Por David Tolbert, presidente del ICTJ
Con la publicación, largamente pospuesta, del informe parcial del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre el Programa de Detención e Interrogación de la CIA, la verdad se ha hecho por fin pública. Los abusos que detalla son sencillamente escalofriantes. Documenta un periodo en el que la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. cayó en la ilegalidad. Demuestra que, al más alto nivel, cargos del Gobierno estadounidense cometieron delitos gravísimos y atroces, entre ellos la tortura sistemática, contrarios a la Convención contra la tortura de la ONU (suscrita por Estados Unidos) y a las leyes de nacionales.
El informe del Senado corrobora las conclusiones a las que llegó el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en una serie de informes que se remontan a 2008 y también de otros organismos de defensa de los derechos humanos: que la práctica sistemática de la tortura con los detenidos en cárceles extranjeras secretas la aprobaron y supervisaron las instancias de más alto rango del Gobierno estadounidense. Además, como la senadora Dianne Feinstein señala acertadamente en el Prefacio del informe, esas prácticas “vulneraban [directamente] las leyes de EE UU, las obligaciones de los tratados y nuestros valores”.
Aunque ya hacía una década que conocíamos muchos de los pormenores de las ilegales prácticas de detención e interrogatorio de EE UU, el Informe sobre las torturas proclama sin asomo de duda que el Gobierno estadounidense cometió sistemáticamente torturas y otros actos criminales con una larga lista de personas, sin atenerse en modo alguno el debido proceso ni pretender siquiera aparentar respeto a la justicia.
El informe completo, de 6.700 páginas, aún no se ha hecho público, pero su profuso informe ejecutivo, enormemente recortado, describe no obstante un repulsivo panorama de prácticas criminales e inmorales que superan con mucho lo que la opinión pública ya conocía. También pone de manifiesto la mentirosa superficialidad que supone afirmar que la tortura obstaculizó de algún modo conspiraciones terroristas o que salvó vidas de estadounidenses. El informe, basado en más de 5.000 informaciones procedentes de la propia CIA, refuta de plano esa pretensión y, con pruebas incuestionables, hace que las retorcidas afirmaciones de la CIA se derrumben como un castillo de naipes. Además, demuestra fehacientemente que el programa de tortura de la CIA se perpetuó gracias a la desinformación de la opinión pública, del Congreso e incluso de la Casa Blanca.
Resulta escalofriante repasar algunos de los abusos. A los detenidos se les impedía dormir durante periodos de hasta una semana, recluyéndolos en espacios mínimos y sometiéndolos a maltratos físicos, torturas con insectos, simulacros de enterramiento y “posturas de tensión”. Con la aprobación del personal médico de la CIA, algunos fueron sometidos a innecesarias y horrendas sesiones de “alimentación rectal” o “hidratación rectal”, equivalentes a una violación. En una de las prisiones las temperaturas eran tan bajas que por lo menos un detenido murió congelado.
A algunos reclusos se les dijo que morirían en su encierro. Varios soportaron en repetidas ocasiones sesiones de waterboarding (simulacro de ahogamiento). Aunque parezca increíble, Khalid Shaikh Mohammed las sufrió en más de 183 ocasiones, hasta que se constató que el método era inútil.
Ahora sabemos que por lo menos 119 hombres estuvieron retenidos por la CIA. Según la propia Agencia, 26 de ellos fueron detenidos por error. Legalmente, esas víctimas de tortura tienen derecho a una reparación. Sobre todo aquellos contra los que, a pesar de una prolongada detención, nunca se presentaron cargos.
Ahora que el comité del Senado ha tomado medidas para revelar la verdad sobre esas brutales prácticas, Estados Unidos debe rendir cuentas con los responsables y afrontar sus obligaciones para con las víctimas de esas formas de detención. Como muestra el informe del Senado, las torturas de Abu Ghraib que salieron a la luz en 2003 gracias a horribles pruebas fotográficas, no fueron actos de aislados delincuentes estadounidenses ni de “unas pocas manzanas podridas”, sino que formaban parte de una práctica sistemática de la tortura, avalada por los más altos cargos gubernamentales.
Todas las demandas de reparación e indemnización se han topado con diversos obstáculos procedimentales y legales. Esta misma semana seis hombres retenidos en Guantánamo durante 12 años han sido trasladados a Uruguay para su reasentamiento en calidad de refugiados. Otros 67 siguen en Guantánamo: su liberación está aprobada pero, al no haber países receptores, siguen retenidos. Esta situación vulnera las leyes de EE UU y sus obligaciones en materia de derecho internacional, incluyendo el Convenio contra la Tortura y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que exigen a sus firmantes, entre ellos Estados Unidos, dar reparación a las víctimas.
Según el Informe sobre las torturas, ya en 2001 los abogados de la CIA estaban desarrollando justificaciones legales “para evitar el procesamiento de agentes de EE.UU. que torturaran para obtener información”. El Gobierno de EE.UU. tiene la obligación legal de pedir cuentas de sus delitos a quienes cometieron esas terribles violaciones de los derechos humanos. Hasta el momento, ningún cargo importante ha comparecido ante la justicia por autorizar un recurso a la tortura que vulnera leyes nacionales e internacionales. Más bien, a los artífices y garantes del programa se les ha otorgado una tácita amnistía, concediéndoles, en muchos casos, trabajos bien pagados y de prestigio.
Muchos otros países, sobre todo latinoamericanos, han enfrentado abiertamente la comisión de torturas y otros delitos graves por sus Gobiernos, consolidando, no sacrificando, el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. Al principio, esos países se enfrentaron a argumentos contra la rendición de cuentas similares a los que ahora se esgrimen en Estados Unidos: que los hechos ya se conocían, que las acciones estaban justificadas, que investigar los abusos suscitaría división política y que lo prioritario es pasar página.
El informe del Senado, aun estando muy recortado, es un primer paso hacia la revelación de horribles abusos, pero ya hace mucho tiempo que la opinión pública debería conocer toda la verdad. Citando al anterior secretario de Defensa Donald Rumsfeld, quizá el principal artífice de los “métodos mejorados de interrogación”, podemos decir que ahora hay algunos “conocimientos conocidos” sobre las torturas de EE.UU., pero que aún debemos saber más.
Por pura y simple justicia –cuando no por las leyes internacionales y nacionales– es preciso que los principales responsables rindan cuentas de esos delitos y que el Gobierno reconozca los abusos e indemnice a las víctimas. Otras sociedades del mundo han seguido esa senda, no solo porque tienen la obligación legal de hacerlo, sino porque querían demostrar que estaban dispuestas a atenerse al Estado de derecho y porque, como dijo el Dr. Martin Luther King, “una injusticia cometida en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes”.
¿Cómo puede ser que Estados Unidos, que tanto se enorgullece de su tradición de respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, haga como que no ve la profunda mácula que esto arroja sobre su expediente, sin ser consciente de lo hipócrita que resulta su actitud? ¿Cómo puede atreverse siquiera a denunciar abusos cometidos en otros lugares sin ver “la viga en su propio ojo”? ¿Cómo puede recuperar su credibilidad moral?
El punto de partida es claro: reconocer la verdad, rendir cuentas con los principales responsables y reparar a las víctimas. Cualquier alternativa que no cumpla con estos mínimos se considerará una medida cosmética.
Este artículo se publicó previamente en The Huffington Post.
FOTO: una persona lee en voz alta, en una zona especial de ejecución de la cárcel de Abu Ghraib (que, situada a poco más de 30 kilómetros al oeste de Bagdad fue limpiada y renovada por los Batallones 94º y 130º de Ingenieros del Ejército de EE UU), un mensaje escrito el viernes 1 de agosto de 2003 por un prisionero a la espera de morir, que dice “Dios todopoderoso, quiero tu piedad, no la del tirano humano”. En esa prisión se habían producido torturas y la ejecución de miles de prisioneros políticos en tiempos de Sadam Husein. Según varias informaciones de prensa, en torno a la prisión o cerca de la misma hay fosas comunes. (AP Photo/Manish Swarup)
