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en dictaduras y que con estos juicios Argentina ha dejado patente su compromiso con la justicia.
Bosnia-Herzegovina
"Después del testimonio mi espíritu se quedó satisfecho de haber podido hacer algo por esas víctimas inocentes. Agradecí la oportunidad de contar mi historia, de desahogarme. De hecho, lamenté haber pedido protección, no haber declarado en público" – Un testigo del caso Koricanske Stijene, instruido en la Sala de Crímenes de Guerra.
En pleno proceso de disolución de la antigua Yugoslavia, más de 100.000 personas murieron durante el conflicto de Bosnia-Herzegovina. Mientras fuerzas de los Gobiernos serbio, croata y bosnio luchaban por controlar el territorio, se cometieron numerosas atrocidades, entre ellas asesinatos de civiles y violaciones de carácter masivo, además de torturas en campos de concentración y un genocidio en Srebrenica, donde las unidades serbo-bosnias masacraron a más de 8.000 hombres y muchachos bosnio-musulmanes en julio de 1995. Más de un millón de personas fueron desplazadas.
Mientras la guerra seguía haciendo estragos, en mayo de 1993 el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY) para juzgar a los principales responsables de los crímenes cometidos en Bosnia-Herzegovina y en otras zonas de la antigua Yugoslavia. Aunque el TPIY acusó a 161 criminales de alto rango, entre ellos presidentes, ministros y oficiales, su mandato era limitado y quedó claro que serían los tribunales de Bosnia-Herzegovina los que tendrían que juzgar gran parte de los crímenes cometidos en el país.
En 2005 se creó una sala especial en el Tribunal Estatal de Bosnia-Herzegovina y también una unidad especial de la Fiscalía para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Al principio, las investigaciones y juicios contaron con la colaboración de jueces y fiscales extranjeros, pero con el tiempo estos fueron sustituidos por juristas nacionales. Hasta la fecha, la Sala de Crímenes de Guerra ha juzgado más de 200 casos, entre ellos algunos procedentes del TPIY y complejos casos de genocidio con múltiples acusados. Todavía están en marcha investigaciones relativas a unos 1.000 responsables de abusos.
Aunque el tribunal no ha dejado de sufrir presiones políticas, esta se considera una de las iniciativas nacionales que más ha avanzado en el enjuiciamiento de crímenes graves.
Sierra Leona
"Mi vida no volverá a ser igual, pero en el fondo estoy contenta de que un hombre tan poderoso como Taylor haya tenido que responder de lo que los rebeldes me hicieron" – Declaración de una mujer de Sierra Leona después del veredicto, citada por Alpha Sesay, OSJI.
Entre 1991 y 2002 decenas de miles de sierraleoneses perdieron la vida en un sangriento enfrentamiento civil. El levantamiento antigubernamental del Frente Revolucionario Unido (FRU) tuvo consecuencias espantosas para los civiles, que sufrieron violaciones, mutilaciones, torturas y desplazamientos masivos. El FRU contó con el apoyo de fuerzas rebeldes liberianas, dirigidas por Charles Taylor. En 1997 Taylor accedió a la presidencia de Liberia, después de otra prolongada y cruel guerra civil en el país vecino.
En 2000 Sierra Leona y las Naciones Unidas crearon un tribunal especial para enjuiciar a los principales responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Este Tribunal Especial para Sierra Leona (SCSL por sus siglas en inglés), que se convirtió en la primera instancia penal internacional “híbrida” del mundo, juzgó a diez responsables del FRU en 2003 y condenó a nueve. Sin embargo, una de las principales victorias del SCSL llegó después de que su fiscal principal acusara en 2003 a Charles Taylor cuando todavía era presidente de Liberia.
El SCSL le acusó de cometer 11 crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones del derecho humanitario internacional. En 2012 Taylor fue considerado culpable de todas esas acusaciones. Fue el primer jefe de Estado condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por un tribunal internacional o híbrido.
El SCSL, el primer tribunal de ese tipo en terminar su mandato, ha cerrado ya sus puertas. Además de su importante historial judicial y de la justicia que ha proporcionado a las víctimas y comunidades afectadas, el tribunal ha tenido un gran impacto en Sierra Leona en su proceso de recuperación tras el fin del conflicto: durante su existencia, el SCSL puso en marcha importantes proyectos de capacitación a través de su programa de formación profesional, ayudando a preparar y cualificar a decenas de investigadores, abogados y jueces sierraleoneses. Entre sus muchos logros, puede destacarse que el SCSL dio los primeros pasos para crear una pionera unidad de protección de testigos en Sierra Leona, una de las pocas existentes en África.
Perú
"Me alegro de que lo juzguen en el Perú, algo que no ha ocurrido en la mayoría de los países latinoamericanos, donde los dictadores siguen en libertad. Estoy orgullosa de que el Estado lo juzgue mientras está vivo" – Mónica Miranda, activista limeña.
En 1980 las acciones del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso dieron pie en el Perú a un conflicto armado que se prolongó durante dos décadas. En ese periodo, tanto la insurgencia como las fuerzas armadas estatales violaron de manera atroz los derechos humanos de la población civil. Entre 1980 y 2000 casi 70.000 personas fueron asesinadas y otras miles fueron torturadas y violadas. La violencia golpeó especialmente a las comunidades rurales e indígenas. Alberto Fujimori fue el presidente del Perú entre 1990 y 2000, durante este periodo de “guerra sucia”.
En 2007, un tribunal compuesto por tres jueces de la Corte Suprema peruana dio comienzo al primero de los tres juicios a que se sometió a Fujimori, acusado de seis delitos. Este se declaró inocente de todos ellos, pero en abril de 2009 un tribunal especial constituido en Lima para ocuparse de violaciones de derechos humanos le consideró culpable.
En noviembre de 2009 un tribunal nacional peruano dictó sentencia contra Fujimori por crímenes contra la humanidad, entre ellos homicidio calificado y secuestro agravado, lesiones graves y desaparición forzada de personas. Fujimori es el primer dirigente latinoamericano elegido democráticamente al que se condena en su propio país por violaciones de derechos humanos.
En 2006 el Perú condenó al en su día dirigente de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y a otros líderes de esa guerrilla, además de a su lugarteniente, Elena Iparraguirre, a cadena perpetua por actos de terrorismo y otros delitos. Los otros diez acusados también fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 24 y 35 años de cárcel.
Traducción de Jesús Cuéllar Menezo.
Lea más sobre el trabajo del ICTJ en justicia penal aquí.
FOTOS: Familiares de las víctimas asesinadas durante la guerra sucia en Argentina celebran el veredicto del juicio en contra del ex dictador Jorge Videla en Córdoba, Argentina, el miércoles 22 de Diciembre de 2010. (AP Photo/Natacha Pisarenko); El juez Walter Hotz, importante miembro de la comisión del juicio de Auschwitz en Fráncfort, caminando por el edificio de las oficinas principales durante una visita al campo de concentración de Auschwitz (AP Photo/P); El último dictador de Argentina, el ex Gen. Reinaldo Benito Bignone, llegando al tribunal para el veredicto final de su juicio junto con otros antiguos generales y dos personas más, acusados de secuestro y asesinato en uno de los centros de detención más grandes del país, la base militar Campo de Mayo a las afueras de Buenos Aires, martes 20 de Abril de 2010. (AP Photo/Rolando Andrade Stracuzzi); El exlíder local del Partido Democrático Serbio dirigido por Radovan Karadzic, el serbobosnio Miroslav Deronjic, escoltado por dos guardias de la ONU durante su aparición inicial ante el Tribunal de la ONU en La Haya, Paises Bajos, miércoles 10 de Julio de 2002. (AP Photo/Pool, Jasper Juinen); En Freetown, líderes locales de Sierra Leona llegan a ver la transmisión del juicio en contra del ex líder Charles Taylor de Liberia, que tuvo lugar en La Haya en el Tribunal Especial de Sierra Leona, el 26 de Abril de 2012. (ISSOUF SANOGO/AFP/GettyImages); El ex presidente del Perú, Alberto Fujimori (1990-2000), revisa su presión arterial antes de una audiencia en el juzgado en Lima, el 17 de octubre de 2013. (ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images).
