Nueva York, 10 de diciembre de 2014 – El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) celebra la publicación del informe final de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil luego de dos años y medio de trabajo para develar la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el país entre 1946 y 1988, haciendo énfasis en el periodo de la dictadura militar (1964-1985). El informe final supone una contribución histórica a la verdad y la justicia en un país donde los crímenes graves no se han afrontado durante décadas, y pide a las instituciones judiciales brasileñas que no tengan en cuenta la Ley de Amnistía y actúen en los casos de crímenes de lesa humanidad.
La comisión de la verdad ha sido capaz de confirmar la muerte y la desaparición forzada de 434 personas bajo el régimen militar: 191 personas fueron asesinadas, 210 desaparecidas y otras 33 han sido identificadas como desaparecidas cuyos cuerpos fueron hallados posteriormente. Sin embargo, la comisión asegura que estas cifras no reflejan el número total de víctimas y pide que se continúe trabajando en la recolección de datos, el establecimiento de los hechos y la identificación de las víctimas.
Además, la comisión ha documentado el uso sistemático de la tortura contra presos políticos y la brutal represión ejercida contra cualquier grupo social que el régimen militar considerara una “amenaza” a su estructura o ideología, como los sindicatos, los estudiantes universitarios, movimientos campesinos, o comunidades LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales).
“La comisión ha cumplido con los derechos de las víctimas y los valores de Brasil al afirmar que a los autores de crímenes de lesa humanidad no se les puede ofrecer impunidad”, dijo David Tolbert, presidente del ICTJ. “Como la comisión deja patente, la Ley de Amnistía de 1979, que en un principio pretendía facilitar la liberación de presos y disidentes políticos, no puede ser usada como refugio para crímenes graves. Confiamos en que las autoridades brasileñas actuarán de acuerdo a las recomendaciones de la comisión y pondrán fin a la situación de impunidad que hay ahora en el país”.
En sus recomendaciones, la comisión pide a las instituciones judiciales brasileñas que establezcan las responsabilidades penales (criminales, civiles y administrativas) de aquellos que estuvieron involucrados en abusos graves y sistemáticos, y que no apliquen la Ley de Amnistía de 1979 para este tipo de casos. La comisión expone que amnistiar a los agentes del Estado que hayan cometido detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas o ocultación de cadáveres es incompatible tanto con el derecho brasileño como internacional.
Otras recomendaciones de la comisión incluyen reformas legales e institucionales, sobre todo de las Fuerzas Armadas, así como medidas de reparación. El informe pide específicamente que las Fuerzas Armadas reconozcan su responsabilidad institucional por las violaciones de derechos humanos cometidas y subraya que la postura institucional de “no negar” los hechos es insuficiente.
“Con este informe Brasil demuestra su disposición a defender el derecho de las víctimas a saber la verdad y su respeto por las demandas sociales de un proceso auténtico de memoria histórica, aunque sea décadas después de la dictadura”, dijo Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ. González ha ofrecido asistencia técnica y consejo a la comisión desde su creación.
Es importante señalar que, según la comisión, ésta ha sido capaz de establecer la verdad sobre crímenes sistémicos a pesar de la falta de colaboración, o incluso el impedimento, de las Fuerzas Armadas brasileñas. “Ni el paso del tiempo y ni la persistencia del silencio han intimidado a los sobrevivientes. Este informe es un homenaje a su insistencia y a su lealtad hacia la memoria de sus seres queridos”, añadió González.
La comisión no considera que el informe final hoy presentado sea un capítulo de cierre, sino un primer paso en el camino que Brasil emprende hacia el esclarecimiento de su pasado y la prevención de la repetición de los crímenes. Para ello, la comisión recomienda que se cree un órgano administrativo, en coordinación con otras instituciones que existen en la actualidad, para continuar recopilando información e investigando casos, como las masacres de trabajadores y el apoyo que ofrecieron las empresas. Este órgano administrativo también haría seguimiento de la implementación de las recomendaciones de la comisión y las reparaciones colectivas, como la identificación y devolución de restos de las víctimas a sus familiares y la aplicación de políticas que lleven a la divulgación de los archivos militares.
Contacto
Eduardo González Director del programa de Verdad y Memoria Correo: egonzalez@ictj.org Tel.: +1 917 637 3812
FOTO: La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recibe el informe del presidente de la Comisión Nacional de la Verdad, Pedro Dallari, durante la ceremonia de presentación del informe final de la comisión, en el Palacio Presidencial Planalto, en Brasilia, Brasil. Miércoles 10 de diciembre de 2014. (AP Photo/Eraldo Peres)
