La rendición de cuentas en lo que respecta a las actividades de vigilancia relacionadas con el COVID-19: enseñanzas adquiridas sobre el terreno

28/9/2021

Anna Myriam Rocatello y Mohamed Suma

La pandemia del COVID-19 forzó a muchos países a imponer medidas de emergencia tales como toques de queda y cierres locales para detener la aspersión del virus. Para reforzar estas medidas, algunas sociedades han aumentado el poder de las fuerzas policiales, mientras otros han recurrido a patrullas ciudadanas. Sin embargo, algunas prácticas de vigilancia se han vuelto más dañinas que el mismo virus, exponiendo las fragilidades de la gobernanza democrática y llamando la atención sobre las obligaciones estatales con el respeto a los derechos humanos.

Mientras que países alrededor del mundo desarrollan sus programas de vacunación y abren gradualmente sus economías y fronteras, el coronavirus continúa haciendo un daño inmenso en comunidades vulnerables. Estas comunidades también son víctimas directas del paro de la economía que destruyó formas de vida, incrementó la pobreza e hizo más evidentes las inequidades en muchos países.

Durante el comienzo de la pandemia, los países se volcaron hacia el cierre de fronteras y la imposición e estrictas medidas de emergencia tales como toques de queda, restricciones de viaje y cierres. Los estados enviaron fuerzas de seguridad para reforzar dichas medidas, decisión que terminó por causar violaciones masivas a los Derechos Humanos incluyendo tortura, asesinato e intimidación de ciudadanos que puedan parecer un obstáculo para el cumplimiento de las órdenes. Colombia, Kenia, El Líbano y Uganda, todos países donde el ICTJ trabaja, están entre esos cuyas agencias de seguridad excedieron el uso del poder durante estas medidas de emergencia usando medios brutales para mantener a las personas fuera de la calle.  A pesar de que la mayoría de estas violaciones fue cometida por fuerzas policiales constitucionales, un número creciente de paramilitares, vigilantes ciudadanos y otras fuerzas no estatales también han cometido violaciones a los derechos humanos en el marco de las medidas de emergencia por la pandemia.

A pesar de esto, la pandemia del COVID-19 ha resaltado la obligación de los estados de proteger los derechos inherentes a la vida y la salud, además teniendo en cuenta que las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos permiten la suspensión temporal de algunos derechos para invocar poderes especiales que, en situaciones especiales, se considerarían una infracción de las libertades civiles.  Para proteger el bien colectivo, se justifica la suspensión de estos derechos individuales. 

Este informe analiza las tendencias emergentes en la vigilancia policial tradicional y la vigilancia ciudadana durante la pandemia en Colombia, Kenia, El Líbano y Uganda. También, describe cómo grupos armados no estatales han ejercido control en comunidades sin presencia gubernamental, reforzando toques de queda y otras medidas sin considerar los principios de proporcionalidad y no discriminación. En todos los contextos, desde el inicio de la pandemia, tanto las fuerzas policiales como las paramilitares ha aumentado  y abusado ampliamente de su poder. Como resultado de esto, algunas prácticas policiacas se han vuelto más dañinas que el mismo virus, exponiendo las fragilidades profundas de la gobernanza democrática. 

Fecha de publicación: 
28/9/2021